Ley Secretos Oficiales
El PP y PSOE buscan retrasar las primeras desclasificaciones de documentos secretos hasta 2023 y 2028
El PP y PSOE quieren que las primeras desclasificaciones de documentos que están hoy declarados secretos no se produzcan hasta los años 2023 o 2028, según las enmiendas que han presentado en el Congreso a la propuesta del PNV de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el año 1968, informa Europa Press.
Tras un año y medio con la proposición de ley bloqueada en el Congreso, los grupos parlamentarios registraron este lunes más de 50 enmiendas a la propuesta del PNV, que propone establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y de 10 años en el caso de los clasificados como reservados.
La proposición de ley propone además la inmediata desclasificación de aquellos documentos que llevan ya más de 35 años secretos. Conservadores y socialistas quieren, sin embargo, alargar este periodo para que no empiecen a revelarse estas informaciones hasta el año 2023, en el caso del PP, y en 2028, según la propuesta del PSOE.
Desclasificación progresiva y no en bloque
En concreto, el Grupo Popular quiere que aquella información declarada secreta antes de 1968 vea la luz a los tres años desde la aprobación de esta reforma. Y la posterior se haga pública periódicamente: cada año a partir de 2023 se desclasificará la documentación de dos años.
Los socialistas, por su parte, proponen que las primeras desclasificaciones tengan lugar dentro de diez años para aquellas informaciones que ya lleven 25 años secretas; y el resto una década después de haber cumplido esos 25 años.
Los grupos también difieren sobre el periodo que deben permanecer secretos los documentos. PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos comparten con PNV la propuesta de que los documentos permanezcan secretos durante 25 años prorrogables otros 10 años. Y un periodo de 15 años (10 años en el caso de Ciudadanos) para la información reservada.
Por su parte, el PP propone diferenciar entre información secreta, reservada, confidencial y de difusión limitada, con periodos de clasificación de 25 años, 15, 10 y 5, respectivamente, prorrogables por el mismo periodo. Esto hace que, por ejemplo, un documento clasificado como secreto pueda permanecer así hasta 50 años.
Pero además, los conservadores introducen una excepción para aquella información cuya difusión pueda suponer "un riesgo para la integridad de las personas". En este caso, el PP propone que la clasificación se mantenga mientras siga vigente ese riesgo, sin límite temporal.
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La autoridad, el Consejo de Ministros o el CNI
El Grupo Popular también señala al Consejo de Ministros como la Autoridad Nacional para la seguridad de la información clasificada. Y el Gobierno podrá delegar en el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la labor de protección de esta documentación.
Por su parte, Unidos Podemos, ERC y Bildu introducen enmiendas para evitar que pueda ser declarada secreta aquella información que pueda servir para prevenir, reducir o investigar casos de abusos y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
