El senador del PP Luis Aznar lo intentó una y otra vez, pero fue inútil. Sus reiterados intentos de conseguir un juicio de valor que señalase un comportamiento ilegal por parte de Ciudadanos se estrellaron contra la voluntad de María Dolores Genaro y María José de la Fuente, responsables de la unidad de fiscalización de partidos políticos del Tribunal de Cuentas, de no salirse ni una línea de las conclusiones del informe que este organismo aprobó el pasado mes de diciembre.
En una citación insólita, el PP había pedido la comparecencia de las dos consejeras del Tribunal de Cuentas para intentar profundizar en la contabilidad de Ciudadanos utilizando para ello la comisión de investigación que este partido constituyó en solitario en el Senado para poner el foco sobre sus adversarios políticos y contrarrestar así la que se creó en el Congreso exclusivamente para examinar la financiación del Partido Popular. Durante su interrogatorio, el senador Luis Aznar —el único que interviene en la comisión, en ausencia de los demás partidos— preguntó repetidamente a las dos consejeras por la falta de justificación del trasvase d fondos de los grupos institucionales de Cs al partido en los años 2014 y 2015, por conceptos de asesoría y por disposición de bienes.
Ambas consejeras dejaron claro que la falta de justificación documental de este trasvase de fondos, en el que el PP quiere ver financiación ilegal de Cs, no significa que no exista ni que todo ello no sea perfectamente legal. Eso sí, aprovecharon la inesperada ocasión que les brindó la tribuna del Senado para poner en evidencia a los diputados y senadores al señalar la existencia de un “vacío legal”, un “limbo” regulatorio sobre lo que los partidos pueden hacer y lo que no con el dinero que ayuntamientos y cámaras legislativas entregan a los grupos institucionales. De hecho, recordaron, el Tribunal de Cuentas lleva desde 2001 pidiendo una reforma legal que aclare estos conceptos sin que los legisladores les hayan prestado la más mínima atención.
“No es admisible”
Sin información nueva con la que cuestionar la contabilidad de Ciudadanos, que se ha convertido en el objetivo a batir por el PP en las últimas semanas, Luis Aznar sí aprovechó para anunciar su intención de promover una reforma legal con el objetivo de conseguir que los informes del Tribunal de Cuentas, especialmente cuando sean desfavorables, “tengan consecuencias para los partidos políticos”. “Estamos po la línea dura”, proclamó sin matices durante una de sus intervenciones en la comisión. No puede ser, subrayó, que los informes queden “a título de inventario” y “que un partido siga funcionando como si nada hubiera pasado, no es admisible ”.
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Tanto en el caso de Genaro como en el de De la Fuente, Aznar intentó que las dos consejeras diesen una definición más crítica del informe desfavorable que el Tribunal dictó sobre las cuentas de Ciudadanos. Y dejó entrever su contrariedad porque de esa opinión del órgano fiscalizador —que se limita a decir que de las cuentas de Cs no permiten conocer como es debido la situación patrimonial y financiera del partido de Albert Rivera— no se derive consecuencia legal alguna. Como tampoco de de la otra gran tacha que el Tribunal hizo de las cuentas de Cs (la existencia de pagos indebidos por valor de poco más de 14.000 euros) y de la que, como subrayaron las consejeras, no se deriva ninguna sanción porque todavía ni siquiera se ha iniciado expediente alguno al respecto.
Durante la sesión quedó claro que el PP centra sus pesquisas contra Ciudadanos en el trasvase de dinero de los grupos isntitucionales al partido, un asunto al que su portavoz dedicó buena parte de sus preguntas. Las consejeras —nombradas a una propuesta del PSOE y la otra del PP— describieron un marco legal en esta materia “extraordinariamente parco” y que no permite regular adecuadamente a qué se puede dedicar el dinero. Esta cuestión se regula en la ley de financiación de os partidos pero también en la de bases del régimen local.
En su afán por descalificar el uso que Ciudadanos hace de las subvenciones que reciben sus grupos institucionales en los ayuntamientos y en las cámaras legislativas, el portavoz del PP no dudó en cuestionar incluso a las consejeras del Tribunal citando una sentencia del Constitucional que, señaló, consagra que ese dinero sólo puede tener un destino finalista. “Vamos a tener todos que revisar nuestro nivel de funcionamiento, ustedes también”, espetó a la consejera De la Fuente que acababa se sostener, comos compañera, la existencia de un vacío legal al respecto.
El senador del PP Luis Aznar lo intentó una y otra vez, pero fue inútil. Sus reiterados intentos de conseguir un juicio de valor que señalase un comportamiento ilegal por parte de Ciudadanos se estrellaron contra la voluntad de María Dolores Genaro y María José de la Fuente, responsables de la unidad de fiscalización de partidos políticos del Tribunal de Cuentas, de no salirse ni una línea de las conclusiones del informe que este organismo aprobó el pasado mes de diciembre.