A tres meses de las europeas, el Partido Popular tiene bien localizados los temas que pueden dominar la campaña: la reforma de la ley del aborto impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón desde el Ministerio de Justicia, el desafío soberanista de Cataluña y el final del terrorismo y el tratamiento del Gobierno a las víctimas del terrorismo.
Los dos primeros frentes los tienen controlados en lo que a estrategia se refiere. Sobre el aborto: silencio total, salvo que su candidato se vea obligado a entrar en la materia requerido en algún debate con otros cabezas de cartel. Se trata de algo con lo que cuentan dado de que la candidata de los socialistas es Elena Valenciano, una de las voces más combativas contra el texto que pasó por el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre. Sobre Cataluña, se reforzarán los mensajes de que la consulta es ilegal y de que una hipotética independencia supondrían la inmediata salida de la Unión Europea y del euro. El problema, admiten fuentes conservadoras, lo tienen en lo relacionado con la lucha contra el terrorismo y el papel que juegan las víctimas a la hora de escribir el final de ETA en un momento en el que un sector de su electorado, el que suele ser más fiel, no comparte ni el discurso ni las actuaciones de Mariano Rajoy en esta materia. Por ello, ven una oportunidad de ganar algo de terreno en hacer una oposición frontal a la posibilidad de que los socialistas pacten con Bildu para echar a Unión del Pueblo Navarro (UPN) del Gobierno foral.
El nacimiento de Vox, una formación que se considera una escisión del PP y a la que ya se han incorporado exdirigentes del partido y la víctima del terrorismo, José Antonio Ortega Lara junto al varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot ha provocado un distanciamiento entre el sector más conservador del electorado del partido y su dirección nacional. A ello hay que sumar la negativa de Jaime Mayor Oreja a encabezar de nuevo la candidatura al Parlamento Europeo. Exministro del Interior con José María Aznar, el actual portavoz del PP en Bruselas es un referente de la denominada "ala dura" del partido.
Desde el Gobierno y desde el PP se agarran con fuerza a la crisis desatada esta misma semana después de que el Partido Socialista de Navarra (PSN) amagara con plantear una moción de censura en 15 días si se acreditaran en la comisión de investigación las acusaciones de corrupción contra la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Para que esta prospere, necesitarían los votos de la izquierda abertzale, algo que los socialistas aceptarían y ante lo que el PP se lleva las manos a la cabeza pese a que la hemeroteca da sobrada cuenta de que ellos también han pactado con Bildu.
Además, el PP ha detectado que el discurso de Ferraz y el de los socialistas navarros no es uniforme en este asunto y ven también ahí una oportunidad de atacar dialécticamente a sus adversarios políticos.
Que Rubalcaba ponga "orden"
Nada más conocerse la noticia, los conservadores saltaron a afear una posible alianza del PSN con Bildu. Abrió la veda el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons. En una entrevista concedida a la cadena Cope, el dirigente conservador mantuvo que Valenciano va a verse obligada a hacer campaña con Bildu en Navarra. Casi al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, reclamó al líder de los socialistas que ponga orden en su formación en Navarra.
"Es inaceptable una alianza entre el Partido Socialista y Bildu. Creo que ésta es una cuestión que excede el ámbito navarro y que, por tanto, el PSOE tiene que poner orden en Navarra. Rubalcaba tiene que dar una orden taxativa de que no se pacta con quien hasta hace dos días han acompañado políticamente a ETA y siguen sin condenar la historia criminal de la banda", señaló Alonso. Unas declaraciones a las que este mismo viernes se sumó, desde la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Una ocasión en la que, por cierto, faltó a su compromiso de no entrar a valorar las actuaciones de los partidos políticos.
Tras ser preguntada por la situación en Navarra, la portavoz del Gobierno reclamó al principal partido de la oposición que sean "coherentes y consecuentes" con sus decisiones y sobre los métodos que emplean. Según subrayó, un acuerdo con Bildu no es "un pacto cualquiera", sino que tiene una serie de "connotaciones" que el PSOE debería explicar a los ciudadanos. Además, invitó al partido de Rubalcaba a diferenciar el ámbito judicial del político y criticó que empleen un doble discurso a la hora de hacer frente a otros escándalos de corrupción.
Sin mencionar a Andalucía ni al escándalo de los ERE, afeó la postura "incoherente" de los socialistas "cuando gobiernan en otras comunidades autónomas afectadas por determinadas investigaciones de ámbito similar".
Para poner el broche a la jornada, el departamento que dirige Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, remitió este viernes a los cargos públicos del partido un argumentario dedicado a Elena Valenciano. El objetivo es cargar contra su elección como candidata a las europeas, algo que no deja de sorprender cuando los conservadores no han escogido todavía al suyo.
Gobernar "con los amigos de ETA"
El episodio navarro también forma parte de este documento interno. Muy en la línea del discurso de González Pons del día anterior se sostiene lo siguiente: "Elena Valenciano se va a ver obligada a hacer campaña acompañada de Bildu en Navarra. La actitud de los socialistas navarros, que han presentado moción contra el Gobierno foral, suena a excusa para llegar al Gobierno con Bildu. Ningún partido democrático, en ningún caso, debería gobernar jamás con los amigos de ETA y el PSOE parece dispuesto a hacerlo.
Esta va a ser, de momento, la estrategia del partido presidido por Mariano Rajoy en esta cuestión. Tanto fuentes del PP nacional como del PP de Navarra consultadas por infoLibre se manifiestan en contra de anticipar las elecciones en la comunidad Foral.
El PP carga contra Bildu pero no insta a su ilegalización
"No va a cambiar el panorama, ni a arreglar el empleo, ni a salir de la crisis. No creemos que sean buenas [las elecciones]. La mejor solución, a nuestro juicio, es que los principales grupos nos sentemos en una mesa y lleguemos a acuerdos puntuales pensando en el bien de los ciudadanos, aunque eso a lo mejor es pedir peras al olmo", subrayan desde la dirección del PP navarro, en manos de Enrique Martín de Marcos. Su formación tiene cuatro escaños en el parlamento regional.
En el equipo de Martín de Marcos aseguran que, hasta la fecha, no han recibido consigna alguna de la dirección nacional del PP. Y que su hoja de ruta es la siguiente: esperar a que llegue la comisión de investigación, comprobar si las acusaciones son verdad y, en base a ello, exigir responsabilidades.
Estas "responsabilidades" podrían pasar por la exigencia de una crisis de Gobierno y, en último término, la convocatoria de unas elecciones. El último escenario es, a ojos de los conservadores, el menos deseable. Además, subrayan su negativa a votar cualquier moción con Bildu.
A tres meses de las europeas, el Partido Popular tiene bien localizados los temas que pueden dominar la campaña: la reforma de la ley del aborto impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón desde el Ministerio de Justicia, el desafío soberanista de Cataluña y el final del terrorismo y el tratamiento del Gobierno a las víctimas del terrorismo.