El Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular no ocultan su malestar con el Partido Socialista por cómo la principal formación de la oposición está haciendo frente a la convocatoria del referéndum catalán para el próximo 1 de octubre. Este miércoles, el Parlament inicia el nuevo periodo de sesiones tras el breve parón estival y, en un momento en el que todas las miradas se dirigen a la Mesa de la Cámara autonómica con la duda de cómo tramitará la ley del referéndum, los conservadores van a intensificar sus llamadas a la "responsabilidad" de los socialistas.
Como ya ha manifestado Mariano Rajoy en las últimas semanas en el grueso de sus apariciones públicas, para el Ejecutivo es "clave" que los principales partidos estén unidos a la hora de hacer frente a lo que definen como "desafío soberanista". Nada más llegar Pedro Sánchez a la secretaría general de los socialistas, desde el PP se trasladó el mensaje de que ambos partidos estaban en sintonía a la hora de defender la Constitución y la unidad de España. Un mensaje que ha ido siendo matizado en los últimos días, sobre todo a raíz del debate abierto en el seno del PSOE sobre la "España plurinacional" y de la intención del partido de iniciar en septiembre el camino en el Congreso para la reforma constitucional.
Volcado el Gobierno en dar respuesta "legal" a cada paso de los independentistas "sin sobreactuar para no alimentar su victimismo", explican en el Ejecutivo, la respuesta política recaerá en el PP, donde ya preparan el terreno para demandar con insistencia a Sánchez que apoye los pasos de Rajoy y aparque la reforma de la Constitución para después del 1-O. Se trata, justifican las fuentes consultadas, de "no contaminar el debate".
En los últimos días, destacados miembros de la dirección del PP han ido sentando las bases de esta estrategia. Así, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, advirtió el pasado día 9 al líder socialista de que "se equivoca o se equivocará si como solución al desafío independentista por parte de quienes quieren violar la ley plantea un tipo de solución como la plurinacionalidad, que está al margen de cualquier realidad jurídica, política y social".
El mismo día, en una entrevista a la cadena Ser, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, preguntada sobre la propuesta de Pedro Sánchez de crear una comisión para la reforma de la Constitución en septiembre, consideró que "no es oportuna en estos momentos". "Ahora más que nunca es imprescindible la unidad de todos aquellos que creemos en el marco de garantías constitucionales. Esa es nuestra mayor fortaleza frente a quienes quieren quebrantar el orden constitucional en Cataluña", sostuvo.
A juicio de la dirigente conservadora, la Constitución se puede reformar, pero es conveniente que esto ocurra "en escenarios políticos lo menos apasionados posibles, porque si estamos en un escenario de alto voltaje sentimental, seguramente perderemos la perspectiva de calma y sensatez que es necesaria para reformar una norma tan importante".
En un sentido similar, Javier Arenas, responsable de política autonómica y local del PP, ha insistido en la necesidad de una estrategia compartida por el PP, el PSOE y Ciudadanos "para defender la soberanía nacional y la cohesión de España frente a los independentistas". "Pero cuando sale Pedro Sánchez y nos habla de plurinacionalidad, vamos por mal camino, y cuando pide abrir en septiembre la reforma constitucional, es absolutamente inoportuno", valoró.
Pese a que el discurso oficial del PP pasa por asegurar que el melón de la reforma constitucional se puede abrir, pero no en un escenario como el actual, los conservadores miran con recelo este debate. Sin mayoría absoluta en el Congreso, no les sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de reforma de la Constitución y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos, una de las demandas de la formación liderada por Albert Rivera. La principal preocupación es que el grupo de Unidos Podemos podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en la Constitución.
Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre otras cuestiones, como la forma de Estado.
En este contexto, el partido mayoritario de las Cámaras aboga por abrir el debate cuando se tenga claro qué se quiere reformar y con qué finalidad.
Pendientes del Parlament
Este miércoles se reúne la Mesa del Parlament de Cataluña. En principio estaba previsto que el órgano de Gobierno de la Cámara autonómica diera trámite a la ley del referéndum, registrada antes del breve parón estival. Sin embargo, en el orden del día no figura este punto.
Mariano Rajoy había pedido a sus ministros que estuviesen localizables a lo largo de todo el mes de agosto, y a poca distancia de Madrid, por si tuviese que convocarles a un Consejo de Ministros extraordinario para remitir al Tribunal Constitucional cualquier paso dado por la Generalitat de carta al anunciado referéndum del 1-O. En todo caso, los planes del Ejecutivo siguen pasando por reaccionar de forma inmediata a la tramitación sin esperar a que la iniciativa llegue a pleno.
Este mismo lunes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, informó de la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario el miércoles sobre el arbitraje en la huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat (Barcelona).
La falta de acuerdo sobre Cataluña y el fin del consenso de la Transición bloquean la reforma constitucional
En la providencia del Tribunal Constitucional en la que se admitía a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña ya se advertía a los miembros de la Mesa, citándoles expresamente, de que debían abstenerse "de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña, y, en general, de dictar acuerdo alguno que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única en aplicación del impugnado apartado segundo del artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento".
El principal argumento del Gobierno para impugnar la norma catalana es que "excluye la necesidad de unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sin prever la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad y/o al articulado". Y que "ello supone una quiebra del derecho de participación política".
No obstante, la redacción de este artículo no supone una excepción ni una novedad si se bucea en los reglamentos de otros parlamentos autonómicos. Es más, hay cámaras regionales que expresamente descartan el trámite de enmiendas cuando una ley se aprueba en lectura única. Es, por ejemplo, tal y como ha informado infoLibre, el caso de los reglamentos de la Asamblea de Madrid y la Asamblea Regional de Murcia, ambas con mayoría del PP.
El Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular no ocultan su malestar con el Partido Socialista por cómo la principal formación de la oposición está haciendo frente a la convocatoria del referéndum catalán para el próximo 1 de octubre. Este miércoles, el Parlament inicia el nuevo periodo de sesiones tras el breve parón estival y, en un momento en el que todas las miradas se dirigen a la Mesa de la Cámara autonómica con la duda de cómo tramitará la ley del referéndum, los conservadores van a intensificar sus llamadas a la "responsabilidad" de los socialistas.