El PP se enreda con las macrogranjas y no se muestra a favor ni en contra porque “no están permitidas”

“Las macrogranjas como concepto no están permitidas y, por tanto, no ha lugar a la cuestión”, se escudó para no responder este martes en el Congreso la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, cuando un periodista le preguntó si estaban a favor o en contra de estas explotaciones.

Más allá del ruido de los primeros días, y del intento de señalar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, como un enemigo del sector de la carne, el debate sobre las macrogranjas —explotaciones ganaderas en las que los animales no tienen apenas movilidad y son engordados artificialmente para rentabilizar su peso con poco dinero, una práctica con graves consecuencias medioambientales y que produce carne de peor calidad que la que sale de las explotaciones extensivas— está haciendo aflorar las contradicciones del PP en materia de ganadería intensiva.

El partido de Pablo Casado gobierna en cinco comunidades y en ninguna de ellas ha aprobado ni tiene planes para impulsar normas que frenen, limiten o prohíban la creación de estas instalaciones. Sí lo ha hecho, en cambio, en el municipio castellanomanchego de Daimiel, donde gobierna. Allí no se pueden crear macrogranjas de porcino desde el 23 de diciembre “por su configuración y por el impacto medioambiental” de este tipo de instalaciones.

Gamarra no fue capaz de explicar si su partido defiende lo mismo en Daimiel y en resto de España. Aunque, a la vista de lo que sucede en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, es evidente que no. En estas cuatro comunidades no existen límites para la instalación de grandes explotaciones intensivas de vacuno y las normas que se aplican en porcino y aves son estatales.

En Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, donde se originó la ofensiva del PP contra Garzón, la situación es exactamente la contraria. El año pasado, el gobierno conservador redujo al mínimo el papeleo necesario para construir granjas en las que criar artificialmente miles de animales: sólo necesitan una declaración de impacto ambiental. Las macrogranjas con más de diez años de antigüedad ni siquiera la necesitan.

La estrategia de Mañueco ha puesto las macrogranjas en el centro del debate político en su comunidad a cuatro semanas de las elecciones autonómicas de 13 de febrero. Y no parece que vaya a girar a favor o en contra del sector cárnico, como trata de situarlo el PP, sino entre la ganadería extensiva, que produce género de calidad, y la intensiva, a todas luces mucho peor pero más barata. 

Allí va a haber discusión. En Soria hay una fuerte oposición a la creación de una macroexplotación lechera del tamaño de 120 campos de fútbol en Noviercas, un pueblo de 155 habitantes. Las plataformas vecinales en contra de la ganadería industrial en esta comunidad van a exigir a los partidos que se mojen y la tolerancia que el PP ha mostrado a estos proyectos no va a pasar desapercibida. La Coordinadora Regional Stop Ganadería Industrial, que engloba a 22 movimientos vecinales, ya está en pie de guerra para parar un modelo que creen que produce despoblación, destruye empleos y contamina. Todo ello en medio de una pelea sin precedentes por el voto de las provincias de la llamada España vaciada.

Es cierto que no existe una definición oficial de macrogranja. Pero, como señala la organización ecologista Greenpeace, que tiene en marcha una campaña al respecto, sí existe consenso a la hora de señalar con ese término “un modelo de ganadería industrial o, como se llama oficialmente y de forma más aséptica, intensiva” en contraposición a la ganadería extensiva, “un modelo mucho más sostenible, arraigado al territorio y generador de empleo” cuyo “exponente máximo es la ganadería ecológica”.

Para Greenpeace una macrogranja es una explotación caracterizada por la presencia de una gran cantidad de animales confinados en un área demasiado pequeña y en el cual, además, no se puede producir el alimento ni gestionar de manera segura los excrementos. En ella los animales no pueden “expresar su comportamiento natural y son cebados con el único objetivo de producir mucho, rápido y barato”. Para la ONG esa es la clave, no el número de animales, porque una granja pequeña también puede actuar así.

Gamarra, en todo caso, no encontró el modo de aclarar la posición del PP. Para ella, a diferencia de sus correligionarios de Daimiel, ganadería intensiva y macrogranjas no son sinónimos. Y como sostiene que las explotaciones que denuncia Greenpeace “no están permitidas”, pese a las evidencias existentes, defendió a la vez la ganadería intesiva y la extensiva. 

En su opinión, hay un intento deliberado de confundir la ganadería extensiva y las macrogranjas. “Son dos cuestiones distintas”, defendió. “La ganadería extensiva nada tiene que ver con las maocrogranjas en nuestro país.Y este partido defiende una ganadería intensiva, una ganadería extensiva y, sobre todo, la diversidad que es el equilibrio de un sector que es clave para la economia española”.

La tesis del PP

Como quiera que sus explicaciones no daban respuesta a las preguntas de los periodistas, la portavoz del PP añadió que su partido “defiende la diversidad de nuestra ganadería, tanto la intensiva como la extensiva. Las macrogranjas como concepto no están permitidas y por tanto no ha lugar a la cuestión. No mezclemos y queramos confundir (diciendo) que hay un modelo de ganadería que es intensiva que toda ella son macrogranjas porque no es así”.

¿Qué entiende entonces el PP por ganadería intensiva distinta de las macrogranjas? La portavoz de Casado en el Congreso no lo aclaró.

Alberto Núñez Feijóo en Galicia, donde este tipo de explotaciones ya existen, ha optado por un perfil bajo en la ofensiva contra Garzón, consciente de que no toda su producción de carne se ajusta a los objetivos de desarrollo sostenible ni en términos de medio ambiente ni de bienestar animal.

En Galicia el purín y la contaminación de las aguas subterráneas es un problema que viene de lejos. En la comarca de A Baixa Limia, en Ourense, los vecinos llevan tiempo organizados para denunciar la contaminación extrema que sufren desde hace diez años, por culpa de los vertidos de las explotaciones ganaderas, un embalse que se extiende por los municipios de Bande, Lobeira y Muiños. 

De ese problema no habla el conselleiro de Medio Rural de Feijóo, José González, que prefiere decir que todas las explotaciones gallegas son tan modélicas como esta:

El presidente andaluz, Juanma Moreno, que también tendrá pronto elecciones, se sumó a las críticas a Garzón dando por bueno el bulo de sus declaraciones contra la carne española. Este martes afirmó, tajante, que todo lo que se produce en Andalucía está sometido "a rigurosas y claras normas” europeas, nacionales y autonómicas y que se cumplen “al máximo" los requisitos de calidad ambiental y respeto a los animales. 

Pero en su comunidad hay al menos cinco organizaciones vecinales movilizadas contra las macrogranjas en las provincias de Granada y Almería. Y su Gobierno no ha dictado ningún límite para las explotaciones de ganado vacuno. 

Quizá por ello admitió que el debate sobre la ganadería intensiva está abierto y que hay quejas vecinales en muchos municipios. Si hay que hacer mejoras en las normativas, remató señalando al Gobierno central, le corresponde hacerlo al MInisterio de Agricultura.

El presidente de Murcia, el tránsfuga Fernando López Miras, llegó a ignorar varios avisos de que las macrogranjas de cerdos estaban contaminando las aguas del Mar Menor y permitió incrementar la población porcina. Después hizo bandera de la contaminación de este enclave protegido y acusó al Gobierno central de la situación.

En Castilla-La Mancha, el PP ha pasado de criticar las macrogranjas a tomar postura en contra de la moratoria autonómica que va a prohibir su creación al menos hasta 2024. El presidente del partido, Francisco Núñez, hombre de la máxima confianza de Casado, grabó un vídeo cuando era alcalde de Almansa (Albacete) rechazando la ganadería industrial. “Queremos apoyar a los pueblos vecinos que están luchando contra esas instalaciones, no creemos en ese modelo de explotación”, decía entonces. Ahora sostiene que el PP “no va a apoyar la moratoria”.

El PP, con todo, no es el único partido en abierta contradicción con sus propias medidas. El Ministerio de Agricultura, en manos del socialista Luis Planas, trabaja en un real decreto para extender a las explotaciones de vacuno ciertos límites que ya están en vigor en relación con el porcino y las aves mientras critica veladamente a Garzón. 

Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas, anunció hace dos semanas una moratoria que parará su creación al menos hasta 2024. Aragón, también en manos del PSOE, tramita desde el pasado verano una ley que limita el tamaño de las explotaciones y señala explícitamente a la ganadería intensiva por poner “en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio como la económica y social”. 

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Son dos comunidades cuyos presidentes han destacado por criticar a Garzón. Pero no la única del PSOE en esa línea: en abril pasado Navarra prohibió crear o ampliar granjas de vacuno con más de 1.250 animales.

A las contradicciones del PP y del PSOE se aferra Vox, que achaca la legislación contra la ganadería industrial a la Agenda 2030 auspiciada por Naciones Unidas y que ambas formaciones apoyan. 

Ambos partidos, según el portavoz ultra, Jorge Buxadé, pretenden “acabar con el consumo de carne en los países occidentales” y “culpabilizar” del cambio climático al sector agrario y ganadero, a la industria europea y al modo de vida tradicional del mundo rural. “Esta agenda 2030 la han asumido el resto de partidos y, por desgracia, también las multinacionales, y es la misma que tira abajo la central térmica de carbón de Velilla o la que puso fin a la central nuclear de Garoña", según Vox.