Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta:
1. MIGUEL ARIAS CAÑETE
El comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Consiguió así ahorrarse 14.451 euros. La Agencia Tributaria abrió una inspección y le obligó a pagar esa cantidad. Cañete presentó un recurso judicial, pero el tribunal le dio la razón al fisco. El comisario utilizaba una de sus empresas familiares, Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta y controlada desde Holanda, para deducirse ingresos por actividad en la ciudad autónoma, puesto que la ley del IRPF permite descontarse un 50% en las rentas obtenidas allí. En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrolífera Dúcar: un 2,5%.
Además, su esposa, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP. La empresaria apareció en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ante la posibilidad de que Domecq obtuviera sus fondos de la actividad política de su marido. Domecq es miembro de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera. Junto a 12 miembros de su familia, fue apoderada de una compañía con sede fiscal en Panamá, según se desprende de la investigación de los papeles de Panamá, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
2. JUAN CARLOS MONEDERO
Juan Carlos Monedero dimitió como secretario de Programa de Podemos en abril de 2015, tres meses después de revelarse que había cobrado 425.150 euros por trabajos de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una cantidad que percibió a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SL. Esta sociedad, que carecía de empleados, facturó los trabajos tres años después de su realización. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Monedero elaboró esos informes como parte de un proyecto para implantar una moneda común en Latinoamérica en 2013. El exdirigente de Podemos regularizó su deuda con Hacienda en febrero de 2015, pagando 200.000 euros por el IRPF no abonado dos años atrás.
3. JOSÉ MANUEL SORIA
José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria en abril de 2016. Su nombre había aparecido en los papeles de Panamá: fue administrador en 1992 de una sociedad registrada en Bahamas, tal y como constaba en documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa de su familia. “Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal”, fue su primera declaración. Después se descubrió que también había sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, Mechanical Trading Limited. Cuando se disolvió, en 2002, “los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre”. La rúbrica de Soria aparece en la disolución, con fecha de 27 de noviembre de 2002. Por entonces, el titular de Industria era alcalde de Las Palmas.
Ya eran dos paraísos fiscales y Soria había mentido. El PP le retiró su apoyo y terminó renunciado a su cargo. Pero cinco meses después, el Gobierno intentó que fuera nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, pero el escándalo subsiguiente le obligó a renunciar.
4. JOSÉ MANUEL VILLEGAS
El número tres de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue embargado por Hacienda en 2014. El motivo fue el impago de unas cuotas del IVA de su empresa Mabex Gestión SL, de la que es administrador único y que fue contratada por Ciudadanos para hacer labores de asesoría. Además, la sociedad recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por una deuda de 1.027 euros, que luego pagó.
El nombre de la empresa apareció en un informe de la Sindicatura de Cuentas –el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas–, que detectó facturas de Ciudadanos a favor de dos sociedades que tenían como administradores únicos a dos miembros del partido. Según el documento, se abonaron 32.200 euros en concepto de asesoría y consultoría “en el ámbito de la organización interna del partido” y 22.624 “en concepto de secretaría general”. Tal y como publicó entonces infoLibre, esas compañías pertenecían a dos personas de la máxima confianza de Albert Rivera: José Manuel Villegas y Matías Alonso, secretario general del partido.
5. JORDI CAÑAS
Otro cargo de Ciudadanos, el exdiputado catalán Jordi Cañas, fue finalmente absuelto por un juzgado de Barcelona tras ser acusado por la Abogacía del Estado de un delito contra la Hacienda Pública. Aunque la Fiscalía retiró los cargos contra él, fue juzgado por una factura supuestamente falsa que la empresa de su excuñado le había girado por unos servicios de asesoría inmobiliaria inexistentes. La acusación argumentaba que la factura, de 100.000 euros, formaba parte de un entramado societario que había permitido a su familiar político defraudar 429.000 euros en 2005. La sentencia, sin embargo, le absolvió al considerar que esa factura no había sido utilizada en el fraude fiscal.
Sin embargo, el exdiputado ya había abandonado su escaño en la Cámara catalana tras ser imputado. Medio año después Ciudadanos lo recolocó como asesor del partido en el Parlamento Europeo.
6. VICENTE ALBERO, mariano rubio, alejandro pedrós
El ministro de Agricultura Vicente Albero dimitió en 1994 cuando se supo que el banco Ibercorp, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, le había gestionado una cuenta. En ella había depositado la indemnización que le pagó la textil Marie Claire tras ser despedido. Con ese dinero, Albero compró a través de Ibercorp, propiedad del entonces síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, pagarés del Tesoro que no fueron declarados a Hacienda. La inversión alcanzaba los 222.369 euros, 37 millones de pesetas de la época.
El fraude se descubrió al investigar a De la Concha por su implicación en el caso que protagonizó el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, también acusado de fraude fiscal. Rubio, la primera autoridad monetaria de España entre 1984 y 1992, ocultó más de 10 millones de pesetas –60.000 euros— a Hacienda, mediante una cuenta en dinero negro también en el banco Ibercorp. Dimitió en 1992 y en 1994 permaneció dos semanas en prisión.
Igualmente abandonó su cargo el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1999, Alejandro Pedrós Abelló, ya con el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía de Barcelona el imputó por haber ocultado a Hacienda las plusvalías obtenidas por un empresario, Armando Lausaca, en la venta de la cadena de tiendas Massimo Dutti a Inditex. Pedrós Abelló, que era asesor fiscal de Lausaca, tiene en común con Màxim Huerta la brevedad de su cargo: presidió el ICO menos de una semana.
7. CARLOS FABRA
De hasta cinco delitos fiscales fue acusado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. En 2011 el Tribunal Supremo ordenó reabrir estas causas contra quien también presidía el PP en esa provincia. La sentencia dejaba así sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón, que había archivado el proceso por considerar prescritos cuatro de esos cinco delitos. El Alto Tribunal constató el “irregular incremento patrimonial” tanto de Fabra como de su esposa, hijos y las sociedades que todos ellos. Los delitos, además, afectaban al impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF entre 1999 y 2004. Tres años después, la causa ya había vuelto al Supremo, que terminó condenando al político del PP a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a un año a su ya exmujer. En diciembre de 2014 ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) por haber defraudado al fisco 693.000 euros. En 2017 dejó la cárcel tras acceder al tercer grado.
Huerta se puso un sueldo ficticio que le evitaba tributar como IRPF por cuatro de cada cinco euros que ganaba
8. JOSÉ MARÍA AZNAR
Aunque ya no se encontraba en activo, el expresidente del Gobierno José María Aznar fue multado por la Agencia Tributaria en abril de 2016 por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos. Quien fue su ministro, Cristóbal Montoro, abrió en 2014 una inspección a la sociedad Famaztella –creada con su mujer, Ana Botella– para facturar sus actividades profesionales. Con ella tributaba a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Éste tenía entonces un tipo máximo del 45%, pero el de sociedades no superaba el 25%.
Como consecuencia de la indagación en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, Aznar tuvo que pagar una multa de 70.000 euros y abonar una liquidación complementaria de casi 200.000 euros. El expresidente, que es inspector de Hacienda, creó Famaztella en 2004, tras abandonar La Moncloa. A través de ella gestionaba los ingresos procedentes de sus libros y conferencias.
Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta: