El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, cuya titular es la jueza Mercedes Terrer, ha abierto un procedimiento judicial que obligará al equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza a comparecer ante los tribunales como investigados por un supuesto caso de prevaricación, según publica el Heraldo de Aragón. Este extremo, no obstante, ha sido negado por el consistorio, que asegura que no se ha abierto una investigación, según informa Europa Press.
Así, la querella ha sido presentada por representantes de la oposición expulsados del consistorio y el que fuera gerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, también cesado. Se acusa al equipo de gobierno que nombraran como sucesor de Portero a Joaquín García Lucea sin acatar las exigencias legales.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que en el Gobierno municipal "hay tranquilidad y normalidad" tras conocer la querella de Portero contra todos los miembros del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC). El antiguo líder de la formación, Guillermo Lázaro, dimitió en mayo tras pagar un viaje a Nueva York con una tarjeta del grupo.
Miguel Ángel Portero presentó el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza una querella en la que acusa al alcalde, Pedro Santisteve, y al resto del miembros del Gobierno de ZEC de supuesta prevaricación administrativa en el cambio de estatutos de Ecociudad derivado de la decisión de cambiar la proporcionalidad de la representación plenaria en los consejos de administración. Además, se le atribuiría que el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea, no cumpliría con la exigencias legales.
La querella, que se admitió a trámite el 19 de junio, fue notificada al día siguiente el Gobierno municipal mediante el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información.
El Ayuntamiento niega que haya investigación
"No se ha abierto una investigación al Gobierno municipal", ha precisado Cubero, quien ha reconocido que la Asesoría Jurídica municipal ha emitido un informe favorable para que los nueve miembros del gobierno reciban asistencia letrada municipal. "Es lo lógico", ha opinado.
En rueda de prensa, Cubero ha atribuido esta querella a un "malestar" de Miguel Ángel Portero por su cese como gerente de Ecociudad y ha subrayado que se le cesó por falta de confianza, para apostillar que el nombramiento de su sucesor se hizo en los mismo términos que el suyo en la legislatura anterior.
Primera vez contra todos
El consejero municipal ha rebatido que Portero sostenga en su querella que no se hizo de forma correcta la modificación de los estatutos de Ecociduad, cuando el equipo de gobierno decidió el 9 de febrero de este año cambiar la composición en las sociedades municipales, incluida Ecociudad, en virtud de la interpretación de la Ley de Capitalidad.
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"Desde luego que no hubo prevaricación e informaremos al juzgado, tal y como se nos pide y la situación es de total normalidad" y "para nada va a ser motivo de dimisión", ha zanjado Cubero sobre la aplicación del código ético de ZEC al respecto.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal ha recordado que las anteriores querellas de Portero se han archivado, tanto la presentada ante la vía penal contra el alcalde, la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas y el mismo por cinco posibles delitos en Ecociudad; la del juzgado de lo social por el despido de Portero, y la del derecho al honor también de Portero por la vía civil contra la institución municipal.
Ha querido precisar que "no hay un calendario de interrogatorios", solo se da traslado de una denuncia y el juzgado solicita información al Ayuntamiento, que "se recaba y se enviará".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, cuya titular es la jueza Mercedes Terrer, ha abierto un procedimiento judicial que obligará al equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza a comparecer ante los tribunales como investigados por un supuesto caso de prevaricación, según publica el Heraldo de Aragón. Este extremo, no obstante, ha sido negado por el consistorio, que asegura que no se ha abierto una investigación, según informa Europa Press.