El PP instruye a sus cargos para que defiendan la ley que castiga las protestas

Los conservadores saben que su polémico anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé multas por paralizar un desahucio, hacer proclamas contra España o las autonomías o destruir símbolos, no ha sido bien recibido por algunos sectores de la sociedad. El PSOE ha dicho que está encaminada a "acabar" con las libertades públicas. IU la calificó de "ley de represión ciudadana". Y los ciudadanos ya expresaron su rechazo al texto en una manifestación este viernes en Madrid. 

Ahora, el PP intenta instruir a sus cargos para que defiendan este proyecto con el que, aseguran, las libertades públicas "están mejor reguladas y mejor protegidas". En un argumentario interno, los conservadores defienden que con esta norma "se blindan principios básicos como el de no discriminación y mínima injerencia en situaciones tan delicadas como la identificación de personas".

Y añaden que, con ella, los reproches serán de "menor intensidad". Olvidan en este punto que el texto dispone multas de hasta 600.000 euros para los que convoquen manifestaciones durante la jornada electoral –como las que se produjeron en 2004 antes de que el PSOE llegara al poder– y de entre 100 y 1.000 euros por promover movilizaciones en los alrededores de Congreso, Senado u otras instituciones sin haberlo comunicado a la autoridad pertinente. 

Primera protesta contra la ley de seguridad ciudadana ante la sede del PP

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De hecho, en cuanto al "régimen sancionador", en el PP dicen que el espíritu que ha guiado al Ejecutivo en este anteproyecto es "promover un texto legal que garantice más y mejor la convivencia libre y pacifica de todos los españoles, al tiempo que castigue y aísle a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos". Asimismo, señalan que el anteproyecto busca "erradicar la violencia, los actos vandálicos" y hacerlo "protegiendo el derecho de reunión, de manifestación, a la información y a la libertad expresión". 

En el documento recuerdan también que esta ley sustituye a un texto aterior que está vigente desde 1992. "Su cambio era conveniente, necesario y oportuno para actualizar y mejorar el orden jurídico y establecer la garantía de seguridades públicas; responder de una manera más eficaz a conductas que suponen amenazas para la seguridad ciudadana que han ido evolucionado", señalan. 

Este viernes, en sendas entrevistas en Onda Cero y Antena 3 recogidas por Europa Press, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha defendido la futura ley subrayando que, con la potestad sancionadora del Estado, la ley pretende cubrir el "terreno" que queda entre los delitos tipificados en el Código Penal –del que van a desaparecer las "faltas"- y la "impunidad total", ha señalado–.