El juez de Salamanca que investiga la presunta financiación ilegal del PP en las primarias que en 2017 ganó el ahora presidente en funciones de Castilla y León y aspirante a renovar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de tumbar el último intento del partido para evitar el avance de la investigación.
En un decreto fechado el pasado día 25, el titular del juzgado de instrucción 2 rechaza el recurso en el que los conservadores se oponían a que, aplicando la petición del fiscal, el Tribunal de Cuentas acceda a documentos clave sobre las supuestas aportaciones en metálico y sin justificante de entrega hechas en 2017. Lo que, también supuestamente, buscaban esas entregas de las que no hay rastro contable es pagar las cuotas de afiliados morosos de Salamanca y que así pudieran votar en las primarias.
Ya antes, el 1 de febrero, y mediante una simple "diligencia de ordenación" firmada por la letrada de la Administración de Justicia, el juzgado había acordado, como adelantó eldiario.es, hacer lo que pedía el fiscal para que los papeles acabaran así de inmediato en manos del Tribunal de Cuentas: y ello porque, como explican fuentes jurídicas, los recursos no paralizan las actuaciones a menos que se adopten medidas cautelares. Pero por si eso no bastaba, la decisión del juez revalida ahora el paso dado hace un mes. En su escueta resolución, el magistrado subraya que procede desestimar el recurso del PP por "el conjunto de las actuaciones practicadas". Y que el texto de los conservadores "cuestiona el escrito presentado por el Ministerio Fiscal, lo cual no puede ser objeto de este recurso". El PP salmantino no ha desvelado aún si acudirá o no ante la Audiencia Provincial.
Entre las supuestas aportaciones bajo sospecha de ilegalidad figura una que el propio Mañueco reclama como suya. En noviembre, y una vez que el juez imputó al PP por el –siempre supuesto– delito de donación ilegal, Mañueco prometió “colaboración máxima” con la justicia.
Con la adhesión de la acusación popular que ejerce el Foro de Izquierdas, que llevaba más de un año intentando que el Tribunal de Cuentas entre en escena, la Fiscalía pidió al juez el 25 de enero el envío al máximo órgano fiscalizador de múltiples documentos de la causa. Entre ellos, los datos bancarios hasta ahora anonimizados –o sea, imposibles de identificar–, así como la lista de beneficiados por esas aportaciones. Los supuestos aportantes –también Mañueco– han firmado declaraciones juradas de que sí dieron dinero de su bolsillo para pagar cuotas pendientes. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe de forma taxativa ese tipo de entregas en metálico y sin documentar.
En ese escrito del 25 de enero, el fiscal relató un episodio que había pasado inadvertido: que en noviembre de 2020 el juez instó al PP de Salamanca a facilitarle un "informe de auditoría de control interno" en el que constasen "todos los actos y documentos de carácter económico" contabilizados en 2017. Y aquí llega el dardo: "A día de hoy, transcurrido con creces el plazo dado no consta el informe de auditoría de control interno, por lo que entendemos que es posible que este no exista infringiéndose lo dispuesto en el artículo 15 de la ley de financiación de partidos políticos". Así lo dejó escrito el fiscal.
Las cuotas de los afiliados, señala la ley de Financiación, han de pagarse mediante ingresos siempre “nominativos” en cuentas bancarias. ¿Cómo justifica el PP el método ahora investigado por la justicia y que, según la acusación popular, ni siquiera encierra una donación ilegal sino el uso de dinero B y no solo en Salamanca sino en toda la comunidad? Pues lo justifica con el argumento de que aquí no es aplicable la Ley de Financiación de Partidos sino el artículo del Código Civil que autoriza el pago de deudas de terceros en la forma que quiera el pagador. Sin cortapisas.
En el caso de los partidos, y como dique frente a la corrupción, la Ley de Financiación impone que se controle cada céntimo. Y prohíbe las donaciones anónimas y finalistas. Es más: como recalca el abogado de la acusación popular, Francisco Martín del Río, si las aportaciones se hubieran ingresado en una cuenta bancaria del partido y cada aportante hubiese especificado que el objeto era saldar la deuda de afiliados, “el dinero habría tenido que distribuirse entre todas las provincias de Castilla y León para que todos los afiliados morosos estuviesen en condiciones de igualdad. En cambio, tal como se hizo el resultado es que el gran beneficiado fue Mañueco frente a su rival interno, [Antonio] Silván”. “Y así –prosigue el letrado– el PP evitó que todas estas supuestas donaciones fueran fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas dado que de haberse ingresado en la cuenta bancaria exigida por la Ley de Financiación de partidos para otras aportaciones la cuantía habría superado los 25.000 euros, que es la cifra a partir de la cual la ley obliga al Tribunal de Cuentas a efectuar una fiscalización”.
La gerente del PP, sus revelaciones... y una nueva declaración
Pero no solo la Fiscalía y la acusación popular discrepan por completo de ese razonamiento según el cual el PP podía recaudar como quisiera dinero para el pago de cuotas. En octubre de 2020, la gerente del PP de Salamanca, Isabel González, declaró en sede judicial que no tenía ni idea de las declaraciones juradas donde 28 cargos y asesores además de otros 11 militantes aseguran haber entregado dinero en metálico para cuotas de morosos.
El juez imputa al PP de Salamanca, a su presidente y a su gerente por presunta financiación ilegal
González, quien este jueves volverá a declarar como imputada, fue más lejos en mayo de 2021. Porque esta vez declaró ante el juez que ella jamás habría aceptado ni autorizado este tipo de operaciones. Y que no solo no sabe nada de las declaraciones juradas sino tampoco de qué afiliados se beneficiaron y pudieron así votar en las primarias.
Las supuestas aportaciones en metálico efectuadas por distintos cargos sumaron 61.937 euros: según fuentes del caso, así lo certificó la gerente del PP salmantino a requerimiento de juez. Pero la procedencia de un porcentaje de esas entregas no se conoce. El auto de noviembre de 2021 por el que el juez imputó al PP salmantino como persona jurídica y a su presidente, Javier Iglesias, como persona física dedica un apartado a los 41.490 euros entregados por “cargos electos, personal de confianza y afiliados”.
La resolución remarca que de esa cifra, obtenida "en efectivo”, solo se sabe el origen de 17.350 euros. Y eso significa “que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal”. Como documentación justificativa de 39 pagos el PP ha aportado las ya citadas "declaraciones juradas": los donantes las firmaron con la voluntad de demostrar que entregaron las cantidades que creyeron oportunas. Oscilan entre 60 euros y 1.200, aunque la mayoría se sitúa en niveles inferiores.
El juez de Salamanca que investiga la presunta financiación ilegal del PP en las primarias que en 2017 ganó el ahora presidente en funciones de Castilla y León y aspirante a renovar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de tumbar el último intento del partido para evitar el avance de la investigación.