El PP gallego vive en una paradoja: tiene que oponerse al acuerdo de investidura BNG-PSOE, pero no puede hacerlo porque en algún momento, a lo largo de los últimos años, con Alberto Núñez Feijóo como líder del partido y presidente autonómico, ha apoyado o reivindicado casi todo su contenido.
El heredero de Feijóo en Galicia, al frente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, tuvo dificultades este lunes para oponerse al contenido del acuerdo. Su única crítica es que cree que no llegará a cumplirse, como ya ocurrió, arguyó, con el que BNG y PSOE suscribieron en la anterior investidura.
El pacto alcanzado hace cuatro años “se incumplió absolutamente”. “Por lo tanto, en Galicia nos tomamos con prevención y con bastante ironía el nuevo acuerdo”. “Si hace cuatro años no se cumplió nada de lo que les habían prometido, mucha menor posibilidad de que se cumpla lo que [el BNG] pacte, sea lo que sea, en esta ocasión”, argumentó.
A pocos meses de unas elecciones autonómicas que todo apunta se celebrarán en marzo, y a falta de algo sólido con lo que intentar caricaturizar al BNG como una formación radical y al PSOE gallego como su cómplice, el PP y la Xunta llevan varios días tratando de instalar en la opinión pública el bulo de que la condonación de la deuda catalana costará a cada gallego 400 euros.
Los mismos mecanismos
Lo cierto es que el acuerdo con ERC no establece una condonación exclusiva para Cataluña, aunque atienda las demandas de las formaciones políticas catalanas. En realidad, prevé la aplicación de los mismos mecanismos a las demás comunidades que recibieron dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) e incluso una compensación específica para aquellas que, como Galicia, tienen el grueso de su deuda en manos privadas.
Eso es, precisamente, lo que han ratificado BNG y PSOE en el acuerdo suscrito este lunes en el Congreso: “En caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por las comunidades autónomas adheridas al FLA” se establecerán “medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones” a los territorios que no hicieron uso del FLA, como ocurre con la comunidad autónoma gallega, que tiene una deuda pública con este Fondo de tan solo 2.759 millones, pero alrededor de 10.000 millones con la banca privada.
Tanto es así que el PP apenas consigue sortear sus propias contradicciones. Hace apenas dos días la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, emplazó al Gobierno central a negociar con la Xunta la condonación de su deuda.
Lo cierto es que es difícil encontrar en los 22 puntos del acuerdo por el que el BNG votará a favor de la investidura de Sánchez algo a lo que pueda oponerse el PP. Quizá la apuesta por un “diálogo entre partidos e instituciones” para “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia” que garantice a Galicia el mismo estatus de Euskadi y Cataluña. O tal vez avanzar en el refuerzo del autogobierno para activar la negociación de las transferencias pendientes, que el PP congeló desde que recuperó el poder en Galicia en el año 2009.
Situación incómoda
Lo cierto es que los de Feijóo no sólo comparten sino que han reclamado, en solitario o dando su apoyo a resoluciones unánimes del Parlamento, el resto de compromisos que el PSOE acaba de suscribir con el BNG. Y eso pone a Rueda en una situación muy incómoda porque tiene muy difícil oponerse al contenido del pacto, especialmente cuando falta tan poco tiempo para unas elecciones en las que nacionalistas y socialistas se disponen a presentarse con la intención de pactar una alternativa que ponga fin a quinde años consecutivos de gobiernos conservadores.
Por más que intente desacreditar el acuerdo diciendo que es papel mojado, la Xunta no tiene más remedio que apoyar la creación de nuevos juzgados en Lugo, Ourense, Compostela, Pontevedra y Ferrol y la inclusión de los de Santiago de Compostela, Lugo y Ourense en los Presupuestos Generales del Estado de 2024. O la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas.
Como tampoco está en situación de mostrarse en contra de la aprobación de nuevas rebajas en los peajes que los usuarios de las carreteras gallegas abonan en las autopistas AP-9 (la que recorre Galicia de norte a sur desde Ferrol hasta Portugal, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo) y AP-53 (entre Santiago y Lalín). O de la puesta en marcha de actuaciones urgentes en la red viaria gallega que afectan, en muchos casos, a ayuntamientos gobernados por el PP que llevan años reclamando su realización.
El PP tampoco tiene escapatoria a la hora de criticar el punto del pacto que compromete la aprobación de un Plan Integral de Modernización de la Red Ferroviaria de Galicia que incluya la creación, antes de 2028, de un servicio de trenes de cercanías al menos entre las localidades de Vigo y Pontevedra y A Coruña-Ferrol.
Una propuesta también del PP
Hace décadas que el PP gallego reclama lo mismo, incluso mediante proposiciones no de ley presentadas en el Congreso: una Jefatura de Cercanías para Galicia que incluya las partidas presupuestarias necesarias para implantar, con carácter prioritario, los servicios Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol.
Del mismo modo, el PP difícilmente podrá oponerse a que se eleve la cofinanciación del Estado con fondos Next Generation de la depuradora de aguas residuales de Santiago del 65% al 80%. O a que se dé continuidad a los trabajos de saneamiento de las rías gallegas (iniciados con la actuación sobre la Ría do Burgo realizada con base en el acuerdo de investidura de la pasada legislatura) para “seguir avanzando en la recuperación ambiental y productiva de estos espacios esenciales en el territorio gallego”. Un asunto que los de Feijóo, y el propio Feijóo, llevan años reclamando.
El acuerdo BNG-PSOE incluye un 75% de descuento en pejaes, condonación de deuda y trenes de cercanías
¿Se opondrá Rueda a mantener la reducción de precio de los abonos de transporte, a la actualización de las pensiones conforme al IPC o a hacer realidad que el Estado aporte el 50% de los fondos necesarios para aplicar correctamente la Ley de Dependencia? Tendría que desdecirse de sus propias demandas.
Ni siquiera es previsible, que, teniendo por delante una cita electoral, la Xunta vaya a hacer mucho ruido con las modestas demandas lingüísticas que el BNG ha planteado al PSOE. Desde impulsar “el reconocimiento real y práctico del plurilingüismo del Estado garantizando la presencia normalizada de la lengua y de las producciones culturales gallegas en RTVE, así como el incremento de las horas de desconexión territorial en lengua gallega y la recuperación de Radio 4, emisora exclusivamente en gallego”, hasta la realización de “una auditoría sobre el uso de las lenguas oficiales en las webs de la Administración del Estado de cara a corregir deficiencias e incidencias”.
Un capítulo en el que BNG y PSOE han pactado también 15 millones en cuatro años para impulsar el gallego en internet, garantías para que los contenidos de las plataformas digitales audiovisuales dirigidos a menores de 12 años se ofrezcan en gallego y apoyo para que la radio y la televisión portuguesas se puedan sintonizar en toda Galicia.
El PP gallego vive en una paradoja: tiene que oponerse al acuerdo de investidura BNG-PSOE, pero no puede hacerlo porque en algún momento, a lo largo de los últimos años, con Alberto Núñez Feijóo como líder del partido y presidente autonómico, ha apoyado o reivindicado casi todo su contenido.