El dirigente del PP Esteban González Pons declarará el martes como testigo ante el juez del caso Urdangarin pero no lo hará en su despacho del Congreso, privilegio que la ley otorga a los diputados, sino en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, según fuentes del caso.
Como conseller de Relaciones Institucionales de Valencia, Pons estampó su firma la víspera de la Nochebuena de 2005 en el último convenio suscrito por la Generalitat con el Instituto Nóos de Urdangarin y Diego Torres: el destinado a organizar los llamados Juegos Europeos, que jamás llegaron a celebrarse pero que reportaron a Instituto Nóos 382.000 euros.
Cuando trascendió que Pons era uno de los firmantes de aquel acuerdo, que garantizaba a la pretendida ONG Instituto Nóos nada menos que seis millones de euros, Pons vino a decir que lo había rubricado siguiendo órdenes de su entonces jefe, Francisco Camps. Fue en efecto el gabinete de Camps el que autorizó y canalizó los pagos a Nóos.
Pero el exconseller y hoy vicesecretario de Estudios del PP podría aclarar uno de los aspectos menos conocidos del caso: la incursión de Urdangarin en el negocio inmobiliario. Hasta ahora se sabe que, en compañía del promotor Enrique Bañuelos, el yerno del rey propuso a mediados de 2006 a un alto cargo de la Generalitat valenciana levantar una urbanización en el parque natural del Saler a cambio de construir un puerto deportivo para la Copa América. El Ejecutivo valenciano desechó de inmediato la idea por descabellada. ¿Fue Pons, conseller de Política Territorial desde el 30 de mayo de 2006, el interlocutor refractario de Urdangarin? Quizá lo aclare el martes.
El asesor del rey, testigo estrella
Ese día y el siguiente, el magistrado José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach interrogarán en Madrid a otros 18 testigos, entre ellos el asesor jurídico del rey, José Manuel Romero, conde de Fontao. En la lista hay también un imputado: Robert Cockx, el testaferro profesional que, según Anticorrupción, permitió utilizar su cuenta de Suiza a Urdangarin para que cobrase 140.000 euros, extremo que el duque de Palma niega.
El propietario de otra cuenta de esa cadena de cobros, a quien se consideraba muy amigo de Urdangarin, y un asesor fiscal igualmente ligado a la operación declaran igualmente. Hasta ahora, los tres han desmentido la participación de Urdangarin en esos cobros, derivados de un contrato suscrito con Aguas de Valencia.
Ver másUrdangarin consultaba con la infanta sus negocios en Nóos
Pero, tras la entrega de nuevos correos que destapan cómo Urdangarin pidió al rey que utilizara sus influencias en favor del primer gran pelotazo de Instituto Nóos, la Valencia Summit de 204, el testimonio más esperado es el del conde de Fontao. Asesor jurídico externo del rey, Fontao aclarará –se supone- por qué permitió a Urdangarin embarcarse en una nueva fundación –DCIS, usada para sacar de España medio millón de euros- y actuó de hecho en favor de la entidad si la Casa Real le había ordenado en 2006 romper con Diego Torres.
La abundantísima munición documental que sustenta las graves imputaciones contra Urdangarin y multitud de testimonios incorporados a la causa ya han demostrado que ni el marido de Cristina de Borbón rompió con la trama ni dejó de hacer negocios públicos. Simplemente, se colocó en un segundo plano para evitar visibilidad.
En cuatro años, Instituto Nóos y su ONG heredera Fundación DCIS se embolsaron seis millones de euros públicos. El dinero acabó directamente trasvasado a las empresas controladas por el duque de Palma y su antiguo socio y profesor en Esade.
El dirigente del PP Esteban González Pons declarará el martes como testigo ante el juez del caso Urdangarin pero no lo hará en su despacho del Congreso, privilegio que la ley otorga a los diputados, sino en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, según fuentes del caso.