La aritmética parlamentaria en Andalucía es inapelable. Los partidos gobernantes, PP (26 diputados) y Cs (21), no alcanzan la mayoría absoluta, situada en 55. Dada la oposición frontal de PSOE (33) y Adelante Andalucía (17), el bipartito de derechas depende de los 12 parlamentarios de Vox, que tiene entre sus objetivos la supresión de las actuales políticas de igualdad entre hombre y mujer. El partido que en Andalucía lidera Alejandro Hernández, su portavoz parlamentario, se opone a que la violencia de género –término que rechaza– reciba un tratamiento diferenciado y niega la brecha salarial. Su portavoz en Andalucía equipara la muerte de una mujer asesinada con el suicidio de su asesino. Quiere cerrar el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), o al menos suprimir todas sus actividades que no respondan a su idea de "utilidad pública". Hace campaña contra las manifestaciones feministas del 8 de marzo. El presidente de su grupo parlamentario, Francisco Serrano, afirmó tras la sentencia de La Manada que en adelante la forma "más segura" para un hombre de tener sexo con una mujer era la prostitución, si bien su partido lo desautorizó. Vox despliega una retórica agresiva contra las "feminazis", el "lobby Lgtbi" y la "ideología de género", que según sus portavoces pretenden socavar el orden basado en la "familia natural", un discurso en línea con el integrismo del sector duro del episcopado.
La presión de Vox para condicionar a la Junta de Andalucía desde su posición de socio imprescindible es incesante. ¿Qué puede hacer la Consejería de Igualdad de un gobierno que depende de un partido así? El departamento de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por Rocío Ruiz (Cs), lleva toda la legislatura en el punto de mira. Las crisis y polémicas acorralan a este departamento y a su principal responsable desde el arranque del Gobierno. En enero Vox ya empezó a pedir el cese de Ruiz por un artículo que había escrito en 2013 en el que criticaba la Semana Santa –"desfiles de vanidad y rancio populismo cultural"–. La consejera se retractó y se disculpó. Desde entonces, el partido de ultraderecha no ha parado de poner las políticas de igualdad en cuestión. Y ha conseguido situarlas bajo sospecha permanente.
Acusación de veto de una periodista
La Consejería de Igualdad comenzó su andadura con sobresaltos. La periodista de Canal Sur Mabel Mata acusó en marzo al Gobierno andaluz de haberla "vetado" después de que la consejería la hubiera elegido para presentar la entrega de los premios Meridiana, en reconocimiento a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Mata ya había presentado anteriormente los premios, durante la etapa del PSOE. Su acusación iba directamente dirigida contra el entorno del presidente Moreno, que –según Mata– habría impuesto su criterio sobre Igualdad, cuya autoridad quedó en entredicho.
Datos de trabajadores
La Junta entregó en mayo a Vox los datos sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos dedicados a combatir la violencia de género. El partido ultraderechista, con el impulso de Francisco Serrano, llevaba detrás de los datos desde febrero, si bien la mesa del Parlamento se los negó. Finalmente los consiguió a través de la Junta, aunque sin nombres, ni apellidos, ni número de colegiación, como inicialmente pretendía.
El propio vicepresidente Juan Marín (Cs) explicó tras la entrega de la información que el 40% de los trabajadores no están colegiados. Aunque no hay una ley que obligue a la colegiación, una sentencia de 2013 la fija como requisito. Vox ha utilizado estos datos y esta sentencia para poner bajo sospecha todo el sistema andaluz de lucha contra la violencia de género.
"Chiringuitos" sin concretar
El 4 de junio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera Rocío Ruiz (Cs), al mando del departamento de Igualdad, dio por hecha la existencia de "chiringuitos políticos" en su propia consejería. No precisó cuáles. También afirmó que en el reparto de subvenciones con el PSOE había "mucho descontrol y poca rigurosidad", sin concretar más. Ambas afirmaciones entroncan con el discurso de Vox, según el cual hay una serie de "chiringuitos ideológicos" en la órbita del PSOE que en realidad no están para proteger a la mujer, sino para llenarse los bolsillos con subvenciones.
Ruiz afirmó: "Nosotros somos los primeros que no queremos que haya chiringuitos políticos. Queremos que el dinero del presupuesto vaya a las victimas de violencia. Vamos a hacer una política de evaluación de todas las ayudas que se den pero no solo en el IAM. No se ha evaluado nunca. Ha habido mucho descontrol y poca rigurosidad".
En la misma rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), afirmó que "ningún grupo de la Cámara está en contra de las políticas de violencia de género, ni Vox tampoco". "Vox de lo que habla es de la eliminación de chiringuitos ideológicos y de la utilización con fines partidistas de la violencia de género. Ahí nos tiene como aliado".
Teléfono de violencia intrafamiliar
El acuerdo del Gobierno andaluz (PP-Cs) con Vox para los presupuestos de 2019 y 2020 incluye la creación de un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Dicho teléfono no sustituirá a la atención telefónica a las víctimas de violencia de género, sino que estará orientado a menores y personas mayores, según la versión oficial. Lo cierto es que ya existen en la Junta de Andalucía teléfonos de atención a menores y personas mayores [ver aquí y aquí]. Se trata de un logro político y así lo reconoce Vox. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, consideró la aprobación de este teléfono un éxito de las "ideas tabú" de su partido.
Revisión del lenguaje "transversal"
Ya conviven oficialmente los dos conceptos en Andalucía: "violencia intrafamiliar", que ya estaba desterrado, y "violencia de género", que era la fórmula de consenso. El acuerdo presupuestario con el logotipo de PP, Cs y Vox establece literalmente en su punto 2: "Revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en favor de la inclusión del concepto igualdad en las políticas presupuestarias. La documentación cualitativa de los presupuestos de 2020 sustituirá el concepto actualmente empleado de 'transversalidad de género' por el de 'principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”, como mecanismo integrador de las diferentes opiniones e ideologías en la materia". Otro triunfo de las "ideas tabú" de Vox.
Datos sobre la brecha salarial
La consejera Ruiz anunció el 15 de julio que había reclamado a las universidades "evidencias científicas" sobre la brecha salarial. Se trata de ser "serios y rigurosos" sobre el tema y no caer en "guerras de cifras", afirmó la responsable de Igualdad, a pesar de la existencia de diversos estudios sobre la materia. Sobre lo que no tenía dudas Ruiz es sobre la brecha salarial en el empleo público: "No existe".
Vox había abierto el melón con la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento que pretende reclamar al Gobierno andaluz "medidas eficaces para no reconocer falsos planteamientos de tintes ideológicos", en referencia a la brecha salarial. Ruiz (Cs), al día siguiente, anunció que, en una reunión con los rectores andaluces les había pedido "ayuda" mediante "investigaciones rigurosas" sobre la brecha salarial. Y negó su existencia en el sector público. Eso fue un lunes. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la corrigió el martes: "La brecha salarial, desgraciadamente, existe en la Junta de Andalucía". La propia consejera matizó después: "Parece que no me expliqué bien o no se me entendió".
Los informes y datos estadísticos sobre la brecha salarial son abundantes. No faltan los oficiales. El Banco Mundial, la Comisión Europea, el INE, organizaciones sindicales como CCOO, UGT y USO, la patronal CEOE y estudios académicos han acreditado su existencia y tratado de precisar su cuantía. La propia Junta de Andalucía –administración en la que trabaja Rocío Ruiz– lo admite en un informe sobre el presupuesto de 2018, que también alude a una brecha salarial en el sector público derivada de la mayor responsabilidad de las mujeres en la crianza de los hijos.
Una campaña sonriente
Una nueva iniciativa de la consejería, una nueva polvareda. Igualdad lanzó la pasada semana la campaña "Pero la vida siempre es más fuerte" en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de una campaña que muestra a mujeres sonrientes, de aspecto feliz, para lanzar el mensaje de que la violencia machista se puede superar. "Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte. Denuncia. Vive. Marca el 016", dice uno de los carteles. La campaña, de 1,2 millones, utiliza fotografías de modelos sonrientes ya utilizadas en campañas comerciales, entre ellas de dentaduras. Y ello a pesar de que la campaña se presentó como si las mujeres fueran víctimas. Un vídeo de la campaña arranca con un mensaje en el que se lee: “Atención: las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos". En realidad, no lo son. Para el Gobierno andaluz, un simple recurso publicitario. Para el PSOE, un engaño.
Los socialistas han criticado en bloque la campaña en los términos más contundentes. La ha tachado de "frívola", de ser una concesión a la extrema derecha, de blanquear la violencia de género al no mencionarla (los carteles dicen "malos tratos", si bien en los vídeo se dice "violencia de género"). Susana Díaz ha llegado a preguntar al Gobierno andaluz, al que ve "atenazado por la ultraderecha", si es "consciente del drama" que aborda. Cargos socialistas han difundido a través de las redes una dura contracampaña en la que se ve a las mujeres de la campaña oficial llenas de moratones, arañazos e incluso con agujeros de bala en la frente. Adelante Andalucía también ha sido muy crítica con la campaña de la Junta, que considera "insultante" para las víctimas.
Como respuesta, responsables del PP y Cs han rescatado otras campañas de instituciones gobernadas por el PSOE en las que se lanza un mensaje vitalista contra la violencia de género. "Te mereces una vida mejor", dice una campaña del Gobierno andaluz de 2013, con una imagen donde se ve a una mujer jugando con un bebé. También han hecho circular una campaña del IAM del Gobierno de Aragón, con el PSOE, donde se ve a una mujer sonriente: "Te merece ser feliz". En ninguna de las dos campañas se explicita que estas mujeres hayan sido víctimas de violencia de género.
Desde el Gobierno andaluz se ha recordado que tanto la ley andaluza contra la violencia de género como el pacto de Estado animan a utilizar mensajes positivos. El presidente Juanma Moreno ha calificado de "deleznable" que se use la violencia de género como "arma política". La consejera Ruiz ha acusado al PSOE de "romper" el pacto de Estado contra la violencia de género con sus críticas.
CRÍTICAS POR CANAL SUR
Las suspicacias se han extendido a la programación de Canal Sur, si bien las críticas por parte de la oposición se han lanzado antes de que se conozca la parrilla completa de la nueva temporada. El programa radiofónico La Mirada, sobre igualdad entre hombres y mujeres, anunció el jueves pasado que no continuará emitiendo la próxima temporada. Fue suficiente para una nueva polémica, reveladora del clima de crispación que rodea a todo lo que concierne a la igualdad en Andalucía. El PSOE, a través de distintos portavoces, ha vinculado su cancelación a razones políticas, poniendo en duda la independencia de la cadena. A ello también ha contribuido Vox. Luis Gestoso, coordinador del grupo de Vox en Murcia, ha compartido en Twitter una noticia sobre el cierre del programa con este mensaje: "Poco a poco, desmontando la dictadura progre".
Vox se defiende de las acusaciones de xenofobia e insiste en la deportación de quienes vienen a "delinquir y violar"
La Radio Televisión Andaluza (RTVA) desmiente rotundamente este tipo de lecturas. Fuentes oficiales del ente público explican que la cancelación debe inscribirse en una "reforma integral" de la parrilla, que incluye la supresión de La Mirada, pero también de otros programas como La Lupa, La Entrevista y Abierto a las diez. Además, explican las mismas fuentes, hay un "replanteamiento general" de la programación, que se explicará en detalle en septiembre y que supone que contenido que iba en "microespacios" nocturnos se reubica en otros contenedores. Así, añaden, el programa de tarde de Mariló Maldonado en Canal Sur Radio incluirá una tertulia de mujeres de 40 minutos. Y Radio Andalucía Información recupera el programa Con acento de mujer. No desaparece de la radio la programación sobre igualdad de hombres y mujeres.
Carrusel de dimisiones
Desde la formación del Gobierno, hace menos de siete meses, ha habido cinco dimisiones en la Consejería de Igualdad. En junio se marchó la secretaria general técnica del departamento, Inmaculada Jiménez. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Sánchez, dejó el cargo a mediados de julio por "un problema de salud grave, gravísimo", según dijo la consejera. Aún no tiene sustituta. La siguió el viceconsejero, Francisco José Martínez, exrector de la Universidad de Huelva, que se marcha alegando "diferencias irreconciliables" con Ruiz. Después salió el jefe de gabinete de la consejera, Rafael Ruiz Herbello. Se podría añadir a la lista la dimisión en mayo de la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Almería, Antonia Morales, por "motivos personales".
La aritmética parlamentaria en Andalucía es inapelable. Los partidos gobernantes, PP (26 diputados) y Cs (21), no alcanzan la mayoría absoluta, situada en 55. Dada la oposición frontal de PSOE (33) y Adelante Andalucía (17), el bipartito de derechas depende de los 12 parlamentarios de Vox, que tiene entre sus objetivos la supresión de las actuales políticas de igualdad entre hombre y mujer. El partido que en Andalucía lidera Alejandro Hernández, su portavoz parlamentario, se opone a que la violencia de género –término que rechaza– reciba un tratamiento diferenciado y niega la brecha salarial. Su portavoz en Andalucía equipara la muerte de una mujer asesinada con el suicidio de su asesino. Quiere cerrar el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), o al menos suprimir todas sus actividades que no respondan a su idea de "utilidad pública". Hace campaña contra las manifestaciones feministas del 8 de marzo. El presidente de su grupo parlamentario, Francisco Serrano, afirmó tras la sentencia de La Manada que en adelante la forma "más segura" para un hombre de tener sexo con una mujer era la prostitución, si bien su partido lo desautorizó. Vox despliega una retórica agresiva contra las "feminazis", el "lobby Lgtbi" y la "ideología de género", que según sus portavoces pretenden socavar el orden basado en la "familia natural", un discurso en línea con el integrismo del sector duro del episcopado.