El PP busca culpables en el Congreso y Génova tras apoyar la ley que rebaja penas a presos de ETA

Una reforma legal del Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado generando una crisis dentro del Partido Popular, que ha tenido que pedir perdón por su "error injustificable", en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El motivo es que el pasado 18 de septiembre su formación votó a favor de la norma del Gobierno sin advertir —según insisten desde la formación conservadora— de que convalidaba las penas de presos que han cumplido condena fuera de España. Es más, el diputado del PP que intervino en el debate, José Manuel Velasco, reprochó al Gobierno que el texto no se aprobara antes. "Es una directiva que debería haber sido traspuesta hace dos años".

Lo que pasó desapercibido, hasta que El Confidencial lo publicó, es que la norma permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en Francia, lo que beneficiaría a unos 40 presos etarras, de los cuales 23 fueron condenados con delitos de sangre, entre los que se encuentran Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Es decir, el PP —al igual que Vox, que también votó a favor— habría contribuido al excarcelamiento del dirigente de ETA, utilizado recurrentemente, especialmente en la campaña del 28M, para atacar al Gobierno de Sánchez.

Tras conocerse las consecuencias de la reforma la reacción inicial del PP fue decir que se trataba de "un error generalizado" en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper, que trató de echar balones fuera y culpó al Gobierno de haber "adulterado" el proceso legislativo a base de "artimañas" y "subterfugios". "Nos preocupa mucho esta jugarreta que ha hecho el Gobierno para posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con sus penas impuestas en España. Vamos a hacer todo lo posible por impedirlo", señaló Semper.

Por lo pronto, el PP retiró este martes de la orden del día en el Senado la votación final de la normativa, aunque la Cámara Alta no tiene instrumentos legales para frenar la ley y deberá pronunciarse antes del 14 de octubre. Conscientes de que no hay forma de pararla — la formación de Feijóo, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tampoco reparó en estas consecuencias durante su trámite en esa Cámara— los conservadores han reclamado al Gobierno que la retire, una posibilidad que el Ejecutivo ya ha descartado.

Así se lo ha trasladado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en una conversación telefónica. Según fuentes gubernamentales Bolaños reprochó a la número dos del PP su "cambio de opinión" sobre la norma. "Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos: es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión", señalan desde el Gobierno.

El PP se instala en el desconcierto y estrecha el cerco sobre los 'culpables'

El PP ha tratado de defender, tanto en público como en privado, que su voto afirmativo se produjo como fruto del desconocimiento —por culpa del trámite de urgencia y la falta de informes preceptivos, que sin embargo no hubieran alterado el resultado final— tras incluir Sumar una enmienda para eliminar la disposición adicional que incluyó en 2014 el PP, con el Gobierno de Mariano Rajoy a la cabeza, para limitar el efecto de la reforma y limitarla a los condenados después del 15 de agosto de 2010, lo que dejaba fuera a algunos de los terroristas de ETA.

Sin embargo, lo cierto es que los tres diputados del Grupo Parlamentario Popular que participaron en la reunión de la Ponencia de la reforma firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma que beneficia a los presos de ETA, y todas "las enmiendas presentadas". Tal y como adelantó El Mundo, en el acta de la ponencia los diputados María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno afirman que conocían la iniciativa y las enmiendas presentadas, al igual que los dos ponentes de Vox, Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández.

Aunque el PP está tratando de situar toda la responsabilidad en el Gobierno central, lo cierto es que de puertas hacia dentro en el grupo parlamentario se palpa el malestar tras lo ocurrido. El portavoz y responsable del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha eludido tomar medidas tras el error. "Hoy no se trata de depurar responsabilidades, sino de buscar soluciones", afirmó a preguntas de los periodistas. Sin embargo, dentro del partido hay quien sí considera necesario que se identifique de manera clara a los responsables.

Además de situar el foco en los tres ponentes, con especial énfasis en Moro por su rol de portavoz del PP en la Comisión de Justicia, dentro del partido también se mira hacia Esteban González Pons, vicesecretario general de Asuntos Institucionales del PP y hombre fuerte de Feijóo en el Parlamento Europeo. Las fuentes consultadas por infoLibre dentro de la formación conservadora creen que Pons debería haberse implicado al ser también responsable de los temas de Justicia, si bien también destacan que su sede operativa es más Bruselas que Madrid.

"Corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez paralizar esta ignominia y dejar de hacer concesiones a los herederos de la banda terrorista a cambio de permanecer en el poder", señalaba el vicesecretario del PP a través de X. "Con esta treta parlamentaria, la bajeza moral de Sánchez y sus socios ha rebasado todos los límites éticos", zanjaba, insistiendo en que el voto afirmativo del PP se debió a una "treta" pese a que las actas indican lo contrario. El europarlamentario ya ha estado en otras ocasiones en el centro de la polémica. La última vez tras acusar al Gobierno de ser "cómplice" del golpe de Estado de Nicolás Maduro.

A todo eso se suma la presión interna de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña lo calificó este martes como "un error gravísimo por parte de la oposición", si bien matizó que "al menos se está intentando solventar". Y añadió que el Gobierno "está colaborando diariamente con el entorno de ETA" para "dejar a España totalmente indefensa". La líder del PP madrileño también afirmó que la banda terrorista "está más viva que nunca" más de una década después de que la organización dejase de representar una amenaza para la seguridad de nadie.

El PP pide perdón a la AVT para evitar que se revuelva en su contra

El hecho de que el PP haya entornado el 'mea culpa' y el propio Feijóo llamara a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para disculparse "personalmente" por lo ocurrido se debe a que quieren evitar que se produzca una reacción en su contra como sucedió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como explican fuentes de la formación a este periódico. "Ya tuvimos nuestros problemas y no queremos repetirlos", señalan. Feijóo busca mantener esas relaciones con la AVT pero igrnora a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que lamentó que todos los partidos "son responsables" de lo ocurrido.

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Las relaciones entre la AVT y el Partido Popular sufrieron un bache en octubre de 2013, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot'. Por aquellas fechas, la asociación que presidía Ángeles Pedraza convocó una concentración, en la madrileña Plaza de Colón, contra la sentencia europea. Y, tras un arduo debate interno en las filas conservadoras sobre la conveniencia o no de acudir a un acto que se les podía volver en contra, la dirección nacional decidió que acudieran en representación del partido los vicesecretarios Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas.

Presencia gubernamental no hubo. El por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había advertido con insistencia de que no cabía recurso alguno contra la sentencia que derivó en la excarcelación de etarras, entre ellos Josu Uribetxeberria Bolinaga, autor del secuestro de Ortega Lara. Como el PP se había temido, la cita se les volvió en contra. Y, gran parte de los cánticos y las pancartas fueron dirigidos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Gran parte de los asistentes en nombre de la dirección nacional del partido fueron insultados.

La asociación lamentaba haber sido utilizada con fines electoralistas. "Las víctimas del terrorismos queremos dejar de ser el instrumento que se utiliza para la obtención de votos y a las que se deja tiradas sin contemplaciones cuando dejamos de ser rentables", rezaba el comunicado de la asociación, que se sentía "abandonada" por el " peor ministro del Interior de la historia de la democracia", en referencia a Jorge Fernández Díaz.