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El Gobierno ha abierto este lunes a participación pública los planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) para las cuencas españolas. Se trata de la norma maestra mediante la cual se regulará un asunto que no suele ocupar muchas portadas, pero que es clave para nuestro futuro: el agua. Los recursos hídricos, posiblemente los más preciados, se encuentran bajo amenaza por la sobreexplotación en determinadas zonas y por el avance del cambio climático, que deja cada vez menos precipitaciones mientras aumenta la evapotranspiración y las inundaciones catastróficas. Las masas de agua (ríos, lagos, acuíferos) se encuentran en un mal estado de conservación y los anteriores planes, según reconoce el Ejecutivo, no han servido para mejorar su estado. Ante esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido mantener un equilibrio entre las demandas de los regantes, que piden más y mejor acceso al agua, y los ecologistas, que piden dejar de consumir más de la que tenemos y de la que vamos a tener. Por ahora, sin contentar a ninguno de los bandos.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejó claro cuáles son las prioridades de su gabinete a la hora de abordar estos planes hidrológicos: respetar, por primera vez en la historia de la gestión del agua española, los ecosistemas y los entornos naturales, en vez de considerarlos como pozos de fondo infinito. Han utilizado "información robusta" y "el mejor conocimiento" para abordar "un proceso de cambio importante en cómo entendemos el agua en este país". "Debemos responder a los grandes desafíos que ponen de manifiesto los análisis de cambio climático", que muestran que nos enfrentamos a un aumento de los "efectos nocivos" en los ecosistemas, en nuestra economía y nuestra vida. Para ello, hay que "corregir prácticas que nos han llevado a la sobreexplotación", cumplir con los caudales ecológicos por primera vez desde la creación de la Directiva Marco de Agua y ejecutar un "esfuerzo inversor sin precedentes" para restaurar los espacios degradados.
El motivo de disenso es el cómo. Los planes hidrológicos se adaptan a la realidad de cada cuenca, por lo que es difícil resumir su contenido. Pero, como líneas generales, el Gobierno plantea hasta 11.000 millones en seis años, entre lo que aportará la Administración General del Estado, los fondos europeos de recuperación y "otros agentes", para actuaciones ambientales destinadas a restaurar los cauces de los ríos, recuperar unos acuíferos ensuciados y bajo mínimos, atajar la contaminación, salvar los espacios especialmente emblemáticos y en peligro, como el Delta del Ebro, el Mar Menor o Doñana y, en definitiva, corregir décadas de inacción. El segundo ciclo de planes hidrológicos (2015-2021), que ya entra en su recta final, no ha servido para que las masas de agua españolas estén menos explotadas y menos contaminadas, según reconoció durante la presentación de este lunes el Director General del Agua, Teodoro Estrela.
"Asimismo, los planes tienen el objetivo de reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización y atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado, lo que permitirá asegurar la calidad y cantidad del recurso", asegura Transición Ecológica. Es decir: no solo hay que arreglar el daño, sino evitar las causas que lo producen. Cuando el Gobierno habla de "demandas de agua" habla, principalmente, del regadío intensivo que se ha impuesto sobre todo en el Levante español. Sin embargo, los ecologistas son muy críticos con las medidas que plantean los documentos para evitar que los regantes utilicen más agua de la que hay.
El Ejecutivo plantea una reducción del consumo de agua de un 5% de aquí a 2030 para casar la oferta, el agua que vamos a tener disponible, y la demanda del recurso. Pero como ese porcentaje no es suficiente teniendo en cuenta la explotación ya existente y la acción del cambio climático, la solución pasa por nuevas infraestructuras, como trasvases, embalses y desaladoras. Estas últimas son, de hecho, las protagonistas en el plan hidrológico del Segura, una de las cuencas más afectadas por las consecuencias del regadío intensivo. Solo en un escenario de construcción masiva de nuevas desaladoras se lograría atender todas las necesidades hídricas de los regantes, al mismo tiempo que se respetan los acuíferos y los caudales ecológicos (el mínimo de agua que necesita un río para sobrevivir) tanto del Tajo como del propio Segura. Así lo reconoce el Documento de Temas Importantes, el informe elaborado por cada confederación y que sirve de base para cada plan.
En el borrador del plan hidrológico, que ya se puede consultar aquí, incluyen más recursos y medidas para evitar las extracciones ilegales de agua, muy comunes en la zona, y un endurecimiento de los requisitos para nuevos regadíos. Pero no hay ni rastro de la medida que llevan pidiendo años los ecologistas: una reducción, paulatina y vigilante para con los más vulnerables, de las hectáreas de cultivos, o su transformación a cultivos de secano más acordes a la realidad hidrológica del país. Erika González, de Ecologistas en Acción, lo volvió a poner sobre la mesa este lunes en la presentación de los planes celebrada por Transición Ecológica.
"No creemos que se estén priorizando los objetivos ambientales", aseguró la activista. "Hay que frenar el crecimiento de hectáreas de regadío. Hemos visto nuevos regadíos, tanto en el Ebro como en el Guadiana: más de cuatro millones de hectáreas que ya tienen esquilmadas buena parte de las aguas superficiales y subterráneas. "Va a ir a peor". Llamó a evitar que "en la siguiente sequía se lleguen a producir colapsos hídricos en buena parte de los ecosistemas".
Ecologistas en Acción no cree que con la modernización de los regadíos, la reducción prometida de un 5% para 2030 y el uso masivo de desaladoras se consiga atajar el problema. Ahora mismo no estamos en sequía, asegura González en conversación con infoLibre: pero cuando llegue la próxima, lo vamos a pasar muy mal si se sigue con el modus operandi actual. La activista planea una transición hídrica que elimine o transforme el 25% de las hectáreas de regadío del país. Una propuesta que, en la mesa redonda celebrada este lunes, fue contestada por el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo.
La administración reconoce que carece de medios para atajar el robo masivo de agua
"Planteas una cosa: reducir superficies de regadío. Le estás diciendo a un colectivo en España que el 25% de su actividad tiene que desaparecer. ¿Cómo reaccionaría un colectivo si mandaras al paro al 25%? Tendrás que darle una alternativa a esos señores, que es su medio de vida". Del Campo presumió en el foro de que el regadío español es de los mejores del mundo por eficiencia y tecnificación. La solución, considera, es avanzar con la modernización: nuevos métodos de riego para obtener los mismos resultados con menos recurso. Un argumento que rechazan los ecologistas aludiendo a que está demostrado que más eficiencia resulta en más agua para producir más, y no para producir lo mismo, por lo que se agravará el problema. "Los efectos rebote son la excepción. Quieren que se siga regando como en la Edad Media", contratacó el portavoz de los regantes.
El informe España 2050 encargado por el Gobierno asegura que este efecto rebote es real, pero tampoco plantea una transición hídrica. Los ecologistas, en todo caso, no defienden llevar al 25% de los trabajadores del sector al paro: quieren un proceso ordenado y justo, tutelado por el Estado, en el que se ofrezca una alternativa a esos trabajadores del campo. Como sucede, o se intenta que suceda, en las comarcas mineras con el carbón. "Y no hay que olvidar que la huerta española hay situaciones de semiesclavitud. Y cada vez de manera más minoritaria y más residual, los pequeños agricultores necesitan ese apoyo. Todas esas variables tienen que entrar en esa planificación", defiende González.
La organización lleva años elaborando alegaciones a los planes hidrológicos y, a partir de este lunes, les toca ponerse de nuevo en marcha. Celebran que, por primera vez en la historia, los planes reconozcan, como "prioridad absoluta" y con una financiación acorde, "la conservación de espacios naturales". Pero no tienen muchas esperanzas en que su reivindicación sea recogida: una transformación absoluta y sistémica del modelo.
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