Con el sistema público en una situación que muchos consideran crítica –sanitarios movilizados, preocupación social en máximos, un aluvión de jubilaciones a la vista sin reemplazo suficiente, la herida de una recesión y una pandemia en carne viva–, el PP pisa el acelerador de la privatización. Madrid y Andalucía concentran la ofensiva, que incluye al menos dos iniciativas que traspasan tradicionales líneas rojas: la historia clínica público-privada y la apertura de la atención primaria al sector privado.
En el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque oficialmente aún se sigue considerando que la sanidad privada es subsidiaria de la pública, crecen las voces que las sitúan en pie de igualdad. El modelo actual es para el PP de Madrid, laboratorio ideológico del PP, una antigualla con ecos comunistas.
La "mina de oro" de los datos sanitarios
La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre, con los votos a favor de PP y Vox, la conocida como ley ómnibus, que modifica cincuenta textos legales con el objetivo de "impulsar la economía". Una de las normas cambiadas es la Ley de Ordenación Sanitaria, la Loscam, alterada para "compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas". Es un salto que nadie antes había dado.
La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid publicó tras la aprobación de la ley un comunicado alabando “el paso decisivo" dado por Isabel Díaz Ayuso. "Esperamos que esta medida se extienda a toda la geografía española”, afirmó el presidente la patronal hospitalaria, Isidro Díaz de Bustamante. Otra de las voces que se alzaron valoraba la reforma de forma menos optimista. La revista de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha publicado en febrero un artículo de Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de la Organización Médica Colegial, en el que expresa su "preocupación". "Es difícil entender –escribe el presidente de la AAJM– que sin haber logrado la accesibilidad e interoperabilidad de la historia clínica entre los diferentes sistemas [...] autonómicos [...] se permita el acceso a las historias públicas desde el aseguramiento privado".
En conversación con infoLibre, Rodríguez Sendín explica que la aplicación de la medida tendría consecuencias hoy difíciles de calcular. "El dato sanitario es una mina de oro, un bien absolutamente estratégico", señala, recordando las "ilimitadas posibilidades de procesamiento" de datos que ofrecen las nuevas tecnologías. Aunque el discurso "buenista" sobre la llamada "historia clínica público-privada" incide en las ventajas que para el paciente tendrá que el médico que lo ve por el seguro acceda a la misma información que su médico de familia, "detrás hay mucho más". Un paso así, explica, supondría entregar al sector privado información "sensible" no sólo desde el punto de vista de la privacidad. "Lo que hay en una historia clínica es importante a la hora de que te hagan un seguro sanitario, un plan de pensiones... Las implicaciones en un mundo donde el beneficio prima por encima de todo son tremendas", añade.
Por supuesto, todas las propuestas de integración de datos entre sistemas públicos y privados insisten en el respeto a las leyes de protección de datos. Pero la experiencia ha demostrado que los datos suelen ser como el agua: por mucho que se intenten retener, se acaban filtrando. Las grandes tecnológicas, como Facebook, han incurrido tanto en su uso fraudulento como en fallos de seguridad. Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), da por hecho que una integración sin suficiente control acabaría con los datos en manos de las aseguradoras, que basan su actividad en la "selección de riesgos".
Todos los consultados para este artículo tienen dudas de que lo recogido en la ley ómnibus sea una realidad a corto plazo. "Habría que regularlo a nivel estatal, por la protección de datos recogida en la Ley de Autonomía del Paciente", dice Rodríguez Sendín, que recalca que sería necesario un mecanismo técnico complejo para la integración. También el economista Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, tiene "dudas legales". No obstante, cree que lo relevante es la "voluntad" de "avanzar" en una línea "arriesgada". "Tal y como está redactado, sin matices, deja un margen de maniobra muy grande. Se podría quedar en que un médico de la privada al que le han derivado un paciente en lista de espera viera su historia clínica o llegar a un punto más peligroso: que los hospitales de gestión privada pudieran entrar en las bases de datos de la Comunidad de Madrid. Una vez ahí, ¿cómo garantizar que la información no acabe en manos de las aseguradoras para sus políticas de selección de riesgos?", pregunta Losada, que también ve orientada a la privatización la creación en la ley ómnibus de una Agencia de Contratación Sanitaria regida por el derecho privado.
infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad sobre las razones e implicaciones de las medidas sanitarias de la ley ómnibus, sin respuesta.
Carrusel de medidas en Andalucía
Rodríguez Sendín cree que tras dichas medidas hay una "apuesta ideológica" por un "modelo alternativo" que pretende "poner en un plano de igualdad lo público y lo privado". "Es algo legítimo, pero hay que hacerlo por la vía directa, explicándoselo a la gente, no de forma encubierta, generando acontecimientos que cambien el sistema", dice. A su juicio, un avance hacia la "historia clínica público-privada" sería uno de esos hitos disruptivos.
También la oposición de izquierdas en Andalucía encuadra la sucesión de medidas a favor de la penetración del sector privado en una estrategia de multiplicación de acontecimientos transformadores. El catálogo es largo. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales de Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que antes sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. La Junta ha extendido así a los facultativos con actividad privada un complemento de más de 800 euros pensado para reducir los conflictos de intereses. En 2021 se quitó la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada. Se trata de una medida sensible en cargos como una jefatura de servicio, clave en la derivación de pacientes.
El envío de pacientes al sistema privado aumenta sin descanso en Andalucía, que está lejos del modelo madrileño pero da pasos en esa dirección. Para 2023 la previsión de derivaciones alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022 y un 42,78% más que en 2018, último año con el PSOE. Y todo esto según lo recogido en las previsiones presupuestarias, que muestran una voluntad política, no los hechos finales. En 2022 el número total de derivados se acercó al millón, casi multiplicando por cinco las previsiones, según datos oficiales obtenidos por Eldiario.es.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha anunciado a bombo y platillo, vendiéndolas como grandes logros, decisiones alineadas con los intereses del negocio sanitario privado. Un ejemplo es la supresión de la subasta de medicamentos, una reivindicación del lobby sanitario que estaba en el programa de Moreno. En cambio, la medida de la Junta que más revuelo ha ocasionado llevaba una tramitación discreta, hasta que esta semana explotó. Se trata de una orden, todavía en tramitación, que prevé medidas que jamás se habían adoptado en Andalucía. ¿Ejemplos? Salud prevé firmar conciertos no sólo con centros sanitarios andaluces, sino también en otras comunidades. Y la medida que más polvareda ha levantado: el Gobierno andaluz planea enviar pacientes de atención primaria a la sanidad privada. El Ministerio de Sanidad asegura a infoLibre que es una medida de la que no le consta precedente.
El Gobierno andaluz alega en ambos casos –conciertos fuera de la comunidad y pacientes derivados a la atención primaria en la privada por 65 euros la consulta– que serán medidas que se adoptarán con carácter excepcional. La intención en la atención primaria ha causado sorpresa incluso en el sector privado. Un profesional que trabaja en los dos ámbitos afirma que "la última prioridad [de una clínica privada] es pasar consultas de familia". "Lo que le conviene es que gente que tiene problemas de acceso se haga un seguro, y que la Administración firme conciertos para pruebas y especialistas", dice. Coincide Antonio Gómez, de la Coordinadora contra la Privatización de Madrid. A su juicio, aunque la medida exprese voluntad de estrechar lazos con la sanidad privada, los tiros de la privatización no van a ir por ahí. "El propio sector privado no lo quiere", señala. Y añade: "A no ser, claro, que lo hagan por videoconferencia con médicos en el extranjero. Eso sí, tendrían que hablar español".
Tendencia y contexto
Sánchez Bayle (Fadsp) cree que las sospechas sobre intenciones ocultas están justificadas: "Tal y como están las cosas, si empiezas con privatizaciones en atención primaria tienes en la mano el desmantelamiento de todo el sistema", afirma. A Sánchez Bayle le preocupan dos factores: la tendencia y el contexto. En cuanto a la tendencia, se observa en los informes anuales sobre privatización de la Fadsp, que analiza variables como el gasto en conciertos, el índice de derivación, el gasto sanitario privado per cápita, las camas privadas sobre el total o la "colaboración público-privada". Desde la llegada al poder del PP Andalucía ha pasado de ser la 15ª comunidad más privatizada a la a sexta. La primera antes y después de la pandemia es Madrid.
En cuanto al contexto, el sistema público atraviesa un momento delicado. Los colectivos profesionales coinciden: faltan recursos y faltarán más. España está incluida en la alerta lanzada por la OMS sobre la falta de médicos en Europa: "Es una bomba de relojería". El sistema necesita 6.000 médicos de familia, según el Foro de Atención Primaria. En diez años se jubilarán 80.000 profesionales, calcula el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. También faltan enfermeras: 95.000 para llegar a la media europea, dice el consejo general de la profesión. Además, la percepción social empeora. Sólo el 57,1% opina que el sistema está bien o necesita sólo pequeñas mejoras, el porcentaje más bajo en diez años. El 16,8% cree que funciona mal y necesita cambios profundos, una cifra que cuadruplica los datos pre-pandemia, según la última encuesta sanitaria del CIS.
Sánchez Bayle afirma: "Hay momentos, como ahora, en que la situación es más crítica y los que defienden medidas privatizadoras se sienten más autorizados". Cree que, con el sistema en crisis, la presión de los actores privados para ganar posiciones es más fuerte. Sánchez Bayle es de los que piensan que la estrategia del PP es deliberada: debilitar el sistema público para beneficiar al privado.
"Quien mejor lo haga"
El PP lleva tiempo siendo ambiguo en el discurso sanitario. De un lado, reivindica la sanidad pública como vértice del sistema. De otro, defiende que es indiferente que el servicio público lo garantice un prestador público o privado, siempre que sea gratuito. Un reciente artículo en La Razón de Antonio Alarcó, vocal del PP en Comisión de Sanidad del Senado, sintetizaba en qué debe consistir el "cambio de paradigma": "una sanidad de financiación pública" pero con "provisión de servicios libre" de forma que "lo haga quien mejor lo haga".
Donde más claro se habla es en el PP de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado esta semana que hay "un problema de modelo" porque el actual tiene "ciertas derivadas que venían del modelo sanitario cubano”, como recoge El País. A su juicio, la atención privada debe "evolucionar" hacia un "modelo puro de enfermería", con menos médicos. También con más videoconsulta. La idea no es nueva. Se integra en un ideal de "sanidad líquida" que conecta con una crítica al actual modelo por sólido, rígido e ineficiente. El PP lo acompaña con otro discurso, que estos días repite, tanto desde la dirección nacional como desde las comunidades que gobierna: faltan médicos. Hay un “déficit brutal”, dice la consejera andaluza, soslayando que los gobiernos del PP han sido los que menos plazas MIR han sacado.
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La falta de médicos es la justificación de otra de las medidas de la orden andaluza: la posibilidad de que que entidades privadas puedan utilizar las instalaciones de la sanidad pública. "Queda clara la estrategia", afirma Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía: "Convertir los hospitales en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas beneficiadas por los conciertos”. Salud afirma que esta medida ya se da en al menos dos gobiernos del PSOE: Comunidad Valenciana, que lo ha negado, y Extremadura, cuya consejería de Salud explica a infoLibre que sólo es cierto en un caso provisional con dos anestesistas en el Hospital Pedro de Alcántara.
Una ley a la espera
Antonio Gómez, de la Coordinadora contra la Privatización, mueve el foco hacia otro punto: toda la privatización que impulsa el PP es posible porque la ley lo permite. "No les hace falta inventar nada, lo tienen en la ley [general de sanidad], en los artículos 90 y 97", afirma.
Mientras tanto, la ley de sanidad del Gobierno del PSOE y UP, que pretende limitar las posibilidades de privatización, convirtiendo los conciertos en algo excepcional, sigue pendiente de aprobación. La derecha en bloque se opone a esta ley, que va justo en contra de los cambios que defiende Enrique Ruiz Escudero, para quien el problema es que el Gobierno no asume la inevitable necesidad de transformación: "Tiene que haber un ministerio que lidere, que hasta que no lleguemos nosotros no vamos a lograr”.
Con el sistema público en una situación que muchos consideran crítica –sanitarios movilizados, preocupación social en máximos, un aluvión de jubilaciones a la vista sin reemplazo suficiente, la herida de una recesión y una pandemia en carne viva–, el PP pisa el acelerador de la privatización. Madrid y Andalucía concentran la ofensiva, que incluye al menos dos iniciativas que traspasan tradicionales líneas rojas: la historia clínica público-privada y la apertura de la atención primaria al sector privado.