La Policía Nacional ha elaborado un informe en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta caja B del PP que solicite todas las pruebas recabadas en torno a la operación Kitchen, que se instruye en otro juzgado de este mismo tribunal, y el espionaje que se puso en marcha en 2013 para sustraer presuntamente a Luis Bárcenas información sensible que se habría llevado del partido y que podría comprometer a sus dirigentes. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ven acreditado que el operativo parapolicial se llevó a cabo "extramuros del procedimiento judicial eludiendo el control judicial que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez de instrucción" y que tuvo éxito.
A raíz del levantamiento del secreto de sumario de la pieza 7 del caso Villarejo, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6, los agentes policiales que trabajan con el Juzgado Central número 5 en la causa sobre una supuesta contabilidad opaca en el PP han ido recabando la documentación que consideran necesaria para completar sus pesquisas, pues ven que existe una "relación directa" entre ambas investigaciones, "tanto desde el punto de vista temporal por cuanto su planteamiento, ejecución y finalización son coincidentes, como en cuanto al sujeto, puesto que la persona de Luis Bárcenas y su entorno constituyen el elemento subjetivo en torno al cual se construye la investigación", según consta en el informe policial al que ha tenido acceso infoLibre.
La UDEF también destaca que entre ambas investigaciones hay un "elemento objetivo de esclarecimiento de unos hechos subyacentes" que son los llamados papeles de Bárcenas, documentación que habría sido la finalidad última de la operación Kitchen. Operativo que no se puso en conocimiento del juez del Central 5, que era el que investigaba esa supuesta caja B del PP, y de la propia unidad policial que se encargaba de las indagaciones desde el principio, todo ello para "impedir su incorporación al procedimiento judicial".
Los investigadores parten del auto del pasado 18 de septiembre, en el que el juez Manuel García Castellón imputó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y en el que se "analiza el origen, objetivo y personas partícipes de la operación, la estrategia para atraer o ganar la voluntad del chófer de la familia Bárcenas, los medios dispuestos para la ejecución financiados con fondos reservados, las actuaciones desplegadas para la localización de documentación y la posterior obtención de la misma mediante la entrada en el local donde se ubicaba el taller de restauración de Rosalía Iglesias así como el volcado del contenido de dispositivos digitales de Luis Bárcenas y el destino final de dicha información".
Tras analizar todos estos pasos y el resultado de las pesquisas, los investigadores de la presunta caja B ponen el foco y solicitan que se les de traslado de las declaraciones prestadas en sede judicial por los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, así como por el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente para la Kitchen con el objetivo de que suministrara información del extesorero y su familia para hacerse con los papeles. También requieren toda la información que se ha conseguido esclarecer en el Juzgado Central 6 relativa "la identificación del lugar de ocultación de información por parte de Bárcenas a partir de la actuaciones desplegadas tanto de captación del Sergio Ríos como de las vigilancias realizadas".
Interés por el papel del ex secretario de Estado
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De igual modo, la UDEF solicita el volcado de "tres soportes digitales" –dos teléfonos y una tablet– robados a Bárcenas y que contienen "información privada de éste con mensajes, conversaciones y llamadas", datos que, según García Castaño, habrían sido entregados al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El papel que pudo tener el ex número dos del Ministerio del Interior también resulta de interés para la Policía, que requiere el contenido de las dos actas que levantó ante notario con los mensajes que dice haberse intercambiado con Fernández Díaz a mediados de 2013 y en los que hablarían del desarrollo de la operación Kitchen, así como las comunicaciones de Martínez con el comisario García Castaño en las que éste "le facilitaba datos del patrimonio en el exterior de Luis Bárcenas" (cuentas en Cracovia y las Antillas Holandesas). Aparte de los documentos intervenidos en el domicilio de Villarejo que tendrían relación con la investigación.
La Policía informa al juez de la caja B de la importancia también de los soportes digitales que le fueron intervenidos recientemente a Sergio Ríos, en una parte de la investigación de la Kitchen que continúa secreta y por la que el chófer, ahora agente de la Policía Nacional, estuvo declarando en la Audiencia Nacional el miércoles y el jueves pasados, y le pide además que solicite la recopilación de información del disco duro en el que Ríos y otro comisario implicado, Andrés Gómez Gordo, descargaron información conseguida con el espionaje al extesorero del PP.
Las grabaciones de voz de conversaciones y la transcripción de las mismas entre Villarejo y el empresario Adrián de la Joya que están incorporadas al sumario de la operación Kitchen y en las que "el primero le explica el operativo y en concreto la existencia de un zulo donde se esconden grabaciones efectuadas por Bárcenas, indica que todas las pruebas se habían destruido y cómo García Castaño se jactó de tener en su poder y de forma exclusiva el material obtenido del estudio", además de otra en la que este último explica la actuacíon y resultados obtenidos también resultan de interés para los investigadores de la caja B.
La Policía Nacional ha elaborado un informe en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta caja B del PP que solicite todas las pruebas recabadas en torno a la operación Kitchen, que se instruye en otro juzgado de este mismo tribunal, y el espionaje que se puso en marcha en 2013 para sustraer presuntamente a Luis Bárcenas información sensible que se habría llevado del partido y que podría comprometer a sus dirigentes. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ven acreditado que el operativo parapolicial se llevó a cabo "extramuros del procedimiento judicial eludiendo el control judicial que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez de instrucción" y que tuvo éxito.