El PP no ha recabado este martes suficientes apoyos en el Pleno del Congreso para poder tramitar su proposición de ley de reforma electoral que busca asegurar la alcaldía al partido más votado e impedir pactos de investidura en su contra. El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y los independentistas de ERC y PDeCAT han cuestionado la propuesta tachándola de "pataleta", "oportunista" y "partidista".
La iniciativa, presentada en el Pleno del Congreso por la diputada Ana Alós, que fue alcaldesa de Huesca, permite otorgar la mayoría absoluta de la Corporación a la lista que gane las elecciones municipales con un respaldo del 35% de los votos válidos y una ventaja de cinco puntos sobre el segundo partido, o incluso con un 30% de los votos si además saca diez puntos de diferencia al siguiente. Y si nadie cumpliera esos requisitos, se organizaría una segunda vuelta a la que sólo podrían concurrir las candidaturas que hayan obtenido como mínimo el 15% de los votos en la primera, imposibilitando que pueda haber cambios en las listas por coaliciones sobrevenidas.
El PP propone otorgar la mayoría absoluta al ganador de la segunda vuelta si logra el 40% o saca siete puntos de ventaja a la segunda lista, y el resto de los escaños se repartiría entre los demás teniendo en cuenta los porcentajes de la primera vuelta. Cuando ninguna candidatura alcanzase esos requisitos, la atribución de los puestos de concejales en cada ayuntamiento se realizará aplicando el procedimiento ahora vigente en función de los resultados obtenidos en la primera vuelta.
Según ha explicado Ana Alós, el PP está dispuesto a negociar los porcentajes de su iniciativa y ha insistido en que apostar por este modelo "sólo puede dar miedo a quien crea que no puede obtener el apoyo mayoritario de sus convecinos".
El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, socio electoral del PP, ha manifestado su no oposición a tramitar la proposición de ley, aunque cree que habría que cambiar algunos aspectos. Entonces, el resto de portavoces han ido multiplicando sus críticas a la reforma del PP. Nacho Prendes, de Ciudadanos, ha rechazado apoyar la reforma por considerarla un "atajo partidista" y, aunque no se oponen a la elección directa del alcalde, creen que eso no está reflejado en la ley del PP, la primera que registró el equipo de Pablo Casado tras llegar a Génova.
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El ponente del PDeCAT, Jordi Xuclà, cuestiona la propuesta del PP, que sólo se contempla en Grecia o Italia y para municipios pequeños, y ha defendido la conveniencia de preservar la representatividad de la pluralidad de la Corporación. Para Mikel Legarda, del PNV, el modelo del PP es "electoralista" y sólo busca beneficiar al proponente, pero los nacionalistas no comparten la idea de primar con la mayoría absoluta a un partido que no la ha obtenido en las urnas.
Para Joan Tardà, de ERC, es una iniciativa "muy oportunista" para tratar de compensar la pérdida de poder municipal del PP tras las elecciones de 2015, mientras que Alicia Ramos, de Unidos Podemos-En Comú, opina que es una ley propia de "un partido centralista al que le gusta muy poquito la democracia". "Es una proposición pataleta y rencorosa", ha resumido.
Como la mayoría de los grupos, la socialista Susana Sumelzo ha reprochado al PP haber presentado esta propuesta unilateralmente, al margen de los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral, y ha lamentado que los populares traten de resolver sus problemas "culpando a los votantes". "Es una propuesta demagógica -ha remarcado-: Su problema se resuelve de manera sencilla: presenten buenos candidatos, buenos programas y miren hacia adelante. Y céntrense".
El PP no ha recabado este martes suficientes apoyos en el Pleno del Congreso para poder tramitar su proposición de ley de reforma electoral que busca asegurar la alcaldía al partido más votado e impedir pactos de investidura en su contra. El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y los independentistas de ERC y PDeCAT han cuestionado la propuesta tachándola de "pataleta", "oportunista" y "partidista".