La vivienda se ha convertido en el primer gran debate del ciclo electoral. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la preocupación por esta cuestión ha crecido cinco puntos en vísperas del inicio de la campaña electoral y se ha colocado como el séptimo problema de España, con niveles similares a los que registraba en 2009, tras el fin de burbuja inmobiliaria. Las medidas en esta materia se sitúan ahora en un lugar destacado en esta campaña del 28M —especialmente para las formaciones de izquierdas— dejando atrás el mantra dominante hasta la fecha: que la mejor política de vivienda es la ausencia de política de vivienda.
En paralelo, el Senado ha dado esta semana luz verde a la primera ley de vivienda estatal, que incluye la regulación de los precios del alquiler de zonas tensionadas, una nueva definición de la figura de los grandes propietarios y la creación de un índice de referencia que determinará las rentas que se pagan por los pisos de alquiler, entre otras cuestiones. Sacar adelante esta norma fue uno de los compromisos de la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, ha tenido que esperar a casi el final de la legislatura por los desencuentros entre los socios del gobierno y las dudas de ERC y EH Bildu, que finalmente han avalado la ley.
La derecha, representada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, se ha opuesto desde el inicio a la norma por ser "intervencionista". El resultado de esta ley, según estos partidos, provocará la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que encarecerá los precios. La solución que proponen estas formaciones pasa por construir más: a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda, sostienen. El mismo modelo modelo que provocó el crash del 2008, pero ni siquiera el estallido de esa burbuja hizo emerger un modelo alternativo.
Tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios. Sin embargo, los presidentes autonómicos del Partido Popular —y también algunos de sus candidatos regionales— ya han anunciado que no van a aplicar la ley. Esto, en la práctica, supone que las más de 21 millones de personas que viven en estas regiones —una cifra que puede aumentar o disminuir tras el 28M— no se puedan beneficiar de prácticamente ningún aspecto de la norma.
Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, viven más de 6,7 millones de personas y es la región —junto con Cataluña —en la que los precios de la vivienda —tanto el alquiler como la compra — están más disparados. La política del PP en esta materia es apostar por lo que denominan "mercado libre". Esta misma semana la presidenta madrileña ha reiterado que no aplicará la norma porque la considera "un completo sinsentido" e "injusta" con los propietarios. Es más, Díaz Ayuso ya anunció que prevé recurrir la norma al Tribunal Constitucional amparándose en una supuesta invasión competencial. Desde Génova han dado autonomía al resto de territorios para seguir los pasos de la líder madrileña.
Esta norma también interpela directamente a los ayuntamientos, que pueden aplicar algunas cuestiones como un recargo del IBI de hasta el 150% a las viviendas vacías. El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha presumido de que su política en esta materia es "no hacer nada" —tal y como le afeaban desde la oposición— y ha asegurado que su consistorio no aplicará este IBI a las viviendas vacías por considerarlo "un ataque a la propiedad privada".
Región de Murcia
La Región de Murcia es la autonomía menos poblada que preside el PP, con 1,5 millones de habitantes. Su presidente, Fernando López Miras, que se presenta a la relección este 28M, ha dejado claro que la ley de vivienda estatal es, a su modo de ver, "comunista". Antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, López Miras ya tildaba la norma de "expropiatoria, intervencionista y alejada de las políticas liberales que defendemos en la Región". El murciano adelantó entonces que su gobierno no iba a solicitar que ninguna zona fuera considerada como tensionada. En campaña electoral ha llegado a asegurar que la ley "legaliza" y "potencia" la ocupación ilegal, afirmaciones falsas pero que dan alas al mito de la okupación sustentado por la derecha.
Baleares
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La candidata del PP a la presidencia de Baleares, Marga Prohens, ha hecho de la oposición a la ley de vivienda una de sus principales banderas en campaña. Pese a que el precio de la vivienda en las islas ya encabeza la lista estatal, con una media de 346.000 euros, por delante de la Comunidad de Madrid, Cataluña o Euskadi, Prohens propone "aumentar la oferta" con "incentivos y seguridad". Al igual que sus compañeros López Miras y Díaz Ayuso, la candidata balear alude a la "okupación" para remarcar su oposición a la norma. "Armengol —la actual presidenta socialista—ha dicho que quiere ser la primera en aplicar la ley de vivienda de Sánchez, esta ley que desprotege a los propietarios y protege a los okupas, pero no le va a dar tiempo, porque a partir del 28 de mayo voy a trabajar para que esta ley de los okupas, no llegue a Baleares", afirmó en un mitin celebrado hace unas semanas.
Cantabria
El PP sueña con arrebatar a Miguel Ángel Revilla la presidencia de Cantabria. Su candidata, María José Sáenz de Buruaga, también ha tirado de argumentario okupa para criticar la ley de vivienda nacional en campaña. "No queremos que Cantabria se convierta en la Barcelona de Colau", es el argumento de Sáenz de Buruaga, que el pasado mes de febrero ya protestó por la ley autonómica que la coalición formada por el PRC y PSOE reemitió al parlamento regional. "Es una ley ideológica, conflictiva y radical que consuma el giro a la izquierda de la coalición y ahonda en las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez", afirmó. La propuesta de la candidata conservadora también pasa por la ambigua fórmula de dar "seguridad jurídica e incentivos" para aumentar la oferta y bajar los precios, sin precisar exactamente cómo.
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha el mercado de la vivienda no está, precisamente, saturado. De hecho, para la región presidida por Emiliano García Page la principal problemática radica en la despoblación de algunas zonas, por lo que las medidas impulsadas por los partidos ponen más el foco en esta cuestión que en la regulación de los precios del alquiler. Con todo, el candidato autonómico del PP, Paco Núñez, también ha tratado de marcar perfil con esta cuestión en campaña y ha asegurado que "impulsará una ley contra los okupas" si llega a la presidencia del Gobierno regional. Su principal argumento es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha puesto del lado de los delincuentes y les ha dado barra libre para ocupar una vivienda de forma ilegal" con la nueva normativa.
PSOE
El PSOE plantea crear un parque público de vivienda que aumente del 3% al 9% en los próximos años con la construcción de 61.000 viviendas de promoción pública, establecer las reservas de suelo para vivienda protegida en los planes urbanísticos y reservar, en los cupos de adjudicación, un 30% para jóvenes. Los socialistas también abogan por facilitar que se transformen “suelos improductivos urbanos" en viviendas, además de movilizar con medidas fiscales viviendas deshabitadas. Además, aseguran que las "ciudades socialistas" limitarán el "crecimiento desproporcionado de los pisos turísticos en sus centros históricos" para evitar que se "expulse" a los "residentes habituales.
PP
El PP propone un pacto de Estado en vivienda en el que participen las comunidades autónomas y los municipios para explorar conjuntamente medidas para usar racionalmente el suelo, construir viviendas en propiedad a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y rehabilitar el parque. Además, también aboga por medidas como el alquiler con opción a compra en el caso de una vivienda social e incentivos fiscales dirigidos al alquiler de vivienda para jóvenes, la compra de la primera vivienda y la promoción de la rehabilitación eficiente.
Vox
El partido de extrema derecha recoge en su programa planes de rehabilitación de viviendas en las zonas que califica de “prioridad demográfica”, suprimir las plusvalías municipales y reducir el IBI. En este punto, se propone “animar a los entes locales” para que reduzcan al menos en un 50% el IBI para familias con hijos y eximir del pago a las familias numerosas.
Podemos
Podemos quiere poner en marcha un parque público de vivienda de alquiler social “que dé cobertura suficiente a todas las familias y personas de ingresos más bajos”, con prioridad a jóvenes, personas sin hogar o habitantes de infravivienda. El programa marco del 28M recoge modificaciones para que las administraciones compren de forma prioritaria vivienda de grandes tenedores, recargos progresivos del IBI para las viviendas vacías, sobre las que recaerá un nuevo impuesto a partir de la quinta vivienda de un mismo propietario. Los morados también proponen un registro público de viviendas vacías y una tasa a la venta de una vivienda, del 20% del precio de compraventa, salvo causa mayor, para las operaciones que ocurran menos de dos años después de la anterior compra, y que recaería sobre el vendedor.