El posible rescate con dinero público del fondo privado de pensiones para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo y abocado a la quiebra llega al pleno de la Eurocámara, cuyos grupos tendrán que tomar partido. La llegada al pleno del asunto se produce a través de un informe que tiene como ponente a la eurodiputada socialista española Isabel García Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario. Según la última agenda para la semana que viene –sujeta a cambios–, el informe se debatirá el martes y se votará el miércoles. El texto expresa "preocupación" por el déficit de 379 millones de euros del fondo y por su "agotamiento completo" como muy tarde en 2025. Además, reclama a la Mesa del Parlamento que garantice que no habrá rescate.
Hay más de 900 beneficiarios de este fondo, según la información recabada por Investigate Europe, consorcio periodístico internacional del que forma parte infoLibre. De ellos, 660 están han sido identificados por dicho consorcio [ver aquí el listado completo en el documento registral de Luxemburgo y aquí una información en detalle]. España, con 98 miembros del fondo, es el segundo país con más beneficiarios. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno nacional (Luis Planas, también del PSOE) y tres parlamentarios europeos en ejercicio (José Manuel García-Margallo, Pilar del Castillo y Francisco José Millán, del PP).
Que no se utilice "el dinero de los contribuyentes"
El informe subraya que la competencia sobre las decisiones acerca del fondo es de la Mesa del Parlamento, que está examinando las "implicaciones" de las distintas opciones para "mejorar la sostenibilidad" del plan. La Mesa, como ha publicado Investigate Europe, maneja tres opciones. La primera supondría que la Eurocámara se hiciera cargo de todas las obligaciones del fondo. Es decir, un rescate en toda regla. La segunda sería repartir los activos entre los partícipes en un pago único, lo que implicaría que los pensionistas salen perjudicados. La tercera opción supondría un recorte en el pago de las pensiones, que podría ir combinado con un rescate menor.
El texto no entra en el detalle de cada opción. Lo que hace es solicitar a la Mesa un "seguimiento activo de la búsqueda de una solución viable, legal y justa, dada la urgencia del asunto". Y, eso sí, deja clara su posición contra el rescate al solicitar, de nuevo a la Mesa, que garantice que "no se utilice dinero de los contribuyentes".
La ponente, García Muñoz, reafirma esta posición en declaraciones a este periódico: "Que el Parlamento pusiese 379 millones sería un rescate del fondo con dinero de los contribuyentes. Pedimos la garantía de que eso no pase". La eurodiputada reclama una solución "urgente" y pide cuidar la imagen de la institución. "Aunque el Parlamento [europeo] no hace la gestión de las inversiones, estuvo en su creación. Además, hay diputados en el fondo. Hay un cuestionamiento público de estas inversiones", señala la socialista.
Daño a la "reputación" de la Eurocámara
El texto, aunque recalca que el Parlamento no participa en la gestión de la cartera, alerta del "riesgo para la reputación de la institución" a causa del fondo, que lleva casi una década siendo objeto de una controversia en la que ha sido clave una información publicada en 2014 por este periódico que acabó provocando la dimisión del que había sido cabeza de lista de IU en las elecciones europeas de aquel año, Willy Meyer.
La inversiones, añade el texto, deben ser "coherentes con las metas y los objetivos" de la UE. El informe reclama una revisión de "todas las inversiones en curso que no estén en consonancia con los valores y objetivos" comunitarios.
Posible respuesta judicial
La ponente considera que se ha llegado a esta situación como resultado de "un mal planteamiento inicial" del fondo, que poco a poco ha ido acumulando un déficit que al cierre de 2021 era de 379 millones. ¿Qué soluciones caben ahora? García Muñoz admite que "es difícil hacer sostenible el fondo" pero apunta a un posible "recorte de pensiones", si bien previsiblemente se encontraría con la respuesta judicial de afectados, añade.
El Parlamento europeo se plantea rescatar de la quiebra con dinero público el fondo de pensiones voluntario de sus diputados
En tal caso, las perspectivas del Europarlamento no serían malas. La Mesa ya ha modificado en dos ocasiones las condiciones del fondo de pensiones para aumentar su sostenibilidad. En 2009, la edad de jubilación se elevó de 60 a 63 años y se cerró la opción de jubilación anticipada. Nueve años después, la edad de jubilación se elevó de nuevo a 65 años y se introdujo una tasa del 5% sobre las pensiones. Ambas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por algunos de sus beneficiarios. En ambas ocasiones, los demandantes perdieron. La Mesa puede modificar las condiciones de pago de esas pensiones complementarias, según el Tribunal de la UE.
Rumbo al pleno
A pesar de su aprobación en la Comisión de Control Parlamentario, el sí o no vinculante al informe llegará, si no hay cambios en la previsión, en el pleno de la semana que viene. Entonces se sabrá quién respalda y quién no el rescate. García Muñoz, que se muestra convencida de que habrá una mayoría contra el rescate, señala que su indicación al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas será "votar a favor de que no se use dinero de los contribuyentes" para salvar el fondo. "Obviamente, cada diputado es libre de votar lo que estime oportuno", añade.
infoLibre preguntó al Grupo Popular Europeo por su posición ante un posible rescate, sin respuesta concreta. "El Grupo PPE está a favor de que la Mesa del Parlamento adopte una solución", señaló en su respuesta. El Grupo de la Izquierda votará en contra del rescate, explican desde IU. El PNV, que pertenece al Grupo Renew, asegura que también está en contra del uso de dinero público para salvar al fondo de la quiebra.
El posible rescate con dinero público del fondo privado de pensiones para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo y abocado a la quiebra llega al pleno de la Eurocámara, cuyos grupos tendrán que tomar partido. La llegada al pleno del asunto se produce a través de un informe que tiene como ponente a la eurodiputada socialista española Isabel García Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario. Según la última agenda para la semana que viene –sujeta a cambios–, el informe se debatirá el martes y se votará el miércoles. El texto expresa "preocupación" por el déficit de 379 millones de euros del fondo y por su "agotamiento completo" como muy tarde en 2025. Además, reclama a la Mesa del Parlamento que garantice que no habrá rescate.