El pasado agosto, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, estimó que el cumplimiento de este acuerdo estaba en torno al 20%. Del total de 150 puntos del documento, los firmantes dieron especial relevancia al bloque denominado "transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción". En total, 27 medidas. El partido de Albert Rivera considera que en "aproximadamente un tercio de ellas el PP no ha mostrado interés en acelerar su cumplimiento".
Este mismo miércoles, la necesidad de dar un impulso al paquete de iniciativas relacionadas con la regeneración democrática fue objeto de debate en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Tenemos la sensación de que el Gobierno en cuanto a esta materia va arrastrando los pies", se quejó el diputado naranja Juan Carlos Girauta.
En respuesta, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó que disponen de "cuatro años" para implementar el acuerdo, que hay medidas que, pese a no ser efectivas formalmente se están intentando aplicar y que para algunas de ellas se precisa de más apoyos que los que suman los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos.
En la formación naranja recuerdan que dentro de la llamada ley ómnibus anticorrupción, ahora en tramitación, se recogen varios de los 27 puntos "como la protección de denunciantes, la regulación de lobbies, el delito de enriquecimiento ilícito, la regulación de "puertas giratorias", la creación de una autoridad independiente de integridad pública o la supresión de indultos en casos de corrupción".
"Otro paquete de medidas se contiene en el Pacto por la Justicia, paralizado ahora mismo por el bloqueo del PSOE a los presupuestos de 2018. Ahí figuran la reforma del CGPJ, la especialización judicial y el aumento de la dotación de medios para la Justicia", añaden fuentes de Cs.
Los puntos en los que Ciudadanos ve más reticente al PP son los que tienen que ver con la supresión de aforamientos, la limitación de mandatos presidenciales, la regulación de partidos políticos, la introducción de cambios en el Reglamento del Congreso y en materia de transparencia.
A continuación, infoLibre repasa el estado de las 27 medidas del pacto. En total se han cumplido tres compromisos (los puntos 6, 17 y 24) y otros siete figuran en tramitación en el Congreso, en su mayoría a través de una ley ómnibus de lucha contra la corrupción presentada por Ciudadanos (los puntos 14, 15, 16, 18, 22, 26 y 27).
1. Separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados o encausados por corrupción
El acuerdo refleja que dicha separación debe ocurrir "hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". La práctica ha demostrado que esto no se cumple de forma inmediata. Ocurrió, por ejemplo con el caso del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ahora fuera de la política, pero que los conservadores aprovecharon para situar la línea roja en el momento de la apertura del juicio oral. De hecho, así quedó plasmado en los estatutos del XVIII Congreso Nacional del PP, celebrado el pasado febrero y, por tanto, posterior a la firma del pacto con Cs.
Así, el artículo 22 de las normas de funcionamiento interno de los conservadores reflejan lo siguiente: "Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una investigación judicial a un afiliado, por un caso de los referidos en este punto [corrupción], se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial". Además, "en casos de delito fragrante de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías a la vista de la gravedad de los hechos y la alarma social creada podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto".
Recientemente, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento del PP como partido, de su tesorera Carmen Navarro, del informático José Manuel Moreno y del abogado de la formación Alberto Durán, por su participación en la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Pese a que esta vez ya se llegado a la fase de apertura de juicio oral, el PP tampoco tomará ninguna medida, esta vez con la justificación de que la tesorera "no es cargo público".
Ciudadanos, no obstante, entiende que esta medida sí se está cumpliendo.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos
El pasado mes de febrero, el Partido Popular exhibió en público sus dudas sobre el hecho de que algunas de las medidas pactadas con Cs fuesen a llegar a buen puerto.
El encargado de ponerlo de manifiesto fue el vicesecretario de Organización. Fernando Martínez-Maillo subrayó que durante las negociaciones para llegar al pacto en todo momento fueron "conscientes" de que para "muchas de las cuestiones, casi todas, era necesario hacer reformas legislativas". "Algunas exigen reformas constitucionales", añadió. Este era el caso, por ejemplo, de cuestiones como la limitación de mandatos o la reducción de los aforamientos.
Este tipo de cuestiones que requerirían retoques en la Constitución podrían empezar a desbloquearse una vez eche a andar la comisión sobre la reforma territorial propuesta por el PSOE en el Congreso. Pero el PP ya ha dejado claro que confía poco en que esta vaya a ser la legislatura de la reforma constitucional.
Insisten en el PP y en el Gobierno en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto es necesario el máximo consenso. Sin mayoría absoluta en el Congreso, a los conservadores no les basta con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.
En definitiva, este punto del pacto no se ha cumplido.
3. No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción
En su respuesta a Girauta, el ministro Catalá subrayó que el Gobierno está trabajando "en la proposición de ley que presentó el Grupo Ciudadanos". "Mientras se aprueba, mientras se aplica como norma legal, estamos intentando que eso sea la práctica cotidiana en materia de indultos. Estamos ejerciendo la competencia que tiene el Gobierno de manera que no haya un solo indulto no ya en delitos de corrupción, sino tampoco en materia de violencia de género, de delincuencia fiscal o tributaria, en seguridad vial".
Pese a las palabras de Catalá, este año sí se han concedido indultos a condenados por prevaricación.
4. Limitar a ocho años el mandato del presidente del Gobierno
De agotarse toda esta legislatura, es decir, si Rajoy no se ve obligado a convocar elecciones anticipadas, el presidente del Gobierno cumplirá ocho años en La Moncloa. Y, por tanto, se vería afectado por este precepto que no pocos en el PP consideran que no debería tener efecto retroactivo.
Hasta la fecha, el propio presidente del Gobierno evita ponerse fecha de caducidad como candidato. Y el PP ve este debate como propio de "regímenes presidencialistas". ¿Por qué no me voy a poder presentar?
No he hecho nada tan malo", respondió Rajoy a los periodistas en conversación informal el día 6 de diciembre, en el marco de los actos por el 39 aniversario de la Constitución Española.
Las fuentes consultadas destacan que la de seguir o no, es una decisión que debe tomar el presidente. Y añaden que, en todo caso, desvelar ahora sus planes sería "irresponsable" porque alteraría la vida del partido.
5. Reforma del régimen electoral
A día de hoy no es una realidad. En el pacto se detallaba que la reforma tenía por objeto, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales. Y que el Partido Popular se reservaba la posibilidad de presentar iniciativas encaminadas a garantizar el Gobierno de la fuerza más votada.
A finales del pasado noviembre, la subcomisión de la reforma de la Ley Electoral aprobó pedir una prórroga de seis meses para continuar con sus trabajos.
6. Comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación del PP
Este punto del pacto sí se ha cumplido a día de hoy. Pero no ha estado exento de polémica y seguirá coleando. El Partido Popular intentó que esta comisión abarcase a todos los partidos y, ante el nulo éxito de su iniciativa, acabó aprobando una comisión que pretende investigar las cuentas de todos los partidos en el Senado.
Pero el Grupo Popular formalizó ante en el Tribunal Constitucional (TC)Tribunal Constitucional (TC) su recurso contra la comisión de investigación creada en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, por entender que al no delimitar el marco de los trabajos se están "vulnerando derechos fundamentales".
7. Promover la reforma del Reglamento del Congreso para facilitar mejores mecanismos de participación ciudadana
A día de hoy no se ha dado ningún paso en esta dirección. Sí hay una iniciativa del PSOE para la creación de una ponencia, en el seno de la Comisión de Reglamento, para la reforma de las normas de funcionamiento interno de la Cámara Baja.
Las ponencias actúan como órganos de preparación de las decisiones de la Cámara. Es en ellas donde se efectúa el estudio más detenido de las cuestiones sometidas a la consideración de las comisiones.
8. Impulsar la reforma del Reglamento del Congreso para facilitar la creación de comisiones de investigación
Tampoco hay ninguna decisión en esta dirección. A día de hoy, sólo se han presentado tres proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso: una de Unidos Podemos contra ciertos vetos del Gobierno a iniciativas del Parlamento, una segunda del PP sobre la regulación de los grupos de interés y una tercera del PNV para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de Ley.
9. Transformar el Senado en estricta cámara territorial
Es la asignatura pendiente de todas las legislaturas. Pero en esta todavía no se ha producido ningún avance.
No obstante, la Cámara Alta ha cobrado mayor protagonismo este año a cuenta de la cuestión catalana. Ha sido en el Senado, tal y como establece la Constitución, donde ha tenido lugar el debate y la aprobación del artículo 155 de la Constitución. Y será en el Senado cuando la próxima semana comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para rendir cuentas de la aplicación de este artículo. También se celebró, a comienzos de año, la Conferencia de Presidentes.
Para que el Senado sea una verdadera Cámara de representación territorial, el pacto atribuye a la institución funciones como "la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos". Asimismo, ambos partidos se comprometieron a apoyar la reducción sustancial del número de senadores.
10. Reforma del régimen de elección de los vocales del CGPJ
El pacto del PP con Ciudadanos pretende que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.
Entre las 37 medidas presentadas el pasado noviembre por el PP en el marco de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia figura "revisar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y el sistema de nombramientos de puestos discrecionales, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos elijan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, reformular las condiciones del tránsito profesional entre política y justicia y dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto orgánico y reformar el régimen de acceso de abogados y procuradores". Pero hay pocos avances en este sentido.
En este punto, Ciudadanos dirige la mirada hacia el PSOE. Argumentan que el pacto por la Justicia no avanza porque el PSOE mantiene "bloqueadas" las cuentas públicas para 2018.
En el Gobierno confían en que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año puedan cerrarse en los primeros meses de 2018 con una aritmética similar a la de las cuentas de 2017: el PP y sus alianzas electorales, Cs, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
11. Refundir las leyes relativas a los partidos políticos y a su financiación11.
Se pretende que ambas legislaciones confluyan bajo la denominación de Ley orgánica de los partidos políticos y de control de su financiación. Todavía no se han dado pasos en esta dirección, si bien hay dos comisiones de investigación parlamentarias, una en el Congreso (exclusiva para el PP) y otra en el Senado que estudian las cuentas de las formaciones políticas.
Ciudadanos no ve al PP muy interesado en "acelerar su cumplimiento".
12. Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia12
Este pacto aboga, entre otros aspectos, por una mayor democracia interna de los partidos, por la participación efectiva de los afiliados en la toma de decisiones, por la ampliación de las obligaciones de transparencia, por la existencia de órganos internos de control independientes y por la dotación de sistemas internos de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos del régimen de responsabilidad establecido en el Código Penal.
A Rajoy se le atragantan los pactos de Estado comprometidos, no sólo este contra la corrupción. El pacto educativo está estancado, mientras que el pacto contra la violencia de género va más lento de lo inicialmente previsto. Además, el Gobierno se da por derrotado en lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica: ni saldrá adelante este año, como se comprometió, ni se avanzará hasta que vuelva "la estabilidad y normalidad" a Cataluña.
13. Mayor control del patrimonio de los cargos públicos
No hay avances en la pretensión de "extender los mecanismos de comprobación de la situación patrimonial de los cargos públicos, previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, a todas las Administraciones Públicas e instituciones del Estado".
De hecho, la aplicación de la Ley 3/2015 no es todavía una realidad. Al menos, en lo relacionado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las declaraciones de patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. Como ha publicado infoLibre, para justificar este incumplimiento, el Gobierno se escuda en la falta del desarrollo reglamentario de esta ley. Una cuestión que depende en exclusiva del propio Gobierno.
14. Incorporar en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito14.
Ciudadanos ha incluido este asunto en la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, en tramitación en el Congreso.
La disposición final quinta del texto tiene por objeto la reforma del Código Penal a efectos de tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, "por el que tendrán que responder las autoridades y funcionarios que, sin razón jurídica, experimenten un incremento de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar".
15. Coto a las puertas giratorias15.
Como el punto anterior, está contemplado en la ley que se está tramitando en el Congreso. Pretende "endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, en caso de incorporaciones ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector en el que no tenían experiencia profesional previa y hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión"
16. Encomendar a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses 16.
A propuesta de Ciudadanos se está tramitando en el Congreso un proposición de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes y en este texto ya figura la creación dela Autoridad Independiente de Integridad Pública. Este órgano sustituye a la Oficina de Conflictos de Intereses en sus funciones de gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado y de gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.
Pero este punto no está exento de polémica. El PP quiere que el órgano de nueva creación encargado de tramitar las denuncias sobre posibles casos de corrupción dentro de la Administración no sea una autoridad independiente, sino que dependa de Hacienda y que su máximo responsable no sea elegido por el Congreso, sino por el Consejo de Ministros.
17. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público
La iniciativa ya es una realidad. Pero, según se quejó Juan Carlos Girauta en el Congreso, "no se acaba de materializar, no se acaba de implementar". Fue el pasado 19 de octubre cuando el Pleno del Congreso aprobaba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial. Y, pese las palabras de Girauta, lo cierto es que en la propia ley se indica que entrará en vigor en marzo de 2018.
18. Reforzar el control de las subvenciones públicas
Muchos de estos 27 puntos, Ciudadanos ha optado por concentrarlos en la ley integral contra la corrupción, en tramitación en la Cámara Baja. Es el caso de este relacionado con las subvenciones públicas.
Se busca garantizar la eficiencia en el gasto de los recursos públicos y evitar cualquier posibilidad de fraude.
19. Situar a España a la vanguardia de las políticas y de las exigencias de un Gobierno Abierto19.
Según el pacto, se pretende situar a España como un país "más transparente en su gestión, más accesible en la respuesta a las demandas de los ciudadanos y más sensible con sus necesidades". Fue el pasado 27 de junio cuando el Gobierno presentó el Tercer Plan de acción que le compromete a desarrollar 20 medidas en materia de Gobierno Abierto. Entre las medidas del plan, figura el compromiso de mejorar y ampliar los contenidos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado así como acometer el desarrollo reglamentario en esta legislatura de la Ley de Transparencia.
Además, se fortalecerá el llamado "programa Aporta", de apertura a la información del sector público, para lo que se desarrollará la Ley sobre reutilización de la información del sector público y se ampliará el catálogo nacional de datos abiertos en un mínimo del 20%. El plan abarca entre 2017 y 2019.
20. Mejorar el Portal de Transparencia
El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado cumplió tres años el pasado 10 de diciembre. Y no acaba de despegar. En un principio, desde el Ejecutivo se cifró en más de 30.000 las solicitudes de información que podrían recibirse al año, cifra que supera ampliamente las 10.639 solicitudes contabilizadas en tres años desde diciembre de 2014. Se están recibiendo, por tanto, poco más del 10% de las peticiones que preveía el Gobierno.
Así, el número de peticiones de información trasladadas por los ciudadanos al portal de la transparencia desde que entró en vigor no supera, de media, la decena al día. Y el Gobierno esperaba recibir más de 80.
Poco después de la inauguración del portal, Access info Europe presentó una queja al Defensor del Pueblo "reivindicando el derecho de poder solicitar información bajo la ley de transparencia". Una de las denuncias concretas tenía que ver con el proceso, calificado de "complejo y largo". Tres años después, el proceso no se ha simplificado.
"En lo que respecta a los mecanismos y pasos que se exigen para registrarse en el portal de la transparencia y poder presentar así una solicitud de acceso a la información a través de dicho portal, son en efecto complejos, y muy largos, por lo que pueden resultar disuasorios e incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho", respondió Soledad Becerril, por entonces responsable de la institución.
21. Reformar la Ley de Transparencia
El objetivo de esta reforma es proceder a la elección del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados "entre profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia".
Todavía no se han dado los pasos necesarios para implementarla.
22. Ley sobre la actuación de los grupos de interés
En el registro de iniciativas del Congreso ya figura una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Baja para la regulación de los grupos de interés a iniciativa del Partido Popular. El plazo de enmiendas ya se ha ampliado en 25 ocasiones.
La proposición original añade un nuevo capítulo noveno al título IV del Reglamento que, en esencia, mantiene que el Congreso de los Diputados "dispone de un Registro público de carácter obligatorio en el que deben inscribirse los representantes de grupos de interés que mantengan encuentros con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas".
23. Mejorar la especialización de juzgados en delitos económicos, de corrupción e informáticos23
Este punto es una tarea pendiente. Los partidos con representación parlamentaria tampoco se están entendiendo en lo que tiene que ver con el ámbito de la Justicia. Hay creada una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia, pero los propios partidos se muestran poco optimistas respecto a que pueda llegar a buen puerto.
En materia de especialización, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado mayo que un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–, conocerán de manera exclusiva litigios por las cláusulas suelo.
24. Más medios contra la delincuencia organizada24. Más medios contra
En este punto, los firmantes del pacto se comprometían a "mejorar la dotación de medios dedicados a la lucha contra la delincuencia y, de manera especial, seguir fomentando la investigación de los delitos de corrupción para erradicar esta práctica". Los partidos firmantes del pacto consideran que se han dado avances en este sentido. El Partido Socialista también lo considera así y de este modo lo hizo constar en el reciente balance que presentó de las 150 medidas de acuerdo por el que Ciudadanos ofreció a Mariano Rajoy para ser investido.
25. Potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción25
Ciudadanos exigió al PP que se dediquen los recursos económicos obtenidos en materia de corrupción a la lucha contra el fraude y que se garantice "una rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la Oficina ante el Congreso".
La segunda de estas demandas ya se ha cumplido. Fue el pasado julio cuando la directora general de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) procedentes de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, Isabel Tarazona, compareció en el Congreso para dar cuenta de la gestión de este organismo, dependiente del Ministerio del Justicia. La ORGA fue inaugurada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en octubre de 2015 dentro del marco de medidas contra la corrupción impulsadas por su Ejecutivo, pero comenzó su actividad efectiva cuatro meses después.
26. Ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado26
La iniciativa no es todavía una realidad. Pero va incluida en la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que se debate en la Comisión Constitucional del Congreso.
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El texto contempla que el juez ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por delitos de prevaricación, tráfico de influencias o delitos de fraude "cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito".
27. Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción27.
Tras más de una decena de ampliaciones de los plazos de enmiendas, la Comisión Constitucional del Congreso trabaja sobre la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. Se trata de una iniciativa del partido de Albert Rivera. La proposición, además de la defensa a los denunciantes "con el fin de reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general", incorpora otras medidas de lucha contra la corrupción citadas en apartados anteriores, como el de la prohibición de los indultos a condenados por este tipo de delitos o la ampliación del decomiso en los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.
El pasado agosto, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, estimó que el cumplimiento de este acuerdo estaba en torno al 20%. Del total de 150 puntos del documento, los firmantes dieron especial relevancia al bloque denominado "transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción". En total, 27 medidas. El partido de Albert Rivera considera que en "aproximadamente un tercio de ellas el PP no ha mostrado interés en acelerar su cumplimiento".