PNV y PSE pactan pedir más transferencias y evitan concretar el modelo de autogobierno

El pacto alcanzado por PNV y PSE para el Gobierno vasco plantea la necesidad de una "actualización del autogobierno" de Euskadi "respetando el ordenamiento jurídico", con el máximo consenso posible y refrendado por la sociedad vasca en un referéndum. El documento, adelantado por El Correo[ver en PDF] y que ratificarán en la tarde de este lunes los órganos de ambas formaciones, no detalla cuál debe ser el resultado de ese debate, que reserva a una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco.

El texto se cerró este domingo, casi dos meses después de las elecciones del 25 de septiembre que ganó el nacionalista Iñigo Urkullu. En virtud del acuerdo, los nueve diputados socialistas entrarán en el Ejecutivo con la gestión de tres consejerías –Trabajo, Vivienda y Turismo– y respaldarán en la investidura al candidato del PNV, cuyo partido cuenta con 28 diputados. Las fuerzas firmantes del documento suman por tanto 37 votos en una Cámara con 75 asientos, de modo que se quedan a uno de la mayoría absoluta.

En la mañana de este lunes, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, manifestó que el pacto es una "buena noticia" para Euskadi y para España. Destacó que el PSE "va a hacer posible la gobernabilidad y la estabilidad", si bien advirtió de que Ferraz "estudiará" las cuestiones sobre autogobierno "con atención". El exlehendakari Patxi López, por su parte, afirmó que en la dirección provisional del PSOE "tienen que estar tranquilos" porque "es un buen acuerdo".

Más transferencias

El documento, de unas 70 páginas, lleva por título Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno. En el último capítulo, dedicado al autogobierno, plantea que "una reforma de la Constitución ampliaría las posibilidades para mejorar y garantizar el futuro autogobierno" y, hasta que eso suceda, reitera "la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika (...) instando a culminar sin más demora el proceso transferencia".

Por ello, plantean PNV y PSE, "la ponencia de autogobierno solicitará al Gobierno Vasco que envíe al Parlamento Vasco una propuesta que actualice el catálogo de traspasos aún sin realizar y que refleje, de manera detallada, el autogobierno formal y legalmente reconocidos a Euskadi pero todavía pendiente de materialización". Ambos partidos consideran que están pendientes materias como el instituto nacional de la Seguridad Social y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, así como en la necesidad de reclamar y negociar la transferencia de los centros penitenciarios.

No hay acuerdo, en cambio, en cómo debe revisarse el autogobierno vasco y actualizarse el pacto estatutario. Nacionalistas y socialistas señalan que trabajarán en la ponencia de autogobierno para que se acuerden "bases y principios" para esa reforma y se redacte un borrador en un plazo de unos ocho meses desde su encomienda. Después, el borrador se tramitará en el Parlamento Vasco como Proposición de Ley.

PNV y PSE se reservan expresamente la "libertad" para defender sus "respectivos postulados" en esta materia, y se limitan a enumerar cuestiones que pueden debatirse, como el reconocimiento de Euskadi como nación, el derecho a decidir, la reforma de la Constitución, la clarificación de las competencias de Euskadi, las relaciones con Navarra y la posibilidad de una institución única que aglutine a todos los territorios vascos de Francia.

Paz y convivencia

En el capítulo de paz y convivencia, PNV y PSE acuerdan trabajar para "la materialización del fin definitivo de ETA" y abogan por una "normalización de la convivencia" que, "dentro del marco de posibilidades legales", aborde "la cuestión de los presos, la política penitenciaria y la reinserción de un modo acorde a la nueva realidad social". Además, plantean la necesidad de crear una ponencia sobre memoria y convivencia que conlleve "una apuesta compartida por una convivencia conciliada y por un conjunto de compromisos vinculados a los principios democráticos y los Derechos Humanos".

Así, el pacto alcanzado prevé una propuesta para el desarme definitivo de ETA, que incluya una declaración previa de la banda sobre su carácter "irreversible e incondicional" y "el reconocimiento del daño causado", lo que conllevaría la posibilidad del acercamiento de los presos de la banda. En este sentido se detallan "tres grandes ejes", consistentes el desarrollo de una "reflexión crítica" sobre el pasado, el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo y el logro de la "disolución y desaparición definitiva" de la banda". Para ello, se impulsará "una propuesta sobre desarme definitivo" y para la disolución de ETA, y una proposición no de ley de respaldo a esta propuesta.