El escándalo de la sociedad panameña del ya ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha traído de nuevo al primer plano de la actualidad política un debate recurrente: el de la "despolitización de la justicia". Fiscales, jueces o partidos han insistido en los últimos días en la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial, ya que en España el parlamento y el Gobierno tienen capacidad para nombrar al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como al Fiscal General del Estado o el presidente del Tribunal Supremo. No obstante, según fuentes jurídicas, este esquema de nombramientos es similar al de países de nuestro entorno.
La dimisión de Moix se ha precipitado por la noticia adelantada el martes por este diario, que informó de que el ya ex fiscal jefe de Anticorrupción tenía el 25% de una sociedad en Panamá. No obstante, desde que fue nombrado en febrero de este año, Moix ha estado rodeado de varias polémicas que ponían en duda la independencia al frente del puesto de un hombre que el expresidente madrileño Ignacio González –ahora mismo en prisión provisional en el marco del caso Lezo– había calificado de "tío serio y bueno". La más flagrante de ellas, quizá, le estalló a Moix tras el comienzo de las operaciones policiales por Lezo, ya que apenas un día después de la detención de González se conoció que el jefe de Anticorrupción se había opuesto a algunos de los registros que, finalmente, sí pudo realizar la Guardia Civil.
Estos escándalos llevaron a que Moix, junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueran formalmente reprobados por el Congreso de los Diputados hace unas semanas. La mayoría de la Cámara baja acusó a Moix y Maza de "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones" y a Catalá de tener una responsabilidad "directa" en esta actitud. Y es que el ministro de Justicia es el responsable más inmediato del nombramiento del fiscal general del Estado, ya que la norma establece que este cargo lo nombra el rey a propuesta del Consejo de Ministros. Posteriormente, el fiscal general del Estado es quien nombra al fiscal Anticorrupción.
Este sistema de elección lleva tiempo generando críticas, y el escándalo de Moix las ha reavivado, toda vez que Maza aseguró que no veía "ningún motivo" para la dimisión del fiscal anticorrupción elegido por él. En este sentido, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), señalaba este mismo jueves que "es necesario pasar del Fiscal General del Gobierno al Fiscal General del Estado", y argumentaba que, para ello, este cargo debería pasar de ser elegido por el Gobierno a necesitar el apoyo de una mayoría reforzada del Congreso. "Podríamos decir que es el fiscal elegido por el Gobierno pero consensuado, y así se alejaría del gusto o preferencia del Gobierno, lo distanciaría del gobierno", argumentó Pallarés. A este respecto, Ciudadanos tiene pensado presentar en el Congreso la próxima semana una proposición de ley precisamente para poner en marcha esta medida.
El CGPJ, el Supremo o el Constitucional
Pero el del fiscal general del Estado no es el único ejemplo de nombramientos judiciales decididos desde instancias políticas. El ejemplo más claro es el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que las Cortes Generales escogen a sus 20 miembros: 12 son jueces o magistrados, y los otros ocho, "juristas de reconocido prestigio". No obstante, para evitar que un sólo partido acapare todos los puestos, la elección de los integrantes del CGPJ requiere mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, que eligen diez nombres cada uno. La duración del mandato de estos jueces es de cinco años, para evitar que el recambio coincida con las elecciones generales.
En la práctica, la composición del CGPJ es fruto de un pacto entre los grandes partidos. El último reparto se produjo en 2013 y estuvo basado en un pacto entre PP y PSOE, al que se unieron CiU, PNV e IU a la hora de escoger a los ocho juristas que componen el órgano –los otros doce miembros son jueces y magistrados, y fueron apoyados únicamente por los dos principales partidos–. Ahora mismo, en el CGPJ hay 10 juristas propuestos por el PP, uno por CiU, otro por el PNV, siete por el PSOE y una por IU.
Esta holgada mayoría conservadora sirvió, en su día, para escoger a Carlos Lesmes como presidente del CGPJ, un cargo que también implica ser presidente del Tribunal Supremo, la principal instancia judicial a nivel estatal. En este sentido, el CGPJ escogido por las Cortes Generales también tiene la potestad de elegir a los magistrados del Alto Tribunal.
El poder legislativo y el ejecutivo también tienen mucho que decir en la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Y es que los 12 miembros del órgano son escogidos por instituciones de estos dos poderes: el Congreso y el Senado eligen cuatro integrantes cada uno, por dos designados directamente por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Para tratar de aumentar la independencia de los magistrados, su mandato dura un total de nueve años, y el Tribunal se renueva por terceras partes cada tres años. No obstante, en la práctica, las mayorías reflejan las que existían en el parlamento en el momento de la elección de los magistrados: en la actualidad, ocho son conservadores y cuatro, progresistas.
Un sistema similar a los europeos
En resumen: instituciones fundamentales del poder judicial como son el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Fiscal General del Estado son elegidas por los otros dos poderes. No obstante, la intervención política a la hora de nombrar cargos del sistema judicial no es algo exclusivo de nuestro país, según aclara Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y exletrado del CGPJ, que explica a infoLibre que este tipo de métodos de elección son habituales tanto en estados del entorno de España como en la propia UE.
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"El hecho de que estas instituciones sean escogidas por otras como el Congreso permite que tengan una legitimación democrática", sostiene Bacigalupo, que explica que en Alemania, por ejemplo, ni siquiera existe un órgano homologable al CGPJ, ya que el poder judicial es gobernado directamente por el ministro de Justicia y sus homólogos de cada Estado federado. "Y los magistrados de los tribunales supremos de cada orden jurisdiccional son nombrados por una comisión que forman 16 diputados del Bundestag [la cámara baja] y los 16 ministros de Justicia" de los Estados, plantea igualmente el experto, que apunta que en Alemania los jueces sí tienen permitido militar en partidos políticos, al contrario de lo que ocurre en España.
Tampoco es extraña en nuestro entorno, asevera Bacigalupo, la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. El ejemplo que pone en este caso es el francés, donde el Consejo Constitucional está formado por nueve miembros escogidos por únicamente tres personas: el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional (la cámara baja, equivalente al Congreso) y el presidente del Senado. Cada uno de ellos escoge un nombre cada vez, dado que los miembros del tribunal se renuevan por tercios cada tres años.
¿Y en el caso del fiscal general del Estado? Las figuras equivalentes a ésta en otras jurisdicciones, sostiene Bacigalupo, también son escogidas por sus respectivos gobiernos. "Siempre se ha entendido que el Ministerio Público está vinculado al poder ejecutivo", argumenta el experto. La diferencia radica, argumenta, en la "cultura institucional" que existe en otros países y de la que España, a su juicio, adolece. "Obviamente, no hay un sistema perfecto, pero la cultura institucional de países como Alemania o Francia redunda en que no se escojan para los órganos del poder judicial meros delegados de los partidos", señala Bacigalupo, que apunta que a su entender la intervención del ejecutivo y el legislativo en estos nombramientos garantiza que se respeta la pluralidad ideológica en un poder, el judicial, "mayoritariamente conservador".
El escándalo de la sociedad panameña del ya ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha traído de nuevo al primer plano de la actualidad política un debate recurrente: el de la "despolitización de la justicia". Fiscales, jueces o partidos han insistido en los últimos días en la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial, ya que en España el parlamento y el Gobierno tienen capacidad para nombrar al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como al Fiscal General del Estado o el presidente del Tribunal Supremo. No obstante, según fuentes jurídicas, este esquema de nombramientos es similar al de países de nuestro entorno.