Jorge Aragón (CCOO), Cristóbal José Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Salas i Prat (propuesto por ERC) son los tres expertos que se abstuvieron en el informe final de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, encargado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). En sus votos particulares, recogidos al final del documento, se puede leer una propuesta alternativa al modelo de evolución del sistema que recoge el resto de sabios.
Los añadidos de Aragón, Gallego y Salas, en su mayoría, avanzan en aspectos en los que consideran que el consenso alcanzado ha sido poco ambicioso: eso sí, remarcan que se ha hecho un buen trabajo, que coinciden en la mayoría de puntos y que, probablemente, la falta de tiempo y de medios ofrecidos por el Ejecutivo ha influido en el resultado final.
1. El funcionamiento del mercado eléctrico
El mercado eléctrico en España, resumiendo y simplificando, funciona mediante un sistema mayorista de compra y venta de esta energía entre las productoras, las distribuidoras y las comercializadoras. Utiliza un sistema marginalista, en el que cada productora tira a la piscina (al mercado también se le llama pool, piscina en inglés) un precio por cada kilovatio. Y el precio donde coincide la oferta y la demanda, habitualmente más caro, es el precio al que cobran la energía todas las productoras: suelen marcarlo las centrales térmicas de carbón o las de ciclo combinado, ya que las renovables tienen materia prima gratis y las nucleares están todo el rato encendidas, por lo que continuamente tienen que estar produciendo electricidad.
La Comisión de Expertos propone, entre otras medidas, rediseñar los pagos de capacidad para reforzar el papel de la generación de energía no renovable como respaldo de la renovable en condiciones climatológicas adversas. Se plantea un rediseño del sistema mediante el que se configura el pool, dado que se prevé una introducción continua de más capacidad renovable durante los próximos años y décadas. La propuesta, sin embargo, es muy abierta: "Si bien el sistema actual está permitiendo cubrir la potencia demandada en cada subasta de forma que el sistema pueda incorporar nueva capacidad de modo adecuado, debe reevaluarse continuamente, si se pone de manifiesto que puede no ser la vía correcta".
Aragón echa de menos en el informe final un análisis más detallado de cómo funciona el mercado y "sus principales disfunciones", que detalla en el voto particular. Considera el experto que el sistema se plantea como un mercado de libre competencia, copado por empresas privadas que no tienen por qué responder a los intereses del Estado, donde no todas juegan con las mismas condiciones. Mediante los Costes de Transición a la Competencia, que sirvieron para compensar a las centrales construidas antes del 96 (cuando se pasó de un sistema regulado a otro de mercado), a estas infraestructuras "se les ha pagado sus costes de amortización" mientras que a otras no. Las tecnologías, considera Aragón, son muy distintas: las nucleares, por ejemplo, están casi siempre en funcionamiento por lo que los costes variables que tienen que abordar son bajos: a diferencia de una central de ciclo combinado. Las renovables, además, tienen que abordar "costes de operación muy bajos y mayores costes de inversión". En definitiva, Aragón propone establecer un precio por cada grupo homogéneo de tecnologías, lo que requeriría un examen concienzudo del sistema que no se ha hecho en el informe.
El experto de CCOO señala, además, que este análisis es indispensable para abordar el gran punto fuerte del informe: su apuesta decidida por una reforma fiscal ambiental bajo el lema "quien contamina, paga" que grave los contaminantes que se emiten a la atmósfera. Si las centrales térmicas y de ciclo combinado, mayores emisoras de CO2 y de kilovatio más caro, son las que ponen el precio de todo el pool, "el coste de generar CO2 se trasladará al precio de todos los kilovatios, determinando el coste final del usuario" y mandando la señal de que da igual cómo se genere la electricidad que consumimos: la pagamos igual. La Comisión, en definitiva, propone que sean las productoras las que lo paguen. Aragón defiende que se diferencie entre tecnologías limpias y sucias también en el pago final de la factura de la luz.
Con respecto a esta reforma fiscal de tintes ambientales, Gallego también considera que no se ha abordado con la ambición suficiente, al considerar que la Comisión es muy cautelosa para evitar aumentar la presión fiscal sobre empresas y ciudadanos. "La reforma fiscal que se plantea tiene como restricción el no aumento de los ingresos fiscales. Esta restricción carece de sentido en un contexto en el que España está por debajo tanto en presión fiscal en general como en fiscalidad ambiental en particular, por lo que impide una vía de mejora clara del bienestar social", defiende.
2. Movilidad
Como explicamos en el artículo que desgrana las claves más importantes del informe, el documento aborda la movilidad y la obligación de que sea sostenible en un contexto de transición energética, pero no pone sobre la mesa medidas demasiado concretas. Algo criticado también por Aragón, que sostiene que el transporte público y/o colectivo en las ciudades, con independencia de su tamaño, unido a actuaciones en la planificación urbanística, tiene un papel preponderante en la reducción de emisiones, y paralelamente es generador de empleo estable y de calidad. El tratamiento que se ha dado en el informe ha sido relativamente marginal y escasamente propositivo", critica.
El experto incide en la importancia del ferrocarril como piedra angular de un nuevo modelo de transporte. Reconoce que en España "ha habido un cierto aumento en las inversiones en el sector ferroviario, pero éstas han sido para la alta velocidad", dejando de lado los trenes regionales de medio y largo recorrido y las cercanías en las grandes ciudades. "Esta orientación en las inversiones no promueve el uso del transporte por ferrocarril y con ello un menor uso del vehículo privado, con lo que se evitaría una importante cantidad de gases de efecto invernadero".
3. Los objetivos europeos y el modelo de transición
El análisis toma en cuenta, a la hora de plantear los diversos escenarios y sus variables, si se cumplen los objetivos y los límites que establece la Unión Europea en cuanto a penetración de renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para Josep María Salas, no es suficiente si queremos abordar una transición que funcione realmente como una herramienta de acción climática. El informe ha trabajado sobre unos escenarios base que, de primeras, plantean un alto nivel de implantación de renovables, con un papel activo de los autoconsumidores. "A pesar de los esfuerzos de los distintos vocales", reconoce Salas, "el resultado logrado es ambivalente respecto a la consecución de los compromisos mínimos exigidos por Europa".
Los objetivos de sectores difusos y ETS planteados por la Unión Europea, tanto a nivel global como a nivel estatal, se cumplen de cara a 2030 según los escenarios del documento, pero el vocal cree que España debería optar a un 40% en reducción de GEI de todos los sectores con respecto a 1990 (en vez del 26% con respecto a 2005 vinculante para transporte, calefacción y agricultura), una tasa de renovables del 35% (en vez del 27% al que el informe estima que no vamos a llegar) y una tasa de eficiencia energética del 40% más allá del 27% vinculante, puesto que, tal y como reconocen todos los expertos, un alto grado de esta eficiencia, sobre todo en los edificios, descenderá el consumo de energía y hará posible que las tecnologías limpias se implanten con más facilidad. "Si bien los escenarios 2030 representan una alta penetración de energía renovable, sería erróneo caer en la complacencia que podría diluir los esfuerzos necesarios para afrontar los retos que la transición energética nos plantea", asegura.
Cristóbal Gallego añade: "España, al ser uno de los países de la Unión Europea que sufrirá con más intensidad los efectos del cambio climático, debería liderar una propuesta de objetivos más ambiciosos". Los expertos abstencionistas echan de menos, en general, un análisis más en profundidad de la situación precaria del país con respecto a los fenómenos climáticos que están por venir o que están ya afectando a todos los sectores.
En cuanto a dichas emisiones, Salas critica que se tengan en cuenta las que provocan el cambio climático y no una de las que producen la contaminación atmosférica que empeora la calidad del aire de nuestras ciudades: las partículas en suspensión. "El informe no hace suficiente incidencia en el impacto" que provocan, argumenta, "ya que en los distintos escenarios prácticamente no se reduce su emisión". En cuanto a la calidad del aire, el documento prevé una mejora no debido a la electrificación del parque móvil, sino a la mayor eficiencia de los vehículos de combustión habituales. Pide el experto que los distintos escenarios descarten "cualquier apoyo a los vehículos propulsados por combustibles fósiles", algo que no se da en el trabajo de la Comisión.
El modelo de transición energética está indisolublemente ligado a esos objetivos de reducción de emisiones. La Comisión trabaja sobre un modelo donde las nucleares tienen un gran peso, el carbón ha menguado pero no desaparece del todo y el gas, como combustible de transición y garantía del suministro, cuenta con una capacidad instalada nada despreciable. “El voto particular se manifiesta crítico con el papel sobredimensionado del papel del gas en generación de electricidad que se obtiene de los resultados del análisis”, afirma Salas, ya que esta entrada del ciclo combinado "no está suficientemente justificada" dado que, aun así, obtendremos un nivel "precario" de cumplimiento de los objetivos de la UE.
4. El crecimiento de la demanda
Pese a que los escenarios planteados por la Comisión estiman un "desacoplamiento" entre el crecimiento económico y la cantidad de energía consumida, las predicciones dibujan un futuro en el que la demanda de energía no deja de crecer, incompatible, como por otro lado era previsible, con las teorías del decrecimiento como único camino contra el cambio climático. Salas reconoce ese desacoplamiento pero advierte de que, desde una perspectiva global, no es suficiente: "Cualquier proceso de prospección de escenarios energéticos a medio y largo plazo debe afrontar en toda su magnitud el modelo de consumo basado en una lógica de recursos ilimitados. Si bien excede del mandato de la Comisión, sí que es pertinente apuntarlo”, defiende.
Cristóbal Gallego va más allá y, si bien celebra que el informe ponga especial hincapié en la eficiencia energética como medida de reducción del consumo de energía, cree que no es suficiente. "Las medidas políticas que impulsen reducciones en la necesidad de servicios energéticos deberían cobrar un papel fundamental" y de esto, denuncian, no hay mucho en las más de 500 páginas de documento. "Los escenarios considerados deberían haber sido más ambiciosos en este sentido", critica el vocal.
5. El autoconsumo y el 'impuesto al sol'
La electricidad con garantía de origen renovable cobra auge en los grandes ayuntamientos
Dentro del capítulo de medidas de reforma del sistema eléctrico, la Comisión de Expertos propone derogar el llamado impuesto al sol, el peaje de respaldo introducido en el Real Decreto 900/2015, del 9 de octubre, de regulación del autoconsumo eléctrico. La norma de 2015 establece que los autoconsumidores cuya instalación está conectada a la red con el objetivo de consumir electricidad en las horas en las que no corre el viento o no hace sol tienen que pagar el peaje, un elemento introducido para que los poseedores de una infraestructura de este tipo se vean obligados a tener que pagar un sistema que durante muchas horas no utilizan. En este decreto se dividió en dos: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes, como el déficit de tarifa o las primas a las renovables. El primero solo se aplica cuando se hace uso de la red, pero el segundo se aplica por la electricidad autoconsumida, la que se genera en el panel fotovoltaico y consumen los electrodomésticos sin que un solo electrón salga del hogar.
El documento propone su supresión para favorecer una generación de electricidad distribuida y no centralizada, coherente con el escenario base con el que trabajan de cara a 2030. "Se introduce también la discusión sobre aspectos a favor y en contra de la medida", reza el resumen ejecutivo. El informe, pese a apostar por eliminar el peaje, reconoce que la medida tiene sentido en cuanto pretende eliminar un supuesto trato de favor a los autoconsumidores ya que les hace pagar por las infraestructuras eléctricas y, de otro modo, los no autoconsumidores deberían abonar más dinero por ellas.
Cristóbal Gallego no está de acuerdo: señala, entre otros motivos, que ese "trato de favor" se reduce al 1%, una "ínfima contribución" a la recaudación. Salas, por su parte, argumenta que se le da mucho espacio en el informe a los peligros del autoconsumo y no tanto a sus ventajas: la principal, una reducción en los gases de efecto invernadero que emite el país, dado que el autoconsumo es renovable y una medida de eficiencia energética, al reducirse las pérdidas y el impacto ambiental que causa la distribución.
Jorge Aragón (CCOO), Cristóbal José Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Salas i Prat (propuesto por ERC) son los tres expertos que se abstuvieron en el informe final de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, encargado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). En sus votos particulares, recogidos al final del documento, se puede leer una propuesta alternativa al modelo de evolución del sistema que recoge el resto de sabios.