PP y Cs amarran la legislatura andaluza con cesiones a Vox contra la inmigración, las políticas de género y Canal Sur

Agitación en superficie, calma en el fondo. Así funciona la política andaluza tras el fin de la era PSOE, una nueva realidad marcada por el acuerdo en lo sustancial entre PP y Cs, partidos gobernantes, y Vox, socio ruidoso pero fiable a la hora de la verdad. Con ademán radical en el aspecto simbólico e identitario, Vox da prioridad al orden en las grandes líneas políticas. Alcanzado un acuerdo presupuestario este miércoles, la legislatura queda encarrilada, a pesar del desencuentro en Madrid entre Pablo Casado y Santiago Abascal. PP, Cs y Vox han firmado el acuerdo para las cuentas de 2021. En menos de dos años, ya que las elecciones fueron en diciembre de 2018, los tres partidos, a pesar de sus habituales roces, han suscrito tres presupuestos, que han garantizado estabilidad al Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno (PP) y su vicepresidente Juan Marín (Cs) a cambio de cesiones al partido liderado en Andalucía por Alejandro Hernández. Vox va haciendo avanzar su agenda sin entorpecer el programa básico de la coalición de Gobierno. En esta ocasión, las cesiones se concretaron en un acuerdo de 32 puntos, a los que se añaden otros 34 de revisión de compromisos anteriores, todo ello en un documento con membrete con el logotipo de los tres partidos [ver aquí].

Al igual que en los otros dos presupuestos, Vox se suma –en ocasiones haciendo su aportación o subrayado– a las principales líneas del presupuesto en materia de servicios públicos y fiscalidad. En paralelo, se distingue elevando al papel del acuerdo medidas de cariz simbólico, aunque en ocasiones con impacto real. El pacto para 2021 pone en el punto de mira a Canal Sur, uno de sus caballos de batalla, por ser uno de los emblemas de la autonomía, que en su programa de máximos Vox quiere suprimir para la consecución de un Estado centralizado. A juicio de Vox, Canal Sur representa despilfarro. El partido liderado por Santiago Abascal renuncia a que se concrete su propósito de cambiarle el nombre, ya que sólo “se analizará la conveniencia de una renovación de marca”. A cambio, el acuerdo de PP, Cs y Vox logra un compromiso de empequeñecer la radiotelevisón pública, con la amortización de las vacantes por jubilación, la unificación de sus tres canales en dos y el “objetivo” de “ahorrar” 14 millones de euros con mayor “eficiencia”. Está por ver si ese objetivo de ahorro se cumple.

El acuerdo incluye la realización de una “auditoría” de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Es el tipo de acuerdo de circunstancias al que suelen llegar PP, Cs y Vox. Permite poner en el punto de mira las políticas de género, con lo que Vox puede apuntarse el tanto. Pero PP y Cs defienden que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. ¿Cómo vende Vox el acuerdo? “Auditar los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente”. ¿En qué quedará finalmente? Se verá.

Vox también afirmaba al anunciar el acuerdo en su cuenta de Twitter que en Canal Sur se realizaría una “potenciación de la emisión de contenidos dirigidos a la Iberosfera”, un concepto fetiche que conecta con uno de los sellos de la retórica nacionalista, una cierta nostalgia imperial. El término llamó mucho la atención en las redes sociales. Pero el acuerdo no alude a la “iberosfera”, sino que dice: “Se atenderá especialmente a la consecución de soluciones técnicas que permitan exportar la emisión de los contenidos a EEUU y los países iberoamericanos [...]”.

A cambio de su apoyo a los presupuestos, Vox logra el compromiso de PP y Cs de hacer de Ceuta y Melilla “ciudades hermanas” de Andalucía. También de la promoción de la efeméride de los 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana. Todo esto se suma a acuerdos alcanzados para los presupuestos anteriores, como el Programa 1492. Un nuevo mundo para conmemorar al “Descubrimiento” del “Nuevo Mundo”. Más que medidas, se trata de banderas, de causas políticas que Vox logra colocar en primer plano. La agenda de Vox avanza, sus temas están en el candelero. A cambio, PP y Cs gobiernan con su modelo, sin mayores sobresaltos. Vox apoya e incluso exige el cumplimiento de su programa fiscal, educativo, sanitario... Quien electoralmente ha perdido con este reparto de roles es Ciudadanos. Pero Marín parece decidido a llevar la apuesta hasta el final.

Revisión de acuerdos anteriores

A partir de la firma de este miércoles, es el Gobierno andaluz el que ejecuta. Vox pierde ahora el poder que le daba tener la sartén por el mango. Una vez aprobadas las cuentas, sólo le queda exigir. Y PP y Cs no siempre cumplen. Vox está escarmentado por incumplimientos como el del pin parental, ya acordado aunque sin ese nombre para los presupuestos de 2020 pero nunca implantado por la negativa de Cs, que pudo comprobar en las elecciones de noviembre de 2019 cómo su adhesión plena al bloque derecho de la política española le pasaba factura electoral.

Ahora el acuerdo para 2021 crea un “comité bilateral” Vox-Gobierno andaluz para el seguimiento de los puntos suscritos, que se empezará a reunir en marzo de 2021. El nuevo pacto incluye la “revisión” de 34 acuerdos anteriores, algo que da la medida del descontento de Vox con el grado de ejecución de sus exigencias. Dicho apartado de revisión incluye la “promoción del conocimiento de personalidades históricas andaluzas”, la “seguridad en centros MENAS” y el conocido como “pin parental”, aunque sin llamarlo así. El acuerdo dice: “Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución”.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, no quiso poner el foco en los incumplimientos pasados. Su mensaje era de satisfacción por lo conseguido. Y de reivindicación del carácter imprescindible de sus 11 diputados, que completan los 26 del PP y los 21 de Ciudadanos para llegar a los 55 de la mayoría absoluta. “Somos el único socio posible”, reiteraba Hernández. En cuanto al PP y Ciudadanos, este miércoles no ha sido el día fácil. Los días de acuerdo con Vox toca responder por las exigencias de Vox. Pero tampoco ofrecieron mayores detalles. Ni el vicepresidente, Juan Marín (Cs), ni el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), cuantificaron lo que suponían las “cesiones” a Vox en un presupuesto de más de 40.000 millones. ¿Cuánto costará la mayor seguridad en los centros de menores no acompañados? ¿Por qué se adopta tal medida? No hay concreción en la respuesta. En cuanto a auditar los informes de impacto de género, Marín lo resolvió con ironía: “Tenemos la mala costumbre de evaluarlo todo”. El líder de Cs en Andalucía ha pasado de negar incluso que hubiera acuerdos con Vox al principio de la legislatura a reivindicar la utilidad del partido de Abascal. El vicepresidente ve mucho peor a Bildu que a Vox. Él no pacta, dijo, con quien tiene “las manos manchadas de sangre”.

Más clara tiene Vox la interpretación de los acuerdos. La mayor seguridad en los centros de menores inmigrantes es porque "queremos barrios seguros". Esa es la idea subyacente: inmigración es igual a inseguridad.

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Acuerdos de fondo

No todos los acuerdos logrados por Vox son simbólicos. Lo que ocurre es que los compromisos que arranca en los campos fiscal, educativo, sanitario y de ayudas públicas no se desvían de lo que ya son prioridades de PP y Cs. Ejemplos. El acuerdo recoge la promoción de los conciertos –financiación pública de centros privados– en Bachillerato y formación profesional, plan que el Gobierno andaluz ya tiene en marcha. Los tres partidos acuerdan la creación de una “línea de avales para compra de vivienda por jóvenes y familias numerosas”. Nada que PP y Cs no puedan defender.

El acuerdo es muy incisivo en la racionalización del sector público, especialmente de las entidades instrumentales. El tan nombrado como pospuesto recorte de la “administración paralela”, que ya no aparece con ese nombre en el acuerdo, recorre todo lo que han ido firmando PP, Cs y Vox desde el arranque de la legislatura. Todavía está por ver el resultado. Habrá, según el acuerdo, ayudas para “autónomos en dificultades”, a “jóvenes agricultores”, nuevas deducciones impositivas, una “revisión integral de la política de subvenciones y ayudas”... En una de las escasas cuantificaciones incluidas se recoge que 3 millones de la Consejería de Igualdad destinados a cooperación internacional pasarán al Banco de Alimentos. Vox presentó este punto del acuerdo con tres palabras: “Primero lo nuestro”.