La defensa de la víctima y las críticas a la sentencia de La Manada, que ha absuelto del delito de agresión sexual a cinco acusados de violación durante los sanfermines de 2016, han logrado poner de acuerdo a la práctica totalidad de la política española, únicamente con alguna excepción en el PP y en Ciudadanos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de señalar su respeto al fallo judicial, se mostró partidaria de estudiar su contenido y de que los poderes públicos analicen lo sucedido “para evitar que conductas como esta se vuelvan a repetir en el país”.
Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, fue mucho más expresivo que la vicepresidenta y no dudó en afirmar su “profundo rechazo” a la decisión de los jueces, “como ciudadano y persona comprometida con las mujeres y contra la violencia ejercida contra ellas”. “No es no”, subrayó.
Su condena sin paliativos contrasta con la opinión expresada por el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, que se limitó a recordar que “si alguien de las acusaciones entiende que la sentencia no se ha dictado conforme a derecho cabe la opción de recurso” y se negó a opinar sobre el fallo porque, como representante público del poder legislativo, tampoco le gustaría que un juez opinase sobre su labor política.
Tampoco la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, quiso ir más allá de mostrar su respeto a las sentencias, gusten o no. En todo caso, indicó a través de Twitter, que “nada cambiará nuestro firme compromiso en la defensa de las mujeres y en la lucha contra la violencia que sufrimos por el solo hecho de serlo”.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue uno de los más contundentes: “Ella dijo no”, aseguró en un apunte publicado también en Twitter. “Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?”, se preguntó.
Nada más conocer el fallo judicial, el PSOE recordó que hace apenas unos días registró en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Poder Judicial con el fin de impartir a los profesionales que trabajan en la justicia “una efectiva formación y especialización” en el tratamiento de violencia de género.
Y, a última hora del día, cuando decenas de miles de mujeres protestaban en las calles de las principales ciudades españolas, los socialistas pidieron una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género. El fallo de La Manada demuestra, asegura el PSOE, la necesidad “de abordar la aplicación de las medidas previstas, especialmente en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva para las mujeres”.
Iglesias: es un fallo "vergonzoso" y "asqueroso"
El más critico, sin duda, fue el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no dudó en tachar de el fallo de “vergonzoso y asqueroso”. Al condenar a los acusados por abuso sexual y no por agresión sexual, los jueces están “lanzando el mensaje a las mujeres de que, si no se juegan la vida” en un caso así, lo suyo no se considerará una violación.
“Hace años se decía que dentro del matrimonio no podía haber violación”, recordó. “Que se podía violar. Hace años se decía que si la mujer no se resistía no había violación. Creo que no hemos avanzado lo suficiente”, lamentó en declaraciones a La Sexta.
Iglesias destacó que “esto no es un problema de la dureza del Código Penal” sino “de qué hecho se atribuye a un delito muy concreto”. En este contexto, indicó, “el mensaje que se está trasladando es que no hubo ni violencia ni intimidación”. Un mensaje que consiste en decir que cinco hombres pueden meter a una mujer en un portal y violarla y, “como ella no se ha resistido” a pesar de que sus agresores representaban una fuerza claramente superior, “no hay violencia ni hay intimidación”. “Esto no se puede consentir”, concluyó.
El más tibio de los grandes partidos fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A través de Twitter, primero dejó claro que “como cargo público” siempre respetará y acatará las sentencias judiciales, aunque no le gusten. “Pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia” contra los miembros de La Manada. “Todo mi apoyo a la víctima y a su familia”, remató.
A la espera de los recursos
Además de criticar el desenlace del proceso judicial, algunas voces han apuntado la necesidad de que la absolución por el delito de agresión sexual sea corregida en tribunales superiores. Así lo dijo la secretaria de Políticas de las Mujeres del PSC, Raquel Sànchez, y lo reclamó expresamente el Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular, informa Europa Press.
La portavoz del Gobierno foral, María Solana, y la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, comparecieron ante los medios para transmitir su “respeto, apoyo y solidaridad con la víctima y su familia” y señalar que el Ejecutivo navarro, aunque respeta las decisiones judiciales, no comparte el criterio que han seguido los jueces en este caso.
La sentencia “no responde a la postura que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra han defendido en este proceso” y “rebaja significativamente el delito cometido de forma que interpreta que no hubo violencia ni intimidación”, lamentó Ana Ollo. Por esa razón, anunció, los servicios jurídicos del Ejecutivo foral “ya están trabajando de manera intensa en el análisis de esta sentencia” con la intención de presentar un recurso. “No compartimos la calificación que se ha hecho del delito”, subrayó.
También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, manifestó que es una sentencia que ni “comprende” ni “comparte”. Su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró que “bien haríamos en aprovechar estos días para reflexionar sobre esto y sacar enseñanzas positivas. Y una tiene que ser que algo ocurre cuando la gente no lo entiende”, insistió. “A la mujer se le exigen unos comportamientos extraordinarios en lo que tiene que ver con su posicionamiento para que se considere si hay intimidación o fuerza o no”. Para avanzar en este asunto es necesario considerar “qué es lo que se le está exigiendo a una mujer respecto de sus comportamientos sexuales para poder considerar que haya podido haber intimidación o fuerza”.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, calificó de “inconcebible” la absolución del delito de agresión sexual con violencia e intimidación. “No es concebible que un hecho de estas características pueda producirse o pueda tener lugar sin violencia y sin intimidación, salvo que se arranque o se haga un planteamiento que cosifique a la mujer o que considere que la violencia machista es plenamente legítima”, apuntó.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, también manifestó su “apoyo total y absoluto” a la víctima “ante una decisión difícil de asumir”.
La defensa de la víctima y las críticas a la sentencia de La Manada, que ha absuelto del delito de agresión sexual a cinco acusados de violación durante los sanfermines de 2016, han logrado poner de acuerdo a la práctica totalidad de la política española, únicamente con alguna excepción en el PP y en Ciudadanos.