El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Mientras que desde la formación naranja salieron este lunes a defender que tendrá que dejar su cargo cuando sea llamado a declarar como investigado, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.
Los conservadores se acogen a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Subrayan que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". Esta disparidad de criterios podría podría poner a prueba la solidez del pacto en los próximos días.
El instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dictó este lunes un auto en el que conforma la pieza relacionada con las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.
Según Velasco, Sánchez se habría concertado con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación on line para reformar su imagen en su carrera para presidir la Región de Murcia.
La noticia pilló a los conservadores en la resaca posterior a su 18 Congreso Nacional, celebrado este fin de semana en Madrid. Una cita en la que la secretaria general, María Dolores de CospedalMaría Dolores de Cospedal, admitió que su partido había tardado en reaccionar ante los casos de corrupción. Y en la que ella misma había marcado al PP el reto de recuperar los votantes desencantados, en alusión a los que se fueron a Ciudadanos y a la abstención.
La reacción de los conservadores, empezando por Cospedal, fue la de proteger al presidente de Murcia. No se puede, argumentan, investigar a alguien por algo que no hizo. Es, resumió la secretaria general, "un contrato que nunca se celebró". El PP irá "paso a paso", sostienen las fuentes consultadas. "No hay malestar interno. Se le ha investigado en 15 ocasiones y todas se han archivado. No adelantemos acontecimientos", señalan. Ese "paso a paso" lo extienden a la aplicación del pacto anticorrupción que Pedro Antonio Sánchez firmó con Miguel Sánchez López (Ciudadanos) para poder ser investido presidente de Murcia.
El acuerdo, con fecha de 22 de junio de 2015, sostiene lo siguiente en lo que puede afectar al presidente murciano: "C's presentó en su día una propuesta de Acuerdo por la Regeneración Democrática que PP y D. Pedro Antonio Sánchez López asumen su cumplimiento expresamente". Entre otros asuntos, se firmó el compromiso de "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Una frase con la que en el PP y en la formación naranja parecen no ponerse de acuerdo.
Los cambios en el término imputado e investigado
Desde el Gobierno de Murcia señalan que el pacto se redactó antes de la sustitución en la ley del término "imputado" por "investigado" y que esto lleva el momento de la toma de decisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Una opinión que, a tenor de las declaraciones públicas de dirigentes de Ciudadanos, no comparten en el partido de Albert Rivera.
Así, el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, apeló al "cumplimiento" de la palabra que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, dio a los murcianos y confió en que "si se da el escenario en el que finalmente Pedro Antonio Sánchez es imputado o investigado" cumpla "con su palabra y finalmente dimita".
"Si el TSJ" –el Tribunal Superior de Justicia de Murcia– "imputa al presidente de Murcia por corrupción, esperamos que cumpla y dimita para no poner en riesgo la estabilidad en la Región", escribió Rivera, en su perfil de Twitter.
"Vamos a pedir que dimita cuando se produzca su citación como investigado", añadió, por su parte, el secretario general de C`s, José Manuel Villegas, en rueda de prensa en la sede del partido. Según indicó, la citación del presidente murciano en calidad de investigado en relación con el caso Auditorio "parece inminente".
En el caso Auditoriocaso Auditorio, el TSJM ya abrió una causa contra Sánchez por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad documental y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, informa Europa Press.
Cuando los periodistas preguntaron por un posible cambio de criterio entre lo que Ciudadanos aplica ahora a Sánchez y lo que exigió en su momento a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respondió que quieren ser "respetuosos con los procedimientos judiciales" y que ese criterio "se va afinando".
Dirigentes del PP murciano consultados por infoLibre consideran que es dentro de Ciudadanos donde existe disparidad de criterios e interpretan que cuando los dirigentes nacionales del partido naranja hablan de imputación formal se refieren al momento previo a la apertura de juicio oral y que es la dirección regional la que pretende que dimita cuando sea llamado por el juez. En todo caso, Villegas habló este lunes de "investigado".
Entre otros cambios, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sustituyó el término "imputado" por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación.
El presidente de Murcia se jacta de haberse enterado de que la Fiscalía del Supremo también se opone a su imputación
Anticorrupción se opone
Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe ante el juez Velasco en el que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al TSJ de Murcia para investigar la posible comisión de los citados delitos. Entiende que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.
Por su parte, el propio afectado, negó tajante su participación en la trama Púnica, ya que "no se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió". Unas declaraciones en la línea de las de la número dos del partido.
El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Mientras que desde la formación naranja salieron este lunes a defender que tendrá que dejar su cargo cuando sea llamado a declarar como investigado, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.