El aviso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la “politización de la justicia máxima” mientras Félix Bolaños tomaba posesión como ministro de Justicia adquirió este martes carácter profético. Esa misma mañana el Tribunal Supremo tumbó el ascenso de la exministra de Justicia Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal: fiscal de sala. Y lo hizo con una sentencia que sin mencionar el extensísimo currículum de la ascendida asesta un mazazo al fiscal general del Estado, Álvaro García, al atribuirle una “visible e innegable” “desviación de poder”. Pero resulta que también esa misma mañana la firma de uno de los cinco jueces que suscriben la resolución del Supremo, José Luis Requero, aparecía bajo el titular de un artículo publicado por el diario La Razón y cuyo contenido plasma en efecto una politización “máxima” de la justicia: al menos en este caso, por parte de magistrados, no del Gobierno.
En ese texto, Requero no solo se pronuncia de forma virulenta contra el Ejecutivo sino que culpa a la izquierda de “haber propiciado una guerra civil” y anima a los jueces a no participar en una “renovación fraudulenta” que alumbre un “ilegítimo” Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace cinco años por el PP y en manos por tanto de una mayoría conservadora. Vinculado al Opus Dei y ponente de sentencias contrarias al recorte de conciertos con colegios privados que acordó el anterior Gobierno valenciano, el magistrado de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal tilda de “apesebrados” al Tribunal Constitucional (TC) y a la Fiscalía General del Estado. Es decir, al tribunal de garantías y a la cúspide del ministerio público, aquella a la que dirigida por Álvaro García la sentencia del Supremo atribuye una desviación de poder contraria a la “neutralidad política” por haber propuesto a Dolores Delgado como fiscal togada (el área de derecho militar). Delgado fue nombrada Fiscal General del Estado en 2020. En 2022 fue relevada por el actual titular al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz.
Su irrupción furibunda contra la izquierda española, a la que presenta en tándem con los nacionalismos, deja estas líneas: "Vivimos la natural evolución del nacionalismo y de la izquierda hispana, y las biografías de ambos cuentan con sonados méritos como traicionar el pacto constitucional en cuanto al Poder Judicial, añadido a intentos de golpe de Estado, haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado, entre otras gestas".
La oscura sombra del 'lawfare'
Lo anterior ocurre en un clima de alta tensión donde la referencia en el pacto PSOE-Junts al lawfare, el anglicismo que define el uso de la ley como arma de guerra contra los oponentes políticos, ha soliviantado a los jueces. Las asociaciones judiciales aseguran que hablar de lawfare y comprometerse a investigarlo en el Congreso implica una “intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes” . ¿Pero qué sucede cuando, con la libertad de expresión como escudo, un magistrado practica una abierta intromisión en el terreno de la política? ¿Abrirá, por ejemplo, diligencias el órgano de gobierno de los jueces por el artículo de Requero? La respuesta del CGPJ se resume así: nunca se inicia de oficio un expediente de tal naturaleza. Y en el actual mandato –el que empezó en 2013 y expiró legalmente en diciembre de 2018– ninguno ha sido sancionado. Por ejemplo, al presidente del TSJ de Castilla y León, el conservador José Luis Concepción, el Consejo se limitó a pedirle “mesura” cuando en 2020 acusó al Gobierno de “suspender derechos fundamentales” al decretar el Estado de Alarma durante la pandemia. Esa regañina no le impidió comparar en octubre del año pasado al PCE, uno de los artífices del pacto de la Transición, con el partido nazi.
También en 2022, el juez de Barcelona Carlos Antonio Vegas, que se camuflaba bajo el seudónimo Randy Watson, difundió en las redes sociales el siguiente mensaje: "Tal vez va siendo hora de que los jueces desestimemos cualquier petición de la Generalitat de Cataluña, tengan o no razón". El CGPJ también archivó el caso. No vio razones para una sanción. En 2015, el Consejo había suspendido por tres años al también juez barcelonés Santiago Vidal por redactar un proyecto de Constitución para Cataluña.
Este mismo miércoles, el CGPJ informó de que “el Promotor de la Acción Disciplinaria ha incoado una diligencia informativa para establecer el alcance disciplinario” de los mensajes en redes sociales que en los últimos días ha difundido el juez madrileño Manuel Ruiz de Lara. Esto es, el que ha llamado “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno. Ante la pregunta de por qué se abren diligencias en este caso si nunca puede actuarse de oficio -o lo que es lo mismo sin denuncia-, el CGPJ respondió que estamos ante la ampliación de algunas actuaciones. ¿Cuáles? No hubo respuesta.
Cuando las fechas coinciden
Entre los episodios que exacerban las sospechas de lawfare no solo se cuentan aquellos donde magistrados o fiscales -también la exfiscal general del Estado bajo el gobierno de Rajoy, Consuelo Madrigal, acusó al Gobierno de una “apropiación ilegítima del poder” por el estado de alarma- lanzan misiles verbales. La coincidencia de fechas de determinadas decisiones judiciales con momentos políticos de relevancia plantean interrogantes. De nuevo, un ejemplo: el lunes 6, cuando la negociación entre PSOE y Junts sobre la futura ley de amnistía afrontaba la recta final, fue justamente el elegido por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para lanzar tras meses de silencio el auto donde ya involucraba a Carles Puigdemont en un supuesto delito de terrorismo por los disturbios de la plataforma Tsunami Democràtic. García Castellón, que no esperó la llegada del informe que él mismo había requerido el viernes antes a la Fiscalía, se había pronunciado en público contra la medida de gracia un mes antes. El 8 de noviembre, el secretario de Estado de Justicia acusó a García Castellón de querer “influir” en la negociación. El juez pidió amparo al CGPJ. Y el Consejo, que basándose en la mayoría conservadora ya había emitido una declaración contra la amnistía, acordó al día siguiente tramitar su solicitud.
También hay coincidencia de fechas en lo sucedido respecto a Dolores Delgado. Como se expuso al comienzo de este texto, la sentencia que anula su nombramiento vio la luz el mismo día en que se producía el traspaso de cartera en el Ministerio de Justicia. Las palabras “desviación de poder” eclipsaron de inmediato la advertencia del nuevo titular del departamento, Félix Bolaños: el relevo en el Consejo General del Poder Judicial "no es una opción sino una obligación”. El bloqueo de 2018 se produjo tras filtrarse un whatsapp del PP donde se dejaba constancia de que, aun perdiendo la mayoría en el órgano de gobierno, el partido seguiría “controlando desde detrás” la Sala Penal del Supremo. A partir de ahí, el propio PP se ha negado a cerrar un acuerdo para cumplir la ley que ordena la renovación.
Adoptada por unanimidad de los cinco miembros del tribunal juzgador –tres conservadores mientras que una de las dos figuras consideradas progresistas, Celsa Picó, se jubila en febrero–, la sentencia que anula el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala ha tenido como ponente a Luis María Díez-Picazo. Entre los hitos de su trayectoria judicial se cuenta haber obligado en 2018 y durante su etapa como presidente de la Sala la revisión de la sentencia que obligaba a los bancos a asumir el pago del impuesto de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados. Hasta un año antes, y como desveló infoLibre, Díez-Picazo había sido profesor a la par que magistrado del Supremo en el centro universitario Cunef, propiedad de la Asociación Española de Banca. El escándalo alcanzó tal magnitud que el entonces presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pidió perdón a la ciudadanía.
Nunca se supo cuánto cobraba Díez-Picazo de Cunef: los miembros del tercer poder del Estado son los únicos a los que no afectan las leyes de transparencia aplicables en España a las instituciones públicas. Solo hay una salvedad: todos los integrantes del CGPJ están obligados por ley a presentar una declaración de bienes y a entregar cada ejercicio copia de su declaración de IRFPF. Pero, como publicó infoLibre, ese mandato se incumple desde hace ocho años dado que llevarlo a efecto exige la modificación del reglamento interno, para la que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2013 -con Rajoy en Moncloa- dio seis meses y cuya aprobación solo necesitaba la mayoría absoluta que entonces y ahora posee el sector conservador del órgano de gobierno. El reglamento nunca se ha actualizado.
Cuestión de currículum
Qué es el 'lawfare', la palabra que envenena el acuerdo con Junts y que ha puesto en pie de guerra al mundo judicial
Delgado, cuyo currículum detalló casi al milímetro el fiscal general en el documento donde motivaba el porqué de su propuesta para el cargo de fiscal de sala del Supremo, ejerció durante 29 años como fiscal especialista en criminalidad organizada, la lucha contra el terrorismo y su financiación, el narcotráfico o el blanqueo de capitales. En ese escrito de motivación, Álvaro García Ortiz destacó lo que sigue: “La reivindicación del peso institucional del Ministerio Fiscal y su fortalecimiento exigen reconocer a quienes han ostentado su máxima dirección y más alta representación la categoría de Fiscal de Sala a su cese.
Esta, sin duda, ha sido la razón que ha llevado a mis predecesores en el cargo a proponer para su ascenso a la primera categoría a los y las fiscales de carrera que con anterioridad han ejercito tan elevada responsabilidad”. Como fiscal en la Audiencia Nacional –recordaba también García Ortiz–, Delgado intervino en la desarticulación del último comando operativo de ETA (Comando Vizcaya), en el juicio por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina durante la dictadura militar y en procedimientos como el de Hervé Falciani, el empleado del HSBC que filtró la mayor lista de defraudadores de la historia. En las hemerotecas ha quedado una de las frases de Delgado en aquel caso de extradición exigida por Suiza: “El HSBC es en sí un paraíso fiscal”.
El Supremo invoca en cambio el hecho de que en la sesión del llamado Consejo Fiscal que debía informar sobre los aspirantes a la plaza de fiscal de sala, el candidato autor del recurso contra el nombramiento de Delgado, Luis Rueda García “obtuvo seis votos, frente a cinco a favor de la señora Delgado García”. “Del debate que allí se desarrolló consta que los vocales favorables al señor Rueda García hicieron hincapié en su conocimiento del Derecho Militar, derivado del hecho de haber pertenecido al Cuerpo Jurídico Militar antes de su incorporación a la Carrera Fiscal, así como de haber continuado escribiendo e impartiendo conferencias sobre dicha rama del ordenamiento. Aquellos que, por el contrario, se inclinaron a favor de la señora Delgado García consideraron más relevante su dilatada experiencia como Fiscal en la jurisdicción penal, además de sus méritos como Ministra de Justicia y luego como Fiscal General del Estado”. Delgado ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para combatir una sentencia que, en opinión de su entorno, “parece estar escrita de fin a principio”. Es decir, que la argumentación se ha construido a partir de una conclusión previa que no acepta cambios.
El aviso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la “politización de la justicia máxima” mientras Félix Bolaños tomaba posesión como ministro de Justicia adquirió este martes carácter profético. Esa misma mañana el Tribunal Supremo tumbó el ascenso de la exministra de Justicia Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal: fiscal de sala. Y lo hizo con una sentencia que sin mencionar el extensísimo currículum de la ascendida asesta un mazazo al fiscal general del Estado, Álvaro García, al atribuirle una “visible e innegable” “desviación de poder”. Pero resulta que también esa misma mañana la firma de uno de los cinco jueces que suscriben la resolución del Supremo, José Luis Requero, aparecía bajo el titular de un artículo publicado por el diario La Razón y cuyo contenido plasma en efecto una politización “máxima” de la justicia: al menos en este caso, por parte de magistrados, no del Gobierno.