El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que prohibirá ser candidatos electorales a personas que tengan abiertos juicios orales por corrupción. De igual forma, Gallardón ha anunciado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de declarar como testigos por escrito o desde su despacho, como hizo por ejemplo la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en diciembre.
Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez. Ésta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja su departamento.
Se lo hará saber a la dirección del PP
Y, en este sentido, Gallardón ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", ha asegurado. Minutos antes, Rosa Díez había retado a Gallardón no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos se comprometan motu proprio a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.
El titular de Justicia también ha destacado que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. "Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción", ha argumentado.
"Un cáncer que puede matar a todos"
Durante su intervención, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer –ha dicho– que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.
Corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo una veintena en prisión
"Ésta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno", ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. "El Gobierno quiere esa medalla pero no para él", ha insistido. Díez, por su parte, ha reconocido los "avances" en materia de lucha contra la corrupción pero ha lamentado que ha habido "muchas más medidas" anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política.
Tras pedir al ministro pasar "de las palabras a los hechos" para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.
En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el Código Penal –actualmente en tramitación parlamentaria– garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que prohibirá ser candidatos electorales a personas que tengan abiertos juicios orales por corrupción. De igual forma, Gallardón ha anunciado que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de declarar como testigos por escrito o desde su despacho, como hizo por ejemplo la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en diciembre.