Siempre se ha dicho que Canarias se entregó al golpe de Estado de 1936 desde el primer minuto. Pero no es cierto. En algunos lugares del archipiélago se opuso cierta resistencia. Al menos, durante las primeras horas. Arucas fue uno de ellos. En este municipio de fuerte implantación sindical situado al norte de la isla de Gran Canaria, el primer intento falangista de tomar la villa se encontró con el firme rechazo del delegado gubernativo del norte, el diputado comunista Eduardo Suárez, la corporación local, miembros de la guardia municipal y grupos de obreros. Una resistencia que, sin embargo, apenas duró hasta la mañana siguiente. Tras un intenso tiroteo, el 19 de julio la superioridad militar doblegó a los defensores del orden constitucional. Y la villa cayó en manos golpistas.
Aún quedan restos de aquellos enfrentamientos que darían paso a una brutal represión contra decenas de vecinos de la localidad, algunos de los cuales fueron arrojados –vivos, moribundos o muertos– al fondo de varios pozos ubicados en este término municipal. En la entrada de las Casas Consistoriales aún puede verse la rotura producida por el disparo de una pieza de artillería durante aquel golpe de Estado. Un edificio que durante años se convirtió en la segunda casa de Ángel Víctor Torres. Allí fue donde comenzó a curtirse este socialista que lleva el partido en su ADN. Primero, como concejal. Y luego, como alcalde. Fue, como quien dice, su escuela política. La que luego le permitió dar el salto al Ejecutivo autonómico. Y, ahora, al nacional como ministro.
Aquel boquete de artillería ha sido protagonista de alguna de las intervenciones públicas de Torres. "Arucas, cuna y bastión de la democracia, como puede reflejarse en la fachada de las Casas Consistoriales, con el impacto de un cañonazo... que es la defensa de la libertad y de la palabra", señaló durante el pregón que pronunció en 2022 a los pies de la iglesia de esta localidad, una de las pocas del archipiélago en las que se han llevado a cabo labores de exhumación –se han recuperado más de tres docenas de cuerpos en los pozos de Tenoya y del Llano de las Brujas–. Ahora, como ministro, Torres tendrá que hacer frente a otros cañonazos. En concreto, los disparados por los gobiernos autonómicos de PP y Vox contra las políticas memorialistas.
La Memoria Democrática ha estado en la última legislatura empotrada en Presidencia. Pero eso ya no será así. En el nuevo Ejecutivo de coalición compartirá espacio, bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, con Política Territorial. Un cambio que ha sorprendido, y mucho, a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Es bastante inexplicable que se coloque bajo el paraguas de un ministerio como ese, quizá sea el lugar menos oportuno", señala el periodista en conversación con infoLibre, al tiempo que lamenta que la memoria haya sido durante todos estos años una "política nómada" –de Justicia pasó a Presidencia y, de ahí, a Política Territorial–, lo que evidencia, a su juicio, una falta de "criterio político claro".
Silva cree que este nuevo movimiento responde a la más que previsible confrontación con todas aquellas comunidades autónomas que quieren dar pasos atrás en materia de memoria. Fundamentalmente, las gobernadas por el PP y Vox. "Creo que tiene que ver con esa pelea", apunta. Una lectura similar hacen sobre este cambio otras voces que en los últimos años han estado trabajando en materia memorialista en el seno del Ejecutivo. "Es un movimiento que no es especialmente intuitivo. Yo pensaba que si la movían se iría hacia Justicia", comenta una de ellas. Silva, de hecho, cree que ese tendría que haber sido el encaje, sobre todo ahora que Presidencia y Justicia se unifican bajo una misma cartera liderada por Félix Bolaños.
La designación de Ángel Víctor Torres como ministro encargado de la memoria produce un 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. El mismo día que han elegido PP y Vox para presentar en las Cortes de Aragón, donde ambas formaciones gobiernan en coalición, su proposición de Ley para acabar con la norma de memoria autonómica. "Es más propia de estados totalitarios porque conlleva una visión partidista de la historia, la construcción de un relato histórico oficial que solo otorga la consideración de víctimas a las de un bando, provoca división en la sociedad y reabre viejas heridas", ha señalado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón.
Aragón es la primera comunidad en manos de la derecha que inicia formalmente ese camino hacia el olvido. Pero no será la única. A finales de septiembre, ambos partidos aprobaron en Cantabria una iniciativa en la que se instaba al Ejecutivo regional, en manos de los conservadores, a presentar "a la mayor brevedad" un proyecto de Ley para derogar la norma cántabra de memoria. Y en los acuerdos suscritos entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 28M figuran la eliminación de las leyes memorialistas como una de las prioridades a la hora de gobernar, si bien en algunos casos queda el compromiso de realizar políticas para facilitar la recuperación de los restos de personas fallecidas durante la guerra civil.
El gran objetivo: que la ley despliegue todos sus efectos
La Ley de Memoria Democrática, que venía a cubrir las enormes lagunas que dejó en su día la normativa memorialista de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido una de las prioridades del anterior Ejecutivo de coalición. Desde su entrada en vigor hace algo más de un año, se han registrado importantes avances: desde la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano o del fundador de la Falange hasta la retirada de distinciones y títulos nobiliarios. Y para esta legislatura, uno de los grandes objetivos es terminar de desarrollar la norma en su integridad y hacer que se cumpla "en el ámbito autonómico y municipal", frente a las reticencias que puedan mostrar los Gobiernos autonómicos en manos de la derecha.
A pesar de los grandes hitos cumplidos, al Ejecutivo aún le queda mucho trabajo por hacer en materia memorialista. Todavía tienen que culminarse los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, el nuevo marco jurídico para el complejo monumental, la auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura o el censo de organizaciones que se beneficiaron del trabajo forzado. Del mismo modo, entre la lista de tareas pendientes se encuentra también la parte relativa a la extinción de fundaciones que ensalzan "el golpe de Estado y la dictadura" o enaltezcan a sus "dirigentes". O la retirada de vestigios franquistas que aún perviven en la vía pública de muchos municipios españoles. Y que, en algunos casos, la derecha se niega a retirar.
Un ejemplo es el monolito de Sa Feixina, en Palma de Mallorca. El monumento, obra del escultor Francisco Roca, se levantó para homenajear a los "héroes" del Crucero Baleares, el navío que bombardeó Málaga durante la Guerra Civil. Y aunque ya no cuenta con ninguna inscripción que honre a los golpistas, su derribo fue acordado por el anterior equipo de gobierno local. Pero la demolición no se va a producir. El nuevo consistorio balear acordó a comienzos de septiembre desistir del procedimiento de contratación de dichas obras para tirar el monolito. Y ahora el Consell de Mallorca, en manos de PP-Vox, lo ha declarado Bien Catalogado.
"Trabajaré con toda mi energía y el más absoluto compromiso con mi país y sus territorios. Por la convivencia, la cohesión y por la memoria. Siempre he considerado que el diálogo es el soporte principal de la política útil. Me esforzaré al máximo", ha señalado Torres en redes sociales tras la comparecencia del presidente del Gobierno. El niño criado entre las empinadas cuestas en el obrero barrio de La Goleta, con un músculo sindical potente alrededor de la cantería a mediados de los treinta, llega a los más alto de la política tras crecer en todos los niveles de la Administración. Y lo hace, entre otras cosas, para recuperar la memoria de todos aquellos que el golpe de Estado, la Guerra Civil y las décadas de Dictadura borró.
Siempre se ha dicho que Canarias se entregó al golpe de Estado de 1936 desde el primer minuto. Pero no es cierto. En algunos lugares del archipiélago se opuso cierta resistencia. Al menos, durante las primeras horas. Arucas fue uno de ellos. En este municipio de fuerte implantación sindical situado al norte de la isla de Gran Canaria, el primer intento falangista de tomar la villa se encontró con el firme rechazo del delegado gubernativo del norte, el diputado comunista Eduardo Suárez, la corporación local, miembros de la guardia municipal y grupos de obreros. Una resistencia que, sin embargo, apenas duró hasta la mañana siguiente. Tras un intenso tiroteo, el 19 de julio la superioridad militar doblegó a los defensores del orden constitucional. Y la villa cayó en manos golpistas.