Imputación a la carta: la estrategia ultra que el PP quiere replicar con Teresa Ribera en Bruselas
Las guerra de la derecha contra la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha terminado por bloquear la votación para su designación como comisaria y amenaza la formación del nuevo Ejecutivo europeo. Tras las maniobras de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular Europeo (PPE) acabó condicionando este miércoles su luz verde a que la aspirante dé previamente explicaciones en el Congreso sobre su gestión en la dana que arrasó València y se comprometa a dimitir si resulta salpicada a nivel judicial en relación con un temporal que ha situado en la cuerda floja al president conservador Carlos Mazón.
El PP español ya se encargó de deslizar esa posibilidad durante el examen al que se sometió a Ribera el pasado miércoles en la Eurocámara. "¿Se compromete a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a Ursula von der Leyen y al Colegio de Comisarios?", lanzó la vicepresidenta primera del PPE, Dolors Montserrat. Una estrategia que contó con el respaldo de la ultraderecha y que llevó a la dirigente conservadora a sugerir, incluso, que la vicepresidenta del Ejecutivo español acabaría sentándose en el banquillo: "La historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia".
Pocas horas antes de aquel hearing en el Parlamento Europeo, algunos grupos ultras ya habían empezado a ampliar su ofensiva judicial posdana también contra Ribera. Así lo hicieron, por ejemplo, desde Iustitia Europa, una de las organizaciones que forman parte de la acusación popular en la causa judicial que persigue a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No es la única. También el pseudosindicato ultra Manos Limpias y Vox han puesto el nombre de la vicepresidenta sobre la mesa de la Sala de lo Penal Supremo. Como a otros miembros del Ejecutivo central, la acusan de homicidio por imprudencia u omisión del deber de socorro.
La "responsabilidad directa" la sitúan en su papel de "máxima autoridad" respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El primero de los partidos, que se mueve dentro de ese universo negacionista y conspirativo que ha ido floreciendo en medio mundo, habla de "ausencia de directrices concretas" en una "situación de alto riesgo" y de "ausencia de alertas" tras "detectar" la "crecida del barranco del Poyo". Una tesis abonada por el PP, la del silencio informativo, que se ha ido desmoronando en las últimas horas. La CHJ, por ejemplo, envió a las autoridades valencianas más de media docena de avisos. Algunos de ellos, sobre la rambla del Poyo.
El recorrido de todo esto es, de momento, incierto. La Sala de lo Penal del Supremo ya rechazó en pandemia querellas interpuestas contra miembros del Gobierno por delitos similares. "La afirmación de que uno u otro es autor de tantos delitos de homicidio o lesiones como víctimas se han producido exigiría acreditar en términos médicos que el contagio que desencadenó el daño en todas y cada una de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones u omisiones gubernamentales que precipitaron el fatal desenlace. Sin embargo, el estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal", respondió el Alto Tribunal
Las maniobras del PP alrededor de Ribera dejan entrever rasgos clásicos de la cada vez más habitual estrategia ultra contra rivales políticos. Un plan de guerrilla en los tribunales que se ha ido ensayado con distintos líderes de izquierdas. Y que siempre comienza de la misma forma: con una querella de la extrema derecha o de misteriosas asociaciones de nuevo cuño –en algunos casos, en base a informaciones publicadas en algunos medios–. Luego, se pone en marcha el engranaje judicial. Y si hay suerte y arranca una investigación, por preliminar que sea, se redobla la presión a nivel político y mediático y se exigen dimisiones.
El triángulo político, mediático y judicial
El caso de la exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra ejemplifica a la perfección esta estrategia. Tras la condena a su exmarido por abusos sexuales continuados, la víctima de los mismos, representada por José Luis Roberto –líder de la organización de extrema derecha España 2000–, presentó una denuncia. También el colectivo Gobierna-Te, presidido por la ultra Cristina Seguí, interpuso otra querella contra Oltra y varios cargos y trabajadores de su consellería por, supuestamente, haber tratado de encubrir los abusos del exmarido. Una causa a la que Vox tampoco perdió oportunidad de sumarse.
La justicia entendió que había indicios como para iniciar unas pesquisas. Y como es lógico, porque es el procedimiento habitual, se le atribuyó la condición de investigada para garantizar su derecho de defensa. Aunque la misma no supone que existan unos indicios o pruebas sólidas como los que se pueden contener en un auto de apertura de juicio, lo cierto es que su imputación elevó la presión mediática y política contra ella. Y la derecha aprovechó la hemeroteca para exigir que abandonase el cargo: "Ella misma había marcado el horizonte de que una imputación, conlleva la dimisión".
Al final, Oltra se fue. Y lo hizo avisando: "Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país". Veintidós meses después, el instructor del caso decretó su archivo. Lo hizo al entender que tras la extensa investigación, todos los indicios que en su momento fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo". Pero la Audiencia de València ordenó antes del verano la reapertura de la causa. Y al juez no le ha quedado más remedio que procesarlos a todos "por imperativo legal".
De Colau a Podemos, el mismo manual
Una estrategia similar se utilizó en su momento contra Ada Colau. Durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona, la ahora exalcaldesa tuvo que ir varias veces a declarar a los tribunales para defenderse de distintas querellas. Una de ellas fue interpuesta por una misteriosa asociación que la acusaba de dar subvenciones de forma "arbitraria y discrecional" a entidades afines. Otra, por un fondo buitre que la acusaba de coaccionarles para que cediesen unos pisos en alquiler social. Una ofensiva que la llevó a declarar como imputada a las puertas de unas elecciones.
La repercusión mediática de esos procedimientos, que giraban alrededor de delitos que evocaban los grandes casos de corrupción política –desde la malversación al tráfico de influencias–, fue notable. Y, de nuevo, sirvieron a la derecha para, siguiendo la misma estrategia que con Oltra, exigir su dimisión. "Vamos a ver si se lo aplica...", escribía en sus redes sociales el PP de Barcelona junto a un vídeo de Ada Colau en el que aseguraba que una imputación por corrupción era un hecho lo suficientemente grave como para que la ciudadanía tuviese derecho a decidir sobre la continuidad del político en cuestión.
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Pero aquellas dos causas no fueron más que mucho ruido y pocas nueces. Al final, los jueces dieron carpetazo. En algunos casos, afeando su actitud a los querellantes. Así ocurrió, por ejemplo, con el fondo. La magistrada concluyó que se querelló por "fines ajenos al del procedimiento penal" con el solo objetivo de aprovecharse del "efecto mediático" que supone involucrar a un partido político en un procedimiento penal". Porque no hubo, concluyó la instructora, ni presiones ni resoluciones dictadas injustamente. Solo "políticas de vivienda" que no gustaban y no eran "favorables" a quien se lanzó al ataque en los tribunales contra el Ayuntamiento de Colau.
También en Podemos saben bien cómo funciona toda esta estrategia política, mediática y judicial. Solo hay que recordar el caso Neurona. Más de cuatro años de acoso por una Gürtel morada que nunca existió. Una macrocausa que arrancó en base a rumores en un momento clave para el partido –apenas llevaba unos meses gobernando en coalición con el PSOE– y que la ultraderecha y determinados medios de comunicación se encargaron de impulsar. Fueron montañas de titulares hablando de una falsa caja B, de obras en la sede del partido, de sobresueldos... De nuevo, cuestiones que recordaban a la vieja corrupción política.
Nada más iniciarse la investigación, el PP le exigió que saliera de inmediato del Ejecutivo: "Le pedimos que haga lo que él pedía que hicieran los demás, que cumpla su palabra. Si incumple su palabra no puede estar sentado en el Consejo de Ministros ni un segundo más, lo que tiene que hacer es irse y dejar todas sus responsabilidades políticas". Pero no había nada. La justicia, finalmente, terminó dando carpetazo al asunto.
