Nadie en el PP osó este lunes contradecir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo desafío a la sanidad pública amenaza con desestabilizar sus propias expectativas electorales y contagiar las de todo el partido a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Aunque no todos se sientan cómodos con su particular manera de enfrentarse a la protesta ciudadana.
Los que se refirieron a este asunto en público lo hicieron en los términos de la propia Ayuso, asegurando que se trata de una movilización inspirada por motivos políticos y sin base real. Negaron así la evidencia del deterioro de la sanidad pública madrileña e ignoraron el éxito de una protesta que, en el caso de Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía), amenaza con extenderse a sus respectivos territorios en las próximas semanas.
No son una excepción de una protesta creciente que no se ciñe exclusivamente a las comunidades del PP: ya ha habido movilizaciones en Cantabria y Navarra y hay preparativos en Aragón, Murcia y Comunitat Valenciana.
A pesar de ello, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera se refirió a este asunto durante la intervención que protagonizó este lunes frente a los barones, convocados a una reunión en Madrid del Comité Ejecutivo Nacional del PP. El líder de la oposición ha desterrado de su discurso la perenne demanda de rebajas de impuestos y el pronóstico de una inminente recesión. Ahora se centra exclusivamente en la reforma del delito de sedición y las sospechas que pesan sobre el ministro del Interior en relación con la muerte de decenas de inmigrantes en la frontera española de Melilla el pasado 24 de junio.
Feijóo quiso mostrarse especialmente exigente con Pedro Sánchez en relación con la modificación del código penal y confirmó la intención del PP de explotar esta controversia para tratar de forzar a los barones socialistas a tomar posición en contra del presidente del Gobierno a pocos meses de las elecciones autonómicas. Pero su dureza verbal sonó a poco después de escuchar a Ayuso o al presidente de Vox, Santiago Abascal.
La presidenta madrileña fue mucho más lejos que el líder del PP al acusar directamente a Sánchez de pretender un golpe de Estado al buscar la transformación de España “en una república federal laica”. Abascal, por su parte, como ya había hecho la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, emplazó a Feijóo a presentar una moción de censura a través de la cual expresar el rechazo al cambio del código penal que PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso.
Feijóo ni siquiera mencionó esa posibilidad. Su manera de tratar de rentabilizar políticamente este asunto pasa por señalar a los barones más incómodos con la medida y tratar de desgastarles antes de las elecciones. Y forzar a los diputados y senadores socialistas a “retratarse” sobre este asunto cuando toque votar la reforma del delito de sedición en el Congreso y el Senado.
Feijóo se entrega al ala radical
El líder del PP ha abrazado definitivamente en este asunto la estrategia de Pablo Casado y del ala más radical de su partido, liderada por Ayuso. Asediado por la derecha extrema, política y mediática, el intento de construir un nuevo discurso sobre Cataluña parece enterrado, aunque fuentes de la cúpula del PP aseguren que ni Vox ni Cs van a “marcar la agenda” a Feijóo.
La sedición y el cuestionamiento del ministro del Interior, sin embargo, no consiguieron ocultar este lunes la preocupación de los barones conservadores en relación con la toma de conciencia social en torno a la grave crisis que atraviesa la atención primaria. Más allá de la denuncia de “utilización política” del conflicto en Madrid y de la afirmación de que el problema no es exclusivo de la capital, los consejeros de Sanidad de las comunidades del PP se reunieron en la calle Génova para diseñar una respuesta común y señalar, todos a una, al Gobierno central como el único culpable.
Los consejeros acordaron exigir a Pedro Sánchez “una solución consensuada al grave déficit” de especialistas de medicina de familia y reclamaron la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial de Sanidad extraordinario para “incorporar de forma inmediata más médicos de familia en formación en la próxima convocatoria MIR”.
Los responsables de la sanidad de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León sostienen que “la escasez de médicos de familia se agravará en los próximos años por las jubilaciones si no se adoptan medidas como las que proponen”.
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Y tratan de situar el problema de la atención primaria en la falta de médicos, no es sus propias políticas sanitarias. Hay que evitar, aseguran, que “como en los últimos años un tercio de los admitidos por Sanidad en las listas provisionales no obtengan plaza de médico residente”. En la convocatoria para 2023 hay 12.251 admitidos para un total de 8.503 plazas, denuncian. En 2022, fueron 13.059 admitidos para 8.188 plazas. Y en 2021, 14.425 para 7.989 plazas. “Es decir, en los últimos tres años, solo dos de cada tres de los admitidos han obtenido plaza. Y esta situación convive con un creciente déficit de especialistas”.
Los consejeros del PP han acordado plantear de común acuerdo al Ministerio de Sanidad varias medidas. En primer lugar, “incentivar que los profesionales jubilados que así lo deseen puedan permanecer, al menos parcialmente, en activo”; desarrollar herramientas para fomentar su permanencia en el empleo, “asentada en concursos de méritos para fidelizar a los médicos de familia en sus puestos” y una normativa “que permita la creación de contratos puente de hasta tres años para los MIR que terminen su residencia como paso previo a la obtención de una plaza fija en su especialidad”.
Aunque son suyas las competencias en materia de Sanidad, quieren que el ministerio desarrolle “fórmulas que permitan conjugar la conciliación de la vida familiar y profesional de los especialistas con la puesta en marcha de incentivos para cubrir el turno de tarde, que es el más demandado por los pacientes”. Y “promover el retorno de aquellos médicos que hayan desarrollado su carrera profesional en otros países, y que puedan ayudar a cubrir las especialidades deficitarias, así como agilizar trámites de convalidación de títulos de médicos especialistas extranjeros”.
Nadie en el PP osó este lunes contradecir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo desafío a la sanidad pública amenaza con desestabilizar sus propias expectativas electorales y contagiar las de todo el partido a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Aunque no todos se sientan cómodos con su particular manera de enfrentarse a la protesta ciudadana.