Fracturado por las urnas en las dos últimas elecciones, el bipartidismo PP-PSOE será no obstante la imagen que devuelva el espejo del Tribunal Constitucional (TC) si finalmente fragua el acuerdo que ultiman las dos principales formaciones políticas del país. Negado oficialmente por ambas partes, el pacto avanza con una negociación que, en teoría, debería cerrarse antes del 10 de febrero, fecha en que expira el plazo para que el Senado reciba las propuestas de los Parlamentos autonómicos para cubrir las cuatro plazas que deben renovarse. Salvo viraje drástico, la Cámara Alta elegirá para ocupar esos puestos a dos magistrados propuestos por el PP y a otros tantos avalados por el PSOE.
En un año que nace marcado por el referéndum que Cataluña planea celebrar en septiembre, el argumento de que resulta primordial preservar la unanimidad de criterio en torno a la "unidad nacional" sobrevuela el escenario político como argumento clave para un pacto a dos bandas.
Políticamente, tanto el PP como el PSOE verían reforzada su posición de formaciones hegemónicas frente a las todavía denominadas emergentes –Podemos y Ciudadanos– con un pacto bipartito. Pero la operación posee un reverso, especialmente para los socialistas, por el riesgo de que alimente la idea de que ya existe una gran coalición de facto. Este miércoles, el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, negó de manera taxativa que se haya alcanzado un acuerdo horas después de que el diario El País informase de que el pacto está a punto de cerrarse. El PSOE, dijo Jiménez, hombre fuerte de Susana Díaz, el PSOE "hará valer sus votos" en el Senado cuando llegue el momento. ¿Significa eso que los socialistas están dispuestos a bloquear la renovación del Constitucional?, preguntó infoLibre a portavoces oficiales del PSOE. No hubo respuesta.
El veto a Ollero, el punto más delicado
El punto más delicado de la negociación, y el que según distintas fuentes explica por qué tanto PP como PSOE niegan que hayan alcanzado un acuerdo, es el de quién presidirá el tribunal. O, mejor dicho, el de quién no lo presidirá: el magistrado conservador y exdiputado del PP Andrés Ollero, a quien su antiguo partido habría accedido a vetar como futuro presidente por exigencia del PSOE. Fuentes del PP aseguraron por la tarde a este diario que es más que probable que el acuerdo incluya ese veto, informa Yolanda González.
Como es tradición -no escrita pero aplicada desde hace 25 años con una sola excepción-, la presidencia del TC recae sobre uno de los magistrados a los que solo queden tres años de permanencia en el tribunal. Y de los que cumplen esa condición, Ollero es el que mayores méritos profesionales ofrece, sostienen distintas fuentes jurídicas. Pero es también el más marcado políticamente: miembro del Opus Dei y abierto detractor del derecho al aborto y del matrimonio homosexual, Ollero fue durante 17 años diputado del PP, donde ocupó el cargo de portavoz de justicia.
Una vez que el PP recurrió en 2010 la nueva Ley del Aborto del Gobierno Zapatero y tras su designación como magistrado del TC en 2012, Ollero se convirtió en ponente de esa sentencia, que hoy sigue pendiente de emisión. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la noticia de que PP y PSOE han pactado el veto a Ollero constituye una clarísima injerencia en un terreno, nada menos que el del Tribunal Constitucional, que debería regirse por una independencia férrea. "Lo que tenía que haber hecho el PSOE era haber vetado a Ollero como candidato al Constitucional pero no lo hizo y ahora es magistrado a todos los efectos", razona una de las fuentes pulsadas por este diario al tiempo que remarca cómo la noticia ha causado "malestar" en el tribunal.
¿Puede garantizar el PP que los ocho magistrados que conformen la nueva mayoría conservadora del Constitucional van a plegarse a ese veto? En principio, sí. Pero distintos juristas de diferentes sensibilidades expresan sus dudas. Sea como sea, si el PSOE aceptara dar su voto en el Senado a los candidatos del PP a cambio de ver aupados a los suyos y Ollero terminase luego presidiendo el tribunal, el pacto podría transmutarse en un bumerán.
El efecto carambola y el Tribunal de Estrasburgo
Para el PP, el eventual pacto con el PSOE entraña una ventaja adicional a modo de carambola. Si la renovación se efectúa de manera pacífica -hacen falta 159 votos, es decir, tres quintos del total, para evitar el bloqueo en el Senado y el PP solo dispone de 148-, el partido de Rajoy tendrá menos dificultades para cumplir otro de sus planes relacionados con la justicia: enviar al actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que lleva ejerciendo el cargo desde 2013, para un mandato de nueve años al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Localizado en Estrasburgo, fue el TEDH el que, por ejemplo, anuló en 2013 la doctrina Parot. Para el Gobierno no se trata, por tanto, no solo de garantizar solo un magnífico destino a Pérez de los Cobos, aunque también, sino de situar en un tribunal internacional estratégico a un magistrado de fuste y de claro signo conservador.
Militante del PP hasta 2011, el Gobierno incluirá a Pérez de los Cobos en la terna de candidatos que debe enviar a partir de febrero al Consejo de Europa para cubrir la plaza que desde entonces y hasta su relevo seguirá ocupando de manera interina con la llamada prorrogatio el magistrado progresista Luis López Guerra. En esa terna debe figurar una mujer. Y el nombre de la también progresista María Emilia Casas, precedesora de Pérez de los Cobos en el Constitucional -lo presidió de 2004 a 2011-, comienza ya a instalarse en las quinielas. Si Casas se postula finalmente de manera oficial para ese puesto, todo puede complicarse.
En principio, los cuatro candidatos con más bazas para terminar obteniendo el respaldo de la Cámara Alta son estos: avalados por el PP, Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo, que se convertiría en el magistrado de más edad (79 años), y Ricardo Enríquez, cuya reelección solo será posible por razones procedimentales si el Senado culmina el trámite antes del 14 de marzo, que es cuando se cumplen tres años de su llegada al tribunal tras la vacante que la muerte de Francisco Hernando dejó entonces.
PP y PSOE se reparten al 50% la renovación del TC: Conde-Pumpido, Enríquez, Montoya y Balaguer son los nuevos miembros
Y avalados por el PSOE, la catedrática de Constitucional María Luisa Balaguer, auspiciada por la poderosa federación andaluza de Susana Díaz en lo que algunos juristas entienden como un guiño a los sectores sociales y políticos situados a la izquierda del PSOE -entre ellos, Podemos-, y el magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que, según la Cadena SER, será nominado por la Asamblea de Madrid el próximo 9 de febrero. A Pumpido, que no llegó a pronunciarse sobre el destino procesal de Rita Barberá tras su súbito fallecimiento, se le considera persona próxima a Alfredo Pérez Rubalcaba y un más que sólido jurista. Si se incorpora finalmente al TC, como parece seguro, será el único penalista del tribunal tras la salida de la actual vicepresidenta, Adela Asúa.
En la lista de candidatos con posibilidades reales de obtener plaza en el TC solo hay una mujer. La composición del tribunal se mantendrá, por tanto, a distancias siderales de la paridad de género. Lo seguirán integrando ocho hombres y dos mujeres.
Fracturado por las urnas en las dos últimas elecciones, el bipartidismo PP-PSOE será no obstante la imagen que devuelva el espejo del Tribunal Constitucional (TC) si finalmente fragua el acuerdo que ultiman las dos principales formaciones políticas del país. Negado oficialmente por ambas partes, el pacto avanza con una negociación que, en teoría, debería cerrarse antes del 10 de febrero, fecha en que expira el plazo para que el Senado reciba las propuestas de los Parlamentos autonómicos para cubrir las cuatro plazas que deben renovarse. Salvo viraje drástico, la Cámara Alta elegirá para ocupar esos puestos a dos magistrados propuestos por el PP y a otros tantos avalados por el PSOE.