El PP rechazó este martes en el pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que contemplaba un completo catálogo de medidas contra la corrupción, entre las que destacan la imposición de más penas a los corruptos y a los corruptores, mayor vigilancia de los contratos públicos y límites más estrictos a las donaciones a partidos políticos. Y los conservadores dijeron no bajo el argumento de que se trata de unas recetas "oportunistas, poco rigurosas y sin consistencia".
Cayo Lara, el coordinador federal de Izquierda Unida, una de las formaciones tradicionalmente más beligerantes contra los escándalos de corrupción, justificó la presentación de esta iniciativa ante la "inacción" del Gobierno frente a la corrupción, una lacra que, a su juicio, se ha convertido en "un problema de Estado", puesto que "el goteo de irregularidades" en las distintas administraciones públicas y en la clase política está "dañando" la credibilidad de las instituciones, "socavando" las bases del sistema democrático, generando "escándalo social" y provocando "desafección" política. Por ello, y ante la necesidad de tapar los "agujeros" que existen en la legislación, como así se ha puesto de manifiesto sobre todo a raíz del caso Bárcenas –"El caso más grave de supuesta corrupción de la democracia española", dijo–, Lara puso de relieve las reformas que la Izquierda Plural ve necesario acometer para atajar esta problemática.
Código Penal y otras siete leyes
En concreto, IU-ICV-CHA proponía una mejor tipificación e incremento de penas por delitos relacionados con la corrupción, una mejora de la transparencia en la gestión y la contratación pública, y reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías y en el control de la financiación de los partidos políticos. Para ello plantea modificar el Código Penal y otros siete leyes, entre ellas la de Financiación de Partidos Políticos, la de Contratos del Sector Público o la Ley de Bases del Régimen Local.
Las medidas de la Izquierda Plural sí fueron avaladas por otros los grupos de la oposición pero el PP, por boca de Arturo García-Tizón, comenzó echando en cara a Lara que su grupo no apoyara la resolución que se aprobó en el marco del debate sobre el estado de la nación con medidas anticorrupción y de regeneración democrática y que ahora pretenda que el resto de fuerzas políticas apoyen su "particular" proposición. García-Tizón, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, censuró que la Izquierda Plural pretenda sumar apoyos a una propuesta que no ve "seria" ni "posible", que es "oportunista, poco rigurosa y sin consistencia", que impide articular un conjunto de medidas para combatir la corrupción y que deja "en el aire" muchas cuestiones "importantes". "El PP quiere continuar avanzando en la lucha contra la corrupción y contribuir al acuerdo entre todos, pero no apoyará las aventuras de una fuerza minoritaria que pretende dictar los tiempos y las fórmulas con un apresurado ejercicio que sólo busca hacerse con un titular informativo", aseveró.
La necesidad de una "catarsis"
El resto de fuerzas parlamentarias sí respaldó la iniciativa del grupo parlamentario de Lara. Así, desde el PSOE la diputada Meritxell Batet subrayó la necesidad de empezar "de inmediato" a tomar medidas "concretas" contra este tipo de prácticas ante la "pasividad" y el "silencio" del Gobierno y del PP que, en su opinión, "no quieren ser conscientes de la gravedad del asunto". Batet cree que el PP debería mostrar "más ambición y generosidad" frente a la corrupción, un problema que "afecta y desprestigia" a "todos", e impulsar "ya" cuantas medidas sean necesarias para poner fin a estas prácticas porque, según defendió , si bien desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se hizo "mucho" para acabar con la corrupción, se ha demostrado que no fue suficiente.
En nombre de CiU, Feliu-Joan Guillaumes mostró su preocupación por que un país como España tenga como "uno de sus héroes nacionales al Lazarillo de Tormes" para llamar la atención sobre la necesidad de solucionar la "catarsis" en la que está sumida la clase política ante los continuos casos de corrupción que le afectan y para poner en el acento en la urgencia de dotar de más medios materiales a la Justicia para que esta actúe con mayor rapidez. En todo caso, los nacionalistas de CiU optaron por la abstención, al igual que los diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Por su parte, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, exhortó a sus señorías a estar ahora "a la altura" y "a no tener miedo" a hablar de la corrupción pero, sobre todo, para acordar soluciones y propuestas –"La gente ha dicho basta ya"– e insistió en la necesidad de que la sociedad "no se muestre comprensiva ni perdone" a quienes se corrompen desde un cargo público. "Sólo cuando sintamos que nos toman por la solapa, aprenderemos a comportarnos", verbalizó.
El escándalo de las dietas de Caja Navarra
Proposición de Ley Orgánica de Izquierda Plural de medidas contra la corrupción
El diputado del PNV Emilio Olabarria, quien presumió de que en su partido no hay sospechas de actuar "con contundencia" contra las prácticas corruptas, avanzó su voto favorable a la iniciativa de la Izquierda Plural que, según remarcó, persigue poner fin a una corrupción que en España se ha tornado "sistemática" y que produce "náusea". Y puso como ejemplo el cobro de dietas de Caja Navarra por parte de sus consejeros, entre ellos la presidenta de la Comunidad foral, Yolanda Barcina, para subrayar al PP que también es corrupción "en el sentido antropológico" mantenerla al frente de ese Gobierno.
Por último, desde el Grupo Mixto, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Tardà recriminó al PP y al PSOE que no estén tomando las medidas adecuadas para "castigar" la corrupción de sus cargos y para resolver este "cáncer en estado de metástasis" que, a su juicio, está poniendo en jaque mate al sistema democrático. Es más, sostuvo que la gravedad del momento exigiría que los cargos electos imputados abandonen su responsabilidad institucional, "se apelliden Pujol o Blanco", aunque pudiera incurrirse en una "injusticia". "Tolerancia cero", apostilló.
Su compañero de grupo y diputado de Amaiur Sabino Cuadra defendió por su parte que la separación de instituciones y partidos políticos de la ciudadanía promueve "un caldo de cultivo" sobre el que se "apoyan" las prácticas corruptas, y también sacó a colación el escándalo de las dietas de Caja Navarra para agradecer irónicamente a Barcina y a su antecesor, Miguel Sanz, su trabajo en favor de la privatización de una entidad "en la que han florecido corruptelas de todo tipo" y que han vuelto a colocar a la comunidad en los primeros puestos de ranking de escándalos de corrupción.
El PP rechazó este martes en el pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que contemplaba un completo catálogo de medidas contra la corrupción, entre las que destacan la imposición de más penas a los corruptos y a los corruptores, mayor vigilancia de los contratos públicos y límites más estrictos a las donaciones a partidos políticos. Y los conservadores dijeron no bajo el argumento de que se trata de unas recetas "oportunistas, poco rigurosas y sin consistencia".