La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció en 2011 a dos funcionarios de su antecesor en la presidencia de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, bajo la acusación de que habían destruido material informático: “Hay archivos borrados, incluso han hecho desaparecer la copia de seguridad, algo que no se puede hacer", dijo entonces. Dos años después, su partido intenta ahora sortear el escándalo de los ordenadores borrados de Bárcenas defendiendo la tesis contraria: que, en lugar de entregárselos al juez que investiga la presunta financiación ilegal del partido, destruyó (formateó) los archivos de uno de ellos porque era justamente lo que la ley le obligaba a hacer.
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El disco duro del segundo ordenador que usaba el hombre que durante 20 años manejó las finanzas del PP ni siquiera fue formateado: simplemente, ha desaparecido. Según Bárcenas, es en ese segundo ordenador, un Toshiba cuyo paradero permanece en el misterio, estaba almacenada la copia informática de la contabilidad B de la organización.
El extesorero, que siguió cobrando nómina del partido y usando sus dependencias hasta enero de este año, denunció en febrero ante un juez la devolución de los ordenadores. El PP se embarcó en el pleito y logró quedárselos.
Para justificar el incumplimiento de la orden del juez Pablo Ruz, que había ordenado la entrega delos dos portátiles a petición del propio Bárcenas, el PP busca ahora refugio en la ley de protección de datos. Según los conservadores, la ley les obligaba a borrar los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas y en los que, según su propia declaración, estaba almacenada la copia informática de la contabilidad B del partido. La Ley de Protección de Datos y el decreto que la desarrolla, solo imponen a las empresas el borrado de datos “de carácter personal”, y no profesional, de aquellos empleados cuya relación laboral se haya roto.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció en 2011 a dos funcionarios de su antecesor en la presidencia de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, bajo la acusación de que habían destruido material informático: “Hay archivos borrados, incluso han hecho desaparecer la copia de seguridad, algo que no se puede hacer", dijo entonces. Dos años después, su partido intenta ahora sortear el escándalo de los ordenadores borrados de Bárcenas defendiendo la tesis contraria: que, en lugar de entregárselos al juez que investiga la presunta financiación ilegal del partido, destruyó (formateó) los archivos de uno de ellos porque era justamente lo que la ley le obligaba a hacer.