El Govern y los partidos proconsulta pactaron este viernes mantener la convocatoria del 9-N sin dar pistas de cómo prevén hacerlo, sorteando la suspensión del Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo catalán debe actuar pronto si quiere seguir adelante cumpliendo los plazos fijados en el decreto de convocatoria.
Tras la firma y publicación este viernes del decreto por el que se nombra la composición de la Comisión de Control de las consultas, lo más inmediato debe ser la creación de las siete comisiones territoriales de seguimiento: Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Alt Pirineu y Aran y Terres de l'Ebre. Estos órganos –equivalentes a una junta electoral central y sus delegaciones– tienen entre sus funciones la de coordinar la elaboración definitiva del censo definitivo de la votación, una tarea que, según el decreto, deberían haber empezado.
El texto establece que aquellos inmigrantes comunitarios y de terceros Estados que tengan derecho a participar en la consulta y quieran hacerlo deben registrarse ante sus respectivas comisiones territoriales de seguimiento entre el 1 y el 7 de octubre, por lo que quedan pocos días de plazo.
El mismo lapso de tiempo –entre el pasado miércoles 1 de octubre y el martes 7– estaba previsto para que soliciten votar de forma anticipada los residentes en el extranjero inscritos en el registro habilitado, los que se encuentren en el extranjero de forma puntual, los internos en centros penitenciarios y los catalanes con un alto nivel de dependencia. Siempre según el decreto, la publicación del censo definitivo --abierto a introducir pequeños cambios por alegaciones-- debería producirse como muy tarde este viernes 10, de forma que la Comisión de Control pudiera proceder al sorteo de la composición de las mesas electorales entre el 11 y el 18 de octubre.
También deberán dirigirse a la Comisión de Control antes del 13 de octubre aquellas organizaciones que quieran colaborar con la consulta, de forma que el organismo pueda resolver todas las solicitudes como muy tarde el 19.
El papel de los ayuntamientos
El decreto –publicado el 27 de septiembre– establece también que los ayuntamientos catalanes tienen un plazo de diez días para entregar al Govern una propuesta de qué locales acogerán los puntos de votación para la consulta.
De esta forma, los municipios deberían entregar su propuesta al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales antes del 7 de octubre, de forma que el Govern pueda hacer pública la relación definitiva de puntos de votación antes del domingo 12. También serán los ayuntamientos quienes deberán difundir en su tablón de anuncios entre el 19 y el 24 de octubre cómo se reparte el uso de espacios públicos para hacer campaña, así como la distribución de cartelas y espacios de publicidad.
El Govern y los partidos proconsulta pactaron este viernes mantener la convocatoria del 9-N sin dar pistas de cómo prevén hacerlo, sorteando la suspensión del Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo catalán debe actuar pronto si quiere seguir adelante cumpliendo los plazos fijados en el decreto de convocatoria.