Las posturas oficiales de los partidos políticos sobre el desafío soberanista del presidente de la Generalitat son de sobra conocidas. Y permanecen teórica y oficialmente inalterables desde que el pasado 12 de diciembre Artur Mas (CiU) pactó con ERC, ICV-EUiA y la CUP la pregunta de la eventual consulta sobre la independencia de Cataluña y una fecha, el 9 de noviembre. Así, los partidos promotores de este referéndum siguen sosteniendo, a día de hoy, que no hay planes B. Que no hay vuelta atrás y que la consulta va a celebrarse. El Gobierno y el PP, el partido que lo sustenta, no se salen tampoco de su argumentario. A saber: la consulta es ilegal y no va a celebrarse porque los ciudadanos de una comunidad no pueden decidir por todos los españoles. Y el PSOE, principal partido de la oposición y, hasta la fecha, aliado del PP en los que considera asuntos de Estado, tampoco ve posible esta consulta e invita a canalizar la cuestión a través de una reforma de la Constitución.
Pero en la práctica, entre bambalinas, es decir extraoficialmente, diferentes sectores políticos y empresariales comparten, desde tendencias ideológicas dispares, la necesidad de que la situación dé un giro que evite el tan anunciado como temido choque de trenes. Muchos de estos actores implicados han tenido la oportunidad de trasladar sus inquietudes al presidente del Gobierno que, de momento, se muestra en público inflexible apelando al 'no' mayoritario que el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados dio a la petición del Parlament catalán del traslado de competencias para la celebración de la consulta.
¿Está gestándose otra hoja de ruta para Cataluña desde sectores influyentes para reconducir la situación y evitar un enfrentamiento entre instituciones? Distintas fuentes consultadas por este diario digital lo confirman. Hay movimientos en ese sentido. Uno de los focos más importantes de este debate surge en el contexto de la 'Gran Coalición', una operación política que, según ha venido informando infoLibre, está en marcha desde el otoño pasado con el impulso del Gobierno, de sectores del Partido Popular, de Rubalcaba y la llamada 'vieja guardia' del Partido Socialista, alentados y empujados por los grupos empresariales de mayor peso en el Ibex-35 y por la influencia mediática de Prisa, editora de El País.
En esta operación, que culminaría con un pacto PP-PSOE en las generales de 2015 si PP y PSOE no lograran la mayoría necesaria para gobernar en solitario, el desafío soberanista de Cataluña es una de las piezas claves del puzzle. De hecho, hay en el PP quien cree que el germen de la 'Gran Coalición' debe una parte crucial de su argumentario al escenario catalán. En este sentido, dirigentes conservadores consultados por infoLibre subrayan que en los últimos meses han sido insistentes los comentarios internos de que el expresidente socialista Felipe González ha tenido contactos con Rajoy para convencerle de que apueste por una reforma 'controlada' de la Constitución a fin de evitar que la situación estalle. El rey Juan Carlos habría estado al tanto de estos contactos, al igual que influyentes empresarios catalanes como Isidro Fainé (La Caixa), Antonio Brufau (Repsol) o José Manuel Lara (Planeta). Numerosos dirigentes socialistas han advertido que la fórmula de la gran coalición sería "suicida" para el PSOE y consideran que los poderes financieros y el PP están interesados en ese "abrazo del oso" para acabar con el principal partido de la oposición.
Oficialmente, Rajoy no se mueve de su postura: no habrá consulta. Pero en el Gobierno insisten en que "está dispuesto a hablar" porque es presidente "de todos los españoles" y "no puede dejar a un lado" a los catalanes.
Más autonomía para Cataluña
“Se habla de que la autonomía de Cataluña –y también la del País Vasco– saliesen más reforzadas que el resto, pero haciendo el difícil equilibrio de no perjudicar a las demás”, señala un dirigente conservador. No obstante, a tenor de las declaraciones públicas del PP y del Gobierno este escenario resulta aún lejano. En lo que va de legislatura, Rajoy y su equipo han explotado hasta la saciedad la invitación a los partidos de la oposición a cambiar las reglas del juego mediante una reforma de la Carta Magna. Así lo hicieron en el debate en el Congreso en el que se negó a Cataluña la competencia para celebrar una consulta y así se ha hecho en las últimas semanas a los partidos que piden un referéndum sobre el modelo de Estado. Es una oferta-trampa. Trampa porque el PP no está por una reforma constitucional. Se abrirían muchos más frentes que los que vayan a ser directamente tocados y no quiere una última fase de legislatura agitada. Y si el PP, con mayoría absoluta, no está por la labor, cree que no hay margen para más debate.
Rajoy siempre ha dicho que está dispuesto a hablar con Mas y que tiene una hoja de ruta para Cataluña. Pero, hasta la fecha, ni ha hablado con Mas ni ha desvelado esa hoja de ruta que culminaría con un recurso ante el Tribunal Constitucional tanto de la ley de consultas como de la convocatoria del referéndum si llegara a ejecutarse.
Dos discursos: el del PSC y el del PSOE
La de la reforma constitucional es, de hecho, la solución a esta crisis que propone el PSOE, basada en Declaración de Granada aprobada después en su conferencia política con el acuerdo de todos los sectores socialistas. Fuentes de la dirección del PSOE mantienen que “la única consulta que se puede hacer es una acordada y legal y que, por tanto, venga de una reforma de la Constitución”. Y eso, comentan, sólo es viable consultando a todos los españoles. Una reforma de la Carta Magna.
Mientras, el PSC sí cree legal la consulta. Lo que no comparte es la formulación de las preguntas –"¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado?" y "¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?" –. De ahí que CiU se haya mostrado abierta a tocar el texto de las mismas a fin de contar con el respaldo de los socialistas catalanes. Esta misma semana, Miquel Iceta, candidato a liderar el PSC tras la marcha de Pere Navarro, volvió a insistir en que la cuestión planteada es una “chapuza” y mostró su convencimiento de que la consulta no se va a producir.
Los partidos promotores de la iniciativa no tardaron en recoger el guante lanzado por Iceta. “Si conseguimos que haya más [partidos] en el acuerdo, no creo que deba ser un problema modificar la pregunta", respondió ágil Núria Gispert, presidenta del Parlament.
¿Y si se cambia la pregunta?
La posibilidad de un cambio en los términos de la pregunta es un tema que está sobre la mesa en las citadas conversaciones entre políticos de diverso signo y empresarios. La conclusión a la que han llegado en esos círculos es que Rajoy no debería dejar de explorar esta vía, y así se lo han trasladado en diferentes contactos, directamente o a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada por el presidente de sondear cualquier camino de solución a la 'cuestión catalana'.
A priori, el PP ve un importante obstáculo en esta posibilidad. Sostienen que su jefe de filas tendría muy difícil explicar por qué permite que los catalanes voten cuando uno de los ejes argumentales de su oposición a la consulta es que un pueblo no puede decidir por todos los españoles. “Da igual que suavicemos la pregunta. No tiene encaje. Ni esas, ni otras”, insiste un dirigente del PP de Cataluña.
En esta negativa de los conservadores subyace el miedo a que cualquier tipo de consulta con cualquier pregunta empeore la situación. “El hecho de celebrarla crea a Cataluña un estatus de nación que dura por los restos y eso le da un barniz de nación histórica. Si se les da ese privilegio, el zarpazo es más fuerte, porque se sienten legitimados”, precisa un diputado del PP.
Tampoco es una cuestión fácil para el bloque defensor de la consulta. Gispert (CiU) se ha abierto a modificar la pregunta. ERC, por ejemplo, insiste en que “si a alguien le tiembla del pulso”, su compromiso es continuar. “La consulta tiene fecha y preguntas. Estamos por esa fecha. Y por esa pregunta. Tenemos el respaldo del 80% del Parlament. Se ha anunciado. Se ha contado así”, recalcan fuentes de la formación.
“¿Por qué cambiar la pregunta ahora si había unanimidad desde la CUP a Unió? Cualquier tipo de rebaja o recorte supondría engañar a la sociedad catalana”, añaden desde ERC.
Cuestiones como esta hacen que el PP insista en la idea de que en CiU son “rehenes de ERC”. “El problema lo han creado en CiU, lo ha creado Mas. Y lo tienen que solucionar ellos”, señalan fuentes de la formación.
Recuperar a no independentistas enfadados con España
Desde las más altas instancias del empresariado catalán se ha trasladado al Gobierno, y también al PSOE, que una situación de bloqueo como la actual no es buena. Ni para Cataluña, ni para España. Y se explica de una forma muy gráfica: se calcula que en Cataluña hay un 40% de independentistas y un 30-35% de ciudadanos que dan la espalda a España no por ser independentistas, sino por hastío y decepción tras la sentencia del Estatut después de que su reforma fuera votada en referéndum. Sería un voto, por tanto, teóricamente "recuperable". Esta posibilidad, en una situación de declive de los dos grandes partidos, como se puso de manifiesto en las elecciones europeas del 25-M, es una invitación a la reflexión. Aunque financieros tan influyentes en Moncloa (y en Zarzuela) como Isidro Fainé, presidente de La Caixa, sigan públicamente de perfil acerca de la hoja de ruta soberanista, están trasladando en privado la visión de que "no habrá arreglo sin que se celebre algún tipo de consulta pactada". Consideran en esos círculos que el sentimiento de hartazgo en la calle "se llevaría por delante" a los promotores del "derecho a decidir" si finalmente hubiera un bloqueo del mismo, por muy acordado que fuera.
Y ahora... Felipe VI
Las fuentes consultadas por infoLibre precisan que el rey Juan Carlos, ahora ya exmonarca al haber cedido el testigo a su hijo, ha estado al tanto de estas conversaciones en las que sectores políticos y sociales debaten sobre hojas de ruta alternativas que eviten el choque de trenes. Proclamado ya Felipe VI, todas las miradas se dirigen a él. Y también las de los protagonistas. De hecho, el propio Mas se ha mostrado convencido de que el nuevo rey hará "alguna cosa para encontrar la solución".
Estas declaraciones del presidente de la Generalitat encendieron más de una alarma en el Gobierno del PP. Desde el Ejecutivo se apresuraron a insinuar que el desafío independentista de Cataluña no es cosa de Felipe VI. "Cada uno tiene la tarea que la Constitución le encomienda", defendió el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De hecho, más de uno en el PP quiso hilar fino y vio en el discurso del nuevo rey este mismo mensaje de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno. "Un rey debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas", señaló Felipe VI. "Ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación y respetar en todo momento la independencia del poder judicial", añadiría acto seguido.
Al respecto, el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reclamó este viernes no abusar a la hora de emplazar públicamente al nuevo rey para que resuelva la cuestión del proceso soberanista, ante el riesgo de que se produzca el "efecto contrario". "Cuanto más se lo pidamos públicamente, más limitaremos su capacidad de intervenir privadamente", avisó Duran en su carta web semanal el día después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, expresara su convencimiento de que Felipe VI mediará para intentar facilitar el diálogo entre el Gobierno central y el catalán. A su juicio, el rey no fue explícito en lo relativo al proceso soberanista catalán, aunque ha evitado juzgarlo hasta más adelante, y ha constatado sus limitaciones para poder actuar: "En el mejor de los casos, el rey puede hacer lo que puede hacer y, aunque siendo mucho, será insuficiente si los políticos no asumimos nuestras responsabilidades", zanjó.
Reticencias a este escenario
Desde el ámbito universitario, Lluis Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona, se muestra escéptico sobre la posibilidad de que las élites puedan tomar ahora las riendas de un proceso que, a su juicio, ha nacido de la sociedad catalana.
“Aunque algunos quieran hacer ver que este proceso de desplazamiento de la sociedad catalana hacia posturas independentistas parte de las élites, no es así. Está dirigido desde la sociedad”, completa Orriols que considera que una hoja de ruta alternativa a la marcada sería “ir a contracorriente”. “Habría fuertes resistencias, por lo que los partidos tienen un escaso margen”.
Frente a quienes consideran que el escenario perfecto sería volver a antes de 2011, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y que Rajoy propusiera a Mas una nueva negociación del mismo, Orriols precisa que a su entender “la situación está dada”. “Es difícil cambiar las prioridades. Es difícil que se vuelva a antes de 2011”, dice.
Este doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford cree, además, que CiU ha entrado en un proceso en el que tiene muy complicado echarse atrás. “A los partidos les sería ahora muy difícil cambiar el rumbo. Este es un movimiento de origen más social que político”, insiste.
Otros escenarios posibles
Las posibilidades de una reforma constitucional, de una modificación de la pregunta o de negociar un Estatuto desde cero para desbloquear esta crisis están sobre la mesa de los muñidores de la 'Gran Coalición'. Si la situación no se desbloquea, existe el convencimiento, tanto en el PP como en el PSOE, de que el Gobierno frenará la consulta.
Rajoy pide al PSOE que aclare si su propuesta incluye “una disposición especial para alguna comunidad”
¿Qué pasará entonces? Las fuentes consultadas apuestan por dos escenarios: o Mas convoca elecciones plebiscitarias, o una entidad como la Assemblea Nacional Catalana convoca la consulta en lugar del Govern gracias a la ley de consultas que surja del Parlament.
En más de una ocasión, tanto Rajoy como Mas se han mostrado públicamente dispuestos a sentarse a dialogar para desbloquear la cuestión. Pero la cita, a día de hoy, no se ha producido. De hecho ambos reconocen que ni siquiera han hablado telefónicamente. En el Gobierno creen que el president cometió "un error de bulto" no yendo al Congreso a defender la solicitud del traspaso de competencias para la pregunta, aunque no aclaran en qué hubieran cambiado las cosas si Mas hubiera asistido.
En cualquiera de los escenarios planteados, las fuentes conocedoras de estas conversaciones comparten la necesidad de que las actuaciones lleguen antes del 18 de septiembre de 2014, fecha en que se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia autorizado por el Parlamento de Londres. Después de esta fecha, si la separación del Reino Unido es respaldada en las urnas, los promotores de la independencia en Cataluña tendrán una carta internacional más que emplear y serán más reacios a cualquier tipo de diálogo o negociación.
Las posturas oficiales de los partidos políticos sobre el desafío soberanista del presidente de la Generalitat son de sobra conocidas. Y permanecen teórica y oficialmente inalterables desde que el pasado 12 de diciembre Artur Mas (CiU) pactó con ERC, ICV-EUiA y la CUP la pregunta de la eventual consulta sobre la independencia de Cataluña y una fecha, el 9 de noviembre. Así, los partidos promotores de este referéndum siguen sosteniendo, a día de hoy, que no hay planes B. Que no hay vuelta atrás y que la consulta va a celebrarse. El Gobierno y el PP, el partido que lo sustenta, no se salen tampoco de su argumentario. A saber: la consulta es ilegal y no va a celebrarse porque los ciudadanos de una comunidad no pueden decidir por todos los españoles. Y el PSOE, principal partido de la oposición y, hasta la fecha, aliado del PP en los que considera asuntos de Estado, tampoco ve posible esta consulta e invita a canalizar la cuestión a través de una reforma de la Constitución.