Entre gritos de "¡devuelve el dinero!" recibieron hace unos meses varios vecinos de Barcelona a Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, pocos días después de que éste confesase que durante 34 años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero. Y es que, en unos tiempos en los que la corrupción se ha aupado al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas, la ciudadanía está cada vez más pendiente de si los corruptos reingresan a las arcas públicas las sumas ganadas ilícitamente.
En los últimos meses, la Justicia ha enviado a prisión a los implicados en varios de los grandes casos de corrupción ocurridos hace algunos años. Casos como la operación Malaya, el caso Pallerols o el caso Fabra operación Malayacaso Pallerolscaso Fabrase han saldado con penas de cárcel para personajes tan relevantes como Juan Antonio Roca, exasesor del Ayuntamiento de Marbella y verdadero cerebro de una trama que también se ha llevado por delante a figuras conocidas como Isabel Pantoja, o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, que hace unos días ingresó en prisión tras ser rechazada su petición de indulto. Pero los condenados, ¿devuelven las cantidades robadas a las arcas públicas?
Normalmente, la Administración sí que recupera una parte del dinero. El juicio por la operación Malaya, por ejemplo, se cerró en octubre del año pasado con los principales acusados condenados a penas de cárcel, si bien el fallo fue polémico porque los jueces impusieron sanciones bastante menores a las que solicitaba la Fiscalía. En cualquier caso, las cifras fueron millonarias: Roca, el principal encausado, fue castigado con una multa de 240 millones de euros por sendos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, mientras la exalcaldesa Marisol Yagüe fue condenada a seis años y nueve meses de prisión y a pagar una multa de 2,3 millones de euros.
Roca ha terminado de pagar por una de sus penas
Hasta ahora, de la fortuna valorada en más de 90 millones de euros que amasó el cerebro del caso Malaya sólo se ha recuperado una parte, a la espera de que la sentencia sea firme –ahora mismo se encuentra en el Tribunal Supremo tras el recurso de varios de los condenados–. Se han vendido desde colecciones de coches hasta fincas: la operación más lucrativa para las arcas públicas fue la cesión por parte de Roca de ocho propiedades valoradas en 30 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil de una de las causas complementarias de Malaya, el caso Saqueo I, una responsabilidad que Roca terminó de satisfacer hace apenas un mes con la venta de un palacete en Madrid por 5,8 millones de euros.
Otra de las acusadas más mediáticas de este proceso, Isabel Pantoja, también ingresó recientemente en prisión tras haber sido condenada a dos años por blanqueo de capitales. Pantoja también tendrá que sufragar una multa que asciende a 1.147.148 euros, de los cuáles aún tiene pendiente de pago un millón. La cantante llegó el mes pasado a un acuerdo con la Audiencia Provincial de Málaga para fraccionar el resto de la multa y abonarla en cuotas trimestrales de 200.000 euros, si bien parte de sus inmuebles, con un valor de 3,68 millones de euros, están también embargados por la Justicia. Algo similar le ocurre a Yagüe, que a pesar de que aún no ha tenido que comenzar a pagar su multa –lo hará, en su caso, cuando la sentencia sea firme, es decir, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie– ha sido imputada recientemente por vender uno de los pisos que le habían sido decomisados cautelarmente.
Quien también parece querer saldar sus cuentas con la Justicia es Carlos Fabra, que el pasado día 1 de diciembre ingresó en la cárcel de Aranjuez tras haber sido condenado a cuatro años tras un proceso, el caso Naranjax, que se dilató durante once años y en el que quedó demostrado que el expresidente de la Diputación de Castellón cometió cuatro delitos contra la Hacienda pública entre 1999 y 2003. Fabra fue igualmente castigado con una multa de 693.000 euros, y también deberá pagar una cantidad idéntica a Hacienda en concepto de indemnización. A pesar de que al ser condenado –en noviembre de 2013– el exdirigente del PP aseguró no tener fondos para hacer frente a estas cantidades, el pasado septiembre se conoció que había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pagar la multa de forma progresiva, una solicitud por la cual la Justicia está analizando sus bienes para tasarlos.
Unió ya ha pagado, de Matas no hay constancia
El expresidente balear Jaume Matas, por su parte, está imputado en más de 19 causas y condenado en otras dos: por cohecho, al haber firmado su mujer un contrato laboral ficticio con un empresario hotelero, y por tráfico de influencias, a causa de las irregularidades en los contratos de su redactor de discursos, Antonio Alemany. Matas cumple actualmente una pena de nueve meses de prisión por el segundo de los delitos, y además está condenado a pagar algo más de 51.000 euros por la pena de cohecho: los 42.211 que cobró su esposa por el contrato ficticio y además una multa de 9.000. Aún no existe constancia de que el exdirigente haya hecho frente al pago de estas cantidades.
Por contra, sí han sufragado sus responsabilidades con la Justicia los condenados por el llamado caso Pallerols, un proceso en el que Unió Democràtica de Catalunya reconoció que se había financiado irregularmente en los años 90 a través de la adjudicación de subvenciones para cursos de formación a las academias del empresario Fidel Pallerols, quien posteriormente tenía que entregar parte de ellas al partido democristiano. Unió, para evitar el juicio, admitió los hechos y aceptó devolver los 388.000 euros defraudados; asimismo, se hizo cargo de parte de la multa –de alrededor de 260.000 euros– a la que tuvieron que hacer frente los condenados: el propio Pallerols, el ex director general de Empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà y el dirigente de Unió Vicenç Gavaldà. Ninguno de los tres tuvo que entrar en prisión.
El dinero sólo se recupera parcialmente
"La regla general es que no se encuentra todo el dinero". Quien lo afirma es Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, exfiscal Anticorrupción y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Con él se muestra de acuerdo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que a este respecto explica que los delincuentes de cuello blanco utilizan ciertas técnicas para evitar que los magistrados detecten su patrimonio y lo decomisen. Y Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señala por su parte que "nunca podremos estar seguros de recuperar el 100%", si bien se muestra más optimista que sus colegas e insiste en que no cree "fundada" la sensación ciudadana de que los corruptos no hacen frente a sus responsabilidades.
En este sentido, Bosch explica que existen tres figuras con los que las Administraciones pueden recuperar bienes defraudados: el decomiso, que se aplica durante el proceso y sirve para hacer frente a las fianzas del imputado y también para requisar los bienes involucrados en la comisión del posible delito –"si unos narcos utilizan un helicóptero, por ejemplo, se les decomisa automáticamente", ejemplifica–; la responsabilidad civil, que se aplica tras la condena y que supone el pago de la cantidad defraudada; y la multa, que constituye una sanción extra.
Pero en ocasiones los instructores no son capaces de encontrar todo el dinero o no consiguen que se reingrese a las arcas públicas. El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que a la hora de realizar un decomiso "en ocasiones no queda claro si unos bienes se han financiado con una actividad lícita o ilícita y no es posible embargarlos", mientras que otras veces los corruptos utilizan testaferros para que las propiedades que han conseguido de manera irregular no estén a su nombre.
"Cuando yo era fiscal Anticorrupción vi casos en los que se escondía el dinero en casa, y los tipos tenían en su casa montones de dinero en cajas o libros. Ahí te expones a un registro y a que lo encuentren fácilmente", abunda en este sentido Viada. "Pero si no lo tienes en tu propia casa, sino en la de tus familiares, o en una casa de campo, ya no es tan fácil", contrapone el portavoz de APIF, que señala que en los casos más sofisticados de corrupción se envía el dinero a paraísos fiscales o países, como Suiza, muy opacos. "En esos casos sigue siendo dificilísimo [investigar], porque tienen unos protocolos a la hora de entregar información que retrasan mucho el asunto".
La obligación de pagar continúa tras el paso por prisión
Viada, además, señala que las Administraciones no suelen reingresar todo el dinero que pierden en los casos de corrupción, ya que además del propio corrupto otras personas también se lucran. "Los corruptos perjudican a las arcas públicas, pero no se llevan todo el beneficio", explica el fiscal, que, afirma que "si uno firma, por ejemplo, un contrato fraudulento para realizar una obra pública que produce un perjuicio al Estado, no es correlativo el perjuicio con el dinero que recoge el corrupto, porque este contrato también produce beneficios a otros".
No obstante, el experto se muestra reacio a pensar que a este tipo de delincuentes pueda llegar a resultarles rentable pasar un tiempo en prisión si mantienen una parte del dinero oculto. "La deuda subsiste incluso después de pasar por prisión, así que cualquier gasto, ostentación o elevacion del nivel de vida puede provocar que Hacienda te confisque todo lo que tengas", explica Viada. Bosch se muestra parcialmente de acuerdo con él, ya que señala que, si bien "a algunos corruptos una temporada en la cárcel sí les puede ser rentable" porque después se las ingenian para aprovechar parte del dinero oculto, en la mayoría de los casos esto no es así.
"Poniendo el ejemplo de Fabra: si no paga lo que tiene que pagar, sale de la cárcel dentro de tres años y le toca la lotería, ese dinero se le embargaría", afirma el portavoz de Jueces para la Democracia, que hace hincapié en que "si volviera igualmente a hacerse con un dinero que hubiera puesto en manos de testaferros, pues también se le embargaría". "El problema en este tipo de casos es que no se pueda demostrar" que esos titulares son hombres de paja y no los propietarios reales, asevera Bosch, que no obstante relata que "si se demuestra que existe fraude de ley, se puede desmontar esta transmisión". "Hay que seguir la pista al patrimonio, pero si uno recibe cientos de miles de euros en negro... eso no deja rastro", remacha el juez.
Los expertos proponen medidas
Por ello, los expertos plantean varias medidas para evitar estas técnicas y aumentar la cantidad de dinero que se recupera de estos casos. No son los únicos: jueces, oposición e incluso el Gobierno también han planteado iniciativas en este sentido. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya anunció hace unos días que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal traería aparejadas algunas medidas para luchar contra la corrupción y avanzar en la recuperación de los activos, como el llamado "decomiso autónomo", un mecanismo que capacitará a los jueces para confiscar a los procesados sus bienes a pesar de que a estos no se les pueda juzgar por estar ausentes o incapacitados.
Catalá anunció también la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano especial encargado únicamente perseguir el rastro del dinero defraudado. Los expertos consultados por este diario aplauden que se establezca esta oficina, pero con matices. Bosch, por ejemplo, afirma que es la falta de medios la que realmente ahoga las investigaciones sobre corrupción, y es claro al expresar que, a su juicio, "sin voluntad inversora no va a ser posible luchar" contra esta lacra. Alvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, está de acuerdo: "La idea es buena, pero si uno quiere que algo sea eficaz no le queda más remedio que gastarse el dinero". Sexmero, por su parte, se muestra cauto: "Una cosa es crear el organismo, y otra saber qué medios tiene y saber cómo se va a engarzar" con el funcionamiento de los tribunales, asegura.
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El que apoya de manera más taxativa esta Oficina es Viada, que cree que el Gobierno la proveerá de los medios suficientes "porque produciría mucho más capital al recuperar mucho dinero oculto que lo que costaría montarla, así que es buena para el Estado" y le interesa. Pero el fiscal no se queda ahí: para él, además de perseguir el dinero robado, habría que hacer que los partidos "vigilaran un poco más" a sus dirigentes para evitar que cometieran actos de corrupción. "Si se ampliara la responsabilidad civil a los partidos, si se les declara responsables civiles por culpa in vigilando [su falta de supervisión] o in eligendo [su responsabilidad en la elección del corrupto] vigilarían un poco más", asegura el portavoz de APIF.
José María Mollinedo, por su parte, aboga por "vincular la concesión de beneficios penitenciarios a la devolución del dinero", si bien señala que la implantación de esta medida debería venir precedida de un "debate" para circunscribir bien a los delitos a los que afecta y evitar que "personas que hubieran perdido su patrimonio no tuvieran derecho a la redención de penas". El inspector de Hacienda explica que ya existe un mecanismo similar a la hora de enjuiciar los delitos fiscales, donde "cuando se paga una multa que se acuerda con el fiscal se rebajan las penas uno o dos grados".
"En este tipo de casos encontrar las pruebas es muy complicado", remacha Álvaro García. "El derecho penal es de hechos, no de sensaciones, y a veces sólo encuentras el detalle en el que estas personas han incumplido la ley, aunque tengas la sensación de que son autores de una corrupción generalizada", lamenta el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante ve una mejora en los últimos tiempos con respecto al pasado. "Yo creo que ahora mismo esa sensanción de impunidad no existe", señala en este sentido, si bien concede que "en el pasado, cuando se consiguieron sentencias condenatorias en casos de corrupción el esfuerzo era titánico".
Entre gritos de "¡devuelve el dinero!" recibieron hace unos meses varios vecinos de Barcelona a Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, pocos días después de que éste confesase que durante 34 años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero. Y es que, en unos tiempos en los que la corrupción se ha aupado al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas, la ciudadanía está cada vez más pendiente de si los corruptos reingresan a las arcas públicas las sumas ganadas ilícitamente.