El PP propone las comparecencias de Aznar, González, Zapatero y Guerra en la comisión territorial

El PP ha presentado este jueves su plan de trabajo para la nueva comisión del Congreso para la reforma del modelo territorial, donde quiere que se fijen los principios de la financiación autonómica y de la reforma del Senado, y que se escuche a casi un centenar de comparecientes, incluyendo a los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, así como el exvicepresidente Alfonso Guerra, ha informado Europa Press.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, y el secretario general del Grupo Popular y portavoz en la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, han presentado los cinco grandes bloques que, a su juicio, deberían abordarse en los próximos seis meses: El balance del estado autonómico; la relación entre Estado autonómico y Estado de bienestar, incluyendo los principios de su financiación; la lealtad institucional y el reparto de competencias; la modernización y racionalización de las administraciones públicas; y la reforma del Senado.

En la lista de comparecencias del PP, además de los padres de la Constitución, figuran los tres expresidentes del Gobierno, incluyendo junto a Felipe González al socialista José Luis Rodríguez Zapatero —excluido del listado de Ciudadanos—, y al conservador José María Aznar, cuyo testimonio aseguran estar "deseosos" de escuchar.

Pero también incluyen a expresidentes del Congreso, exministros de Administraciones Públicas —como Jesús Posada y Jordi Sevilla—, expresidentes de la comisión constitucional como Alfonso Guerra; expresidentes autonómicos como Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Luisa Fernanda Rudi; el expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rumpuy; y varios miembros del actual Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro.

Pero el PP quiere además que comparezcan el defensor del Pueblo, catedráticos de universidad, los dirigentes de la FEMP y representantes de la CEOE, los Autónomos, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, el CIS, el INE y el Consejo de Estado.

En relación a si finalmente las conclusiones de la comisión apuntaran a una reforma constitucional, Hernando garantiza que el PP no pondrá "ningún problema", pero cree "hay otras fórmulas, otras vías de cambio", que se van a ir viendo en la comisión y que, en su opinión, "seguramente son más eficaces y atractivas que una reforma genérica de la constitución".

Serrat o Gabilondo, entre los comparecientes del PSOE

El PSOE ha registrado igualmente este jueves en el Congreso su plan de trabajo para la nueva comisión para la reforma del modelo territorial, que ha expresado busca que tenga un carácter "abierto a la sociedad" y, para ello, pretende citar a expertos constitucionalistas, historiadores, periodistas, filósofos, sociólogos y economistas, entre otros.

Así, los socialistas han solicitado un bloque de comparecencias institucionales que consideran que deberían de acordarse entre los distintos grupos y que incluye a los padres de la Constituciónpadres —Miguel Roca, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca—, a miembros del actual Gobierno y de ejecutivos anteriores y a presidentes autonómicos, pero no especifica a quiénes en la nota de prensa que ha difundido y que recoge Europa Press.

Igualmente, el PSOE quiere citar a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las principales organizaciones sindicales y empresariales, a las Academias de las Lenguas y al Instituto Cervantes.

Pero, además, también busca que la comisión sea un "cauce" de las nuevas demandas ciudadanas y, en aras de ese fin, ha optado por reclamar la presencia en sede parlamentaria de expertos constitucionalistas, como Javier García Roca; filósofos, como Adela Cortina; historiadores, como Santo Juliá; sociólogos, como Belén Barreiro, expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); y politólogos, como Pablo Simón.

También quiere llamar a economistas, como Antón Costas; representantes de diferentes organizaciones sociales, como Intermón-Oxfam; personas del ámbito de la cultura, como Joan Manuel Serrat; periodistas, como Iñaki Gabilondo; así como directores de los principales periódicos y diarios digitales.

El listado se completa con los embajadores en España de países como Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá, ya que en el PSOE consideran que es fundamental la exposición de los principios de organización, funcionamiento y equilibrio que rigen en otros estados de estructura política y administrativa descentralizada.

En su plan de trabajo, el grupo que capitanea Margarita Robles señala que la fase de comparecencias debe culminar en un plazo de seis meses, para lo cual ve necesario poder trabajar en el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, y celebrar una media de entre cuatro y seis comparecencias semanales.

Los socialistas pretenden que esta nueva comisión, de la que son impulsores, haga un balance de la experiencia autonómica que, a su juicio, ha sido un "éxito" y un "motor de progreso" del conjunto de comunidades autónomas, pese a identificarse también "disfunciones".

De este modo, han dividido el trabajo en tres grandes bloques: Evaluación global del Estado autonómico, incluido un examen específico de la situación de Cataluña; examen de la perspectiva de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales; y examen de la perspectiva de las organizaciones empresariales y sindicales.

Entre otras cuestiones, plantean examinar las exigencias del principio de igualdad de los españoles; el reconocimiento y consecuencias efectivas de las llamadas "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en el ámbito estatal y como instrumento de cooperación, interconexión e integración de políticas territoriales; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica; y la ampliación del reconocimiento de la autonomía local.

Además, apuntan que la situación política catalana exige que la comisión sea "un espacio útil e inmediato" para desarrollar un diálogo entre las fuerzas políticas dirigido a ofrecer un marco de convivencia para Cataluña "dentro de la Constitución y la ley". Ante el "grave deterioro de la normalidad constitucional y estatutaria, el abandono del diálogo y de la negociación política, las violaciones de la legalidad y la fuerte fractura social" que se ha producido, esta comisión "abre un espacio formal de diálogo imprescindible para acometer y dar salida a la actual situación", señalan.

El PSOE propone en el plan de trabajo presentado que, concluidas las comparecencias, deberá nombrarse una ponencia que elabore el dictamen de la comisión, que contendrá un informe sobre el contenido de las intervenciones y también propuestas de resolución, incluidas las que supongan modificaciones de textos legales tanto en relación con la Constitución como con el resto del ordenamiento jurídico.

Una vez que la comisión apruebe el dictamen, plantea que éste sea remitido, junto con los votos particulares, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno. Aprobado por el Pleno, el dictamen se remitirá a la Comisión Constitucional para que sus conclusiones formen parte de él, y sirvan de base para, la anunciada reforma constitucional.

Cs propone a Aznar, González y Guerra

Por su parte, Ciudadanos quiere que la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico empiece escuchando a los tres padres vivos de la Constitución, a los expresidentes José María Aznar y Felipe González, al exvicepresidente Alfonso Guerra, y a expresidentes autonómicos como José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En su listado de comparecientes, en el que no cita al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el partido naranja incluye también a los expertos que cuestionaron el Cupo vasco Cupo vascoy que, en su opinión, ni los socialistas ni el Gobierno del PP escucharon cuando pactaron con el PNV.

Los de Albert Rivera plantean siete grandes bloques temáticos y, además de evaluar el desarrollo y la situación actual Estado autonómico, aboga por clarificar la distribución de competencias y potestades normativas entre los órganos centrales del Estado y las comunidades y revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local.

Asimismo, quiere que en sus seis meses de mandato la comisión estudie el cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas; la regulación de los mecanismos de cooperación y colaboración vertical (entre Estado y comunidades) y horizontal (entre las comunidades) con el diseño de sus órganos correspondientes; la incidencia de la Unión Europea en el Estado autonómico; la reforma del Senado como cámara de representación territorial; y un nuevo modelo de financiación autonómica.

Varios de estos aspectos implicarían una reforma de la Constitución que, según los planes del PSOE, impulsor de la comisión territorial, es la tarea que el Congreso deberá emprender a partir del segundo semestre del próximo año.

Respecto a las herramientas de trabajo en la comisión Ciudadanos desea pedir informes y documentación a instituciones ajenas, que los servicios de la Cámara elaboren informes ad hoc y recibir a un total de 45 comparecientes.

En cuanto a las comparecencias, el partido presidido por Albert Rivera espera poder alcanzar un acuerdo amplio con los demás grupos. En concreto, quiere empezar escuchando a los ponentes vivos de la Constitución, a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar y al exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

Después espera que comparezcan expresidentes autonómicos como los socialistas José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la conservadora Luis Fernanda Rudi, y ex presidentes del Senado como Javier Rojo (PSOE) y Juan José Lucas (PP).

La tercera fase, según Ciudadanos, sería recibir a catedráticos de Derecho como Francisco Sosa Wagner, Francesc de Carreras o Teresa Freixes, al economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), al catedrático de Hacienda Pública Carlos Monasterio y el profesor de Economía Pública Alain Cuenca.

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Ángel de la Fuente fue nombrado como experto por el Gobierno para calcular las balanzas fiscales y fue representante del Estado en el comité de expertos que estudió antes del pasado verano la reforma del modelo de financiación autonómica. Por su parte, Alain Cuenca fue designado por el Gobierno de Aragón en el grupo de expertos, y Carlos Monasterio por el Principado de Asturias.

Los tres han denunciado públicamente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ignoró sus recomendaciones sobre el acuerdo del Cupo vasco con el Gobierno de Euskadi (PNV y PSOE), un pacto al que Ciudadanos también se ha opuesto por considerar que el cálculo de la aportación del País Vasco al Estado se basa en criterios políticos, no técnicos, y que beneficia claramente a la comunidad foral.

Después, siempre según el plan de Ciudadanos presentado este jueves en el Congreso, sería el turno de recibir al lehendakari, Íñigo Urkullu, al futuro presidente de la Generalitat y al resto de presidentes autonómicos, así como los de las ciudades de Ceuta y Melilla, para acabar cerrando con los representantes del Consejo de Estado, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).