María Dolores de Cospedal consigue que su reforma del Estatuto manchego pase el primer filtro en las Cortes Generales. Que comience su tramitación en el Congreso. Pero lo hace lastrada por sus apoyos. Sólo recaba el respaldo de su grupo. Y así lo reflejó la votación: 171 votos a favor, 124 en contra y 21 abstenciones. Sólo cupo hacer una salvedad: la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, votó a favor por respetar el principio de su partido de que debe permitirse la tramitación de todo lo que llegue a la Cámara baja de un Parlamento autonómico, pero se opone frontalmente al contenido. Razón semejante que arguyeron CiU y PNV para inclinarse finalmente por la abstención.
Hoy la presidenta manchega pudo comprobar que su modificación estatutaria, que pretende recortar a la mitad el número de diputados en el Parlamento regional so pretexto de una mayor "austeridad", no gusta a nadie. Todos los grupos, con mayor o menor énfasis, calificaron su propuesta de "pucherazo", "cacicada", "recorte democrático", "atentado a la democracia", "desfachatez", y entrevieron detrás de ella un mismo interés: alterar las reglas del juego para intentar "perpetuarse" en el Gobierno. No faltaron, claro, las referencias explícitas al caso Bárcenas y a los "sobresueldos" en el PP. Los conservadores, mientras, se envolvieron en la bandera del ahorro, recurrieron al argumento de la herencia recibida y a la "absoluta quiebra" que se encontraron cuando llegaron al poder en Castilla-La Mancha en 2011 y sostuvieron que la que se tramita en el Congreso no es una reforma estatutaria clásica, "al uso", que pretenda aumentar o suprimir algunas de las competencias de la comunidad o cambiar la distribución de poder, sino sólo de "dividir por dos el número de diputados".
La jefa del Ejecutivo autonómico no contestó, ni intervino en el debate, aunque podía hacerlo. Prefirió hacer unas breves declaraciones a los periodistas a la entrada de la Cámara baja y sentarse después en la tribuna de invitados junto al presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado. Durante la discusión en el hemiciclo, ni siquiera la acompañó ningún miembro del Gobierno central. Ni su jefe, Mariano Rajoy, ni nadie. Por parte del PSOE, sí presenciaron el debate Alfredo Pérez Rubalcaba y el secretario general en Castilla-La Mancha y senador, Emiliano García-Page.
La reforma que ha impulsado Cospedal del Estatuto es, formalmente, muy simple: modifica un párrafo del artículo 10. 2 del texto para establecer que las Cortes manchegas se componen de un mínimo de 25 diputados y un máximo de 35. La horquilla vigente es bastante más amplia: de 47 a 59 parlamentarios. El problema le viene a la presidenta y secretaria general del PP con sus propios hechos: en 2012, el Parlamento regional aprobó, con los votos del PP, una nueva Ley Electoral que elevó el número de escaños: de 49 a 53, y entonces ya dijo que esa reforma era "justa, ponderada y austera".
Al PP se le escapa la dimensión de la Cámara: 27 escaños
Pocos meses después, anunció un cambio en el sentido contrario: la reducción a la mitad del número de diputados. Pero ya no podía hacerlo con una modificación de la ley: necesitaba alterar el Estatuto, y en Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, se puede hacer con la mayoría absoluta, de la que disponen los conservadores. Justa –sólo superan en un escaño al PSOE–, pero absoluta. Así que Cospedal promovió el cambio estatutario, cambio que este martes, 19 de noviembre, tomó en consideración el Congreso, con la abstención muy crítica de PNV y CiU. El siguiente paso será rehacer la Ley Electoral para fijar exactamente el volumen de parlamentarios y el reparto provincial, aunque hoy el portavoz del PP en el debate, Agustín Conde, ya dejó caer que su partido piensa en una Cámara de 27 miembros.
La sesión comenzó a las cuatro de la tarde con la intervención del diputado autonómico encargado de la defensa de la reforma, Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes regionales. Cañizares, igual que Conde, apuntaron los mismos argumentos: que no es una modificación estatutaria "al uso", que implique un cambio de la relación de la autonomía con el Estado, que gane alguna competencia o la pierda o abra una "controversia" con nadie, o que contenga aspectos que socaven los "principios constitucionales" como, a juicio de los conservadores, tenían otros estatutos. Además, tras el "desastre organizativo" de la gestión socialista en la región, se pidió "sacrificios" a los ciudadanos que también debían desplazarse a los políticos. Razón por la que defendieron la supresión del sueldo a los diputados autonómicos o esta reducción de escaños a la mitad. Cañizares incidió además en el "amplísimo apoyo de los ciudadanos" a la medida, de hasta un 94%. "Los ciudadanos merecen ser escuchados. Una postura como la del PSOE, negándose a escuchar a esa mayoría, les aleja de la realidad de su región".
El PP se escudó en un argumento ya utilizado por Alberto Fabra para justificar el cierre de Canal 9: el ahorro, de entre "cuatro y cinco millones de euros en cada legislatura" –el presupuesto anual de las Cortes es de 8 millones–, permitiría construir centros de salud o una escuela. "Es un cambio de filosofía que los ciudadanos exigen [...]. Debemos dar ejemplo de austeridad. Los ciudadanos exigen un cambio de actitud que en Castilla-La Mancha está personificando María Dolores de Cospedal", concluyó Cañizares. Nadie se creyó esas razones. Los grupos tienen claro que lo que subyace es un cálculo político: un intento de torcer la norma para facilitar a conservación del poder al PP y dificultar, hasta hacerla casi imposible, la entrada de pequeñas fuerzas, como IU y UPyD, que necesitarán un 15% de voto para poder poner un pie en las Cortes regionales.
El "mitin de fin de semana" de Cañizares
El mismo tono de la intervención del comisionado del PP –más propio de un "mitin de fin de semana" y de halago sin fin a la presidenta, como dijo el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán– enardeció a la Cámara casi tanto como la reforma en sí misma, que cosechó crítica tras crítica. Por el fondo y por la forma, ya que no cuenta con el apoyo de un solo partido.
Soraya Rodríguez, la portavoz socialista, señaló que sólo una reforma estatutaria había llegado al Congreso con un apoyo "del 52%", el plan Ibarretxe, y aun así venía avalado por más fuerzas políticas. La modificación manchega sólo está respaldada por el PP, que goza de mayoría en la Cámara regional pero que, en votos, logró el 47,48%. "Esta reforma no está cogida ni por los pelos", lanzó. El Estatut de 2006 no lo refrendaron los conservadores, pero sí la mayoría de formaciones catalanas. Y en el de Andalucía, el PP inicialmente votó en contra de la tramitación, pero luego se incorporó. El de Murcia, el primero que se tramita en esta legislatura (y que mañana miércoles aprobará el Senado), vino al comienzo con el aval de los conservadores pero luego se fraguó un pacto entre el grupo mayoritario, PSOE e IU. No parece que vaya a suceder lo mismo en este caso.
Rodríguez, de hecho, pidió reiteradamente al Grupo Popular a que, por "responsabilidad", no consume el "intento fraudulento partidista", el "pucherazo" y "cacicada" perpetrados por Cospedal. "Le pido al PP que reflexione. Es un problema de democracia. No puede votar esto hoy y mañana ofrecer un pacto sobre la regeneración democrática", aseguró. La portavoz atacó asimismo la incoherencia del PP: si antes "no tenía coste ampliar" el volumen de la Cámara, al pasar a 53 diputados, ahora tampoco supondrá ahorro la reducción de escaños. "Señor [Alfonso] Alonso, tienen un problema fundamental que se llama María Dolores de Cospedal, una secretaria general agotada y debilitada en su partido, a la que ustedes quieren garantizar la permanencia", le lanzó al portavoz del PP.
Cayo Lara, presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) abundó en la condena: un "pucherazo revestido de aparente legalidad" impulsado por Cospedal, que no podrá "ocultar detrás de la supuesta austeridad sus plurisueldos anteriores". "Es la secretaria general del PP, de Luis Bárcenas, de la Gürtel, de la custodia de las pruebas que son destruidas para que no se haga Justicia, la que atesoró sobresueldos y ahora se los quita a los diputados. Esas son las pésimas credenciales que tiene", reprobó.
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Elogio a la "antipolítica"
La sarta de reproches por la falta de consenso y por el "déficit democrático" que se echa encima, por la reforma "impúdica y obscena", se reiteró en boca de los demás portavoces. De forma rotunda, en el caso de Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), Olaia Fernández Davila (BNG) y Joan Baldoví (Compromís-Equo). Y de forma más contenida, en los discursos del peneuvista Aitor Esteban y del convergente Jordi Xuclà, quienes justificaron su abstención porque sus formaciones respetan la decisión de un Parlamento autonómico, aunque discrepen del contenido. Esteban, como Gorriarán o Xuclà plantearon al PP que, ya que está defendiendo un recorte de la democracia y una merma del "control del legislativo sobre el Ejecutivo", quizá le convendría pedir la anulación de la autonomía de Castilla-La Mancha. UPyD e IU, por su parte, también afearon a los conservadores que se suban a la "ola de la antipolítica", que apuntalen la falsa teoría de que los políticos sobran. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, no intervino. Votó a favor por coherencia con su posición de que las propuestas de los Parlamentos autonómicos deben tramitarse, pero aseguró a este diario que rechaza totalmente el contenido y lo rechazará en comisión y pleno.
Tras el debate, Rodríguez compareció en los pasillos del Congreso flanqueada por el expresidente José María Barreda, inmediato antecesor de Cospedal, y por Emiliano García-Page. Todo ello para machacar más el mensaje de que la reforma estatutaria es un "escándalo" sin paliativos. Y para anunciar que el recurso ante el Tribunal Constitucional "es una de las posibilidades" que los socialistas se plantean si no hay marcha atrás. No parece que la vaya a haber, y en ese caso el PP se llevará su Estatuto a Toledo con cero respaldo.
María Dolores de Cospedal consigue que su reforma del Estatuto manchego pase el primer filtro en las Cortes Generales. Que comience su tramitación en el Congreso. Pero lo hace lastrada por sus apoyos. Sólo recaba el respaldo de su grupo. Y así lo reflejó la votación: 171 votos a favor, 124 en contra y 21 abstenciones. Sólo cupo hacer una salvedad: la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, votó a favor por respetar el principio de su partido de que debe permitirse la tramitación de todo lo que llegue a la Cámara baja de un Parlamento autonómico, pero se opone frontalmente al contenido. Razón semejante que arguyeron CiU y PNV para inclinarse finalmente por la abstención.