Nace la Plataforma Contra los Fondos Buitre y lo hace con una vocación clara: poner límites a la especulación y crear una ley estatal que impida operar a estos fondos "que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población". Así lo han anunciado este martes varios portavoces de la recién nacida plataforma, que está compuesta por organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, el Sindicato de Inquilinas o PAH Madrid.
Tras los conocidos como fondos buitre, señaló la plataforma, se esconden empresas financieras cuya principal labor consiste en especular con la deuda emitida por los países. "Cuando un país necesita financiación emite bonos que son comprados" por grandes entidades financieras, y que posteriormente pueden ser vendidos en el mercado secundario. "Cuando el país emisor entra en dificultades, los bonos pierden valor". Es precisamente en ese escenario donde hacen aparición los fondos buitre, "que los recuperan a muy bajo precio y luego reclaman a los estados el pago del 100% del valor de esos bonos, más intereses y penalizaciones".
Con el objetivo de dar a conocer este tipo de situaciones y ponerles freno, la Plataforma Contra los Fondos Buitre reivindicó una ley estatal inspirada en la ya desarrollada norma belga, que "impida además operar a estos fondos que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población". La norma estatal, explicaron los portavoces, deberá ser capaz de establecer criterios para identificar a los acreedores especuladores. La ley belga propone, entre dichas características, la existencia de una desproporción manifiesta entre el precio pagado y el importe reclamado, el abuso de la debilidad del Estado deudor para lograr ventajas anormales, la ubicación de su sede en un paraíso fiscal o el inicio de procedimientos judiciales excesivos por parte del acreedor a nivel mundial. "La importancia de la ley se ha puesto de manifiesto a través de las reacciones en su contra por parte de los especuladores", concretamente el fondo buitre NML Capital, que la ha impugnado en los juzgados.
La organización reclamó asimismo el desarrollo de una normativa similar de alcance internacional, empezando por la Unión Europea. Para este cometido es fundamental "la priorización del interés general frente al pago de las deudas ilegítimas" –con la "derogación del artículo 135 de la Constitución"– y la desaparición de los paraísos fiscales, en los que muchos de estos fondos se encuentran ubicados, evadiendo de esta forma el pago de impuestos.
Vivienda y sanidad
Mercedes Revuelta (PAH) y Vicente Losada (Audita Sanidad) recordaron los efectos de los fondos buitre en sectores sociales como la vivienda y la sanidad. "Los fondos están atacando a la vivienda" y lo hacen "comprando miles de viviendas" que hasta ahora pertenecían a los bancos, explicó Revuelta. Tras el rescate bancario "los bancos han estado deshaciéndose de sus hipotecas e inmuebles" y buena parte de ellas han pasado "a manos de la Sareb, el llamado banco malo". El problema es que, en lugar de "ser el gran parque de vivienda social", el banco malo se ha dedicado "a repartir en grandes paquetes los activos inmobiliarios entre fondos buitre". El resultado, denunció Revuelta, es que un fondo buitre puede poseer miles de viviendas en un barrio concreto y por tanto controlar esa zona, a través de "movimientos especulativos" que se encuentran reforzados gracias a la legislación vigente –la renovada Ley de la Vivienda, por ejemplo–.
"Más de tres millones de viviendas" se encuentran vacías y "más de medio millón de familias desahuciadas, con todos los problemas que acarrea", como consecuencia de la expulsión que han arbitrado los fondos buitre "a través del desalojo por usurpación" o mediante "la no renovación de contrato", lo que se conoce como "desahucio invisible".
La plataforma recién constituida señala algunos ejemplos en la Comunidad de Madrid. En el año 2013 la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone por 128,6 millones de euros y el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) hizo lo propio con 2.935 viviendas sociales al fondo buitre Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros.
Doce ejemplos de cómo los fondos buitre degradan la sanidad, la vivienda y la atención a la dependencia
Algo similar ocurre en el ámbito sanitario. Así lo explicó Vicente Losada, quien constató la "creciente presencia" de fondos de inversión en este terreno. Ocurre que las consejerías de sanidad "conceden un contrato de adjudicación para la construcción de un hospital a empresas constructoras concretas" que llevan la gestión no sanitaria del hospital. A continuación, dichas empresas "venden parte del accionariado a fondos buitre" con la consecuencia de una "precarización" del servicio, "la disminución de las plantillas", una "pérdida de calidad" y la derivación a "hospitales privados o semiprivados propiedad de los fondos buitre".
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Sacyr vendió en 2013 el 49% de su participación respecto al hospital de Henares (Coslada) al fondo LBEIP BV, cuyo único accionista es Lloyd's Bank European Infrastructure Partners LP. Situaciones similares se reproducen a lo largo de todo el país. En Galicia, el hospital Domínguez de Pontevedra fue vendido en 2016 al fondo de capital de riesgo CVC Capital Partners. "Tenía concertados servicios para atender a pacientes de la sanidad pública, por lo que su venta a un fondo buitre supone un riesgo para la asistencia de éstos", señaló la plataforma. Esta dinámica se está extendiendo a otras esferas como las residencias para personas mayores.
Este martes la plataforma, que está abierta a más adhesiones, será presentada ante el público en el madrileño Teatro del Barrio a las 19:00 horas.
Nace la Plataforma Contra los Fondos Buitre y lo hace con una vocación clara: poner límites a la especulación y crear una ley estatal que impida operar a estos fondos "que se enriquecen destrozando los derechos básicos de la población". Así lo han anunciado este martes varios portavoces de la recién nacida plataforma, que está compuesta por organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, el Sindicato de Inquilinas o PAH Madrid.