PP y PSOE no apoyarán la reforma electoral que promueven Podemos y Ciudadanos

La reforma de la ley electoral es uno de esos temas añejos que, de cuando en cuando, vuelven al primer plano de la actualidad. Históricamente, quienes han enarbolado la bandera de esta reforma han sido pequeñas formaciones como IU o UPyD, que hasta hace unos años eran los principales perjudicados por la norma. Pero el vuelco experimentado por el sistema de partidos en 2015 ha convertido la reforma de la ley electoral en una propuesta defendida por grupos grandes como los de Unidos Podemos y Ciudadanos, que este jueves mantendrán su primera reunión oficial para comenzar a explorar las opciones de cambiar la ley. No obstante, PP y PSOE tienen claro que no van a apoyar una reforma de la ley electoral que mejore su proporcionalidad, según confirmaron a infoLibre fuentes de las direcciones de ambos partidos.

Podemos y Ciudadanos tienen propuestas enfrentadas en lo relativo a las políticas económicas o el modelo territorial, pero en sus programas electorales ambos se comprometían a promover una reforma de la ley electoral, diseñada en la transición y que tiende a promover la concentración del voto beneficiando a los grandes partidos. Las dos formaciones suman 103 de los 350 escaños del Congreso, y para reformar la legislación –que tiene rango de ley orgánica– necesitarían un mínimo de 176 diputados a favor, por lo que Podemos y Ciudadanos deberían sumar al menos al PSOE a sus propuestas para que la reforma de la ley electoral saliera adelante.

No obstante, ni PSOE ni PP están por la labor de apoyar una reforma de la ley electoral que la haga más proporcional, algo que –entienden– perjudicaría a ambos partidos, aunque sería especialmente negativo para los conservadores, que ahora mismo son los grandes beneficiados por una norma que les da el 39,1% de los escaños del Congreso con el 33% de los votos. En el  PP aseguran que no tienen intención de prestarse a esta reforma, mientras que en el PSOE se muestran abiertos a modificar cuestiones puntuales, pero no a cambiar elementos esenciales como el tamaño de las circunscripciones o el método de reparto de escaños, que son los que podrían mejorar la proporcionalidad de la ley.

Podemos propone cambiar D'Hondt por Sainte-Laguë

En cualquier caso, la primera reunión de Podemos y Ciudadanos tendrá lugar este jueves, y el partido morado presentó públicamente este miércoles la propuesta que llevará al encuentro. La principal medida de su modelo pasa por sustituir el actual sistema de reparto de escaños: se dejaría de utilizar la ley D'Hondt para comenzar a emplear el más proporcional sistema Sainte-Laguë, utilizado en países como Alemania o Suecia. Tomando como referencia los resultados de las elecciones de 2016, el PP pasaría de 137 a 122 diputados (el 34,9% de los parlamentarios con el 33% de los votos); el PSOE tendría 84 actas (el 24% de ellas con el 22,7% del voto); los 71 sillones de Unidos Podemos pasarían a ser 77 (el 22% del total con el 21,1% de los sufragios); y Ciudadanos pasaría de sus 32 diputados a 44 (el 11,6% del Congreso con el 13,1% del voto).

En su programa electoral, Unidos Podemos proponía cambiar la ley para que las circunscripciones electorales fueran las comunidades autónomas en lugar de las provincias, como ocurre en la actualidad. No obstante, al estar recogido en la Constitución que los ciudadanos escogen en las elecciones generales únicamente a los diputados de su provincia, modificar los distritos electorales requeriría una reforma de la Carta Magna que Podemos asume que, ahora mismo, está bloqueada, ya que requiere mayoría de tres quintos del Congreso y también del Senado, donde el PP –que se opone a la reforma– cuenta con mayoría absoluta. Por el contrario, cambiar el sistema D'Hondt por el Sainte-Laguë únicamente requeriría reunir la mayoría absoluta del Congreso.

Además, Podemos propone otra serie de modificaciones en la ley electoral que no implicarían un cambio en el reparto de escaños, pero sí en la composición de las listas o el censo. La propuesta establece que la edad mínima para votar pasaría de los 18 a los 16 años, una medida que Podemos defiende argumentando que deben poder ejercer el derecho al voto personas a las que la ley también permite casarse o trabajar. Además, la nueva ley electoral establecería la obligatoriedad de celebrar dos debates preelectorales entre los candidatos y también impondría la obligación de enviar conjuntamente las papeletas de todos los partidos por correo en lugar de que cada formación lo haga por su cuenta, para ahorrar gasto público.

En materia de igualdad, la propuesta de Podemos busca dar una vuelta de tuerca al sistema actual, que establece que en las listas electorales ninguno de los dos sexos puede copar más del 60% de cada tramo de cinco puestos. El partido morado plantea la necesidad de implantar un modelo de "cremallera" por el cual se alternen hombres y mujeres en la lista. "La cremallera sólo se romperá si es para beneficiar a las mujeres. Dicho de otro modo, detrás de un hombre siempre deberá haber una mujer, pero detrás de una mujer no tiene necesariamente por qué haber un hombre", explica la formación.

Ciudadanos apuesta por dos urnas diferentes

El cambio de la ley electoral planteado por Ciudadanos en su programa para las pasadas elecciones –y detallado en el documento Propuestas de regeneración democrática e institucional– supondría un importante cambio con respecto al método de votación utilizado hasta ahora. El partido naranja propone que los 350 escaños del Congreso se escojan en dos urnas diferentes: 175 en listas cerradas y circunscripción nacional, y otros 175 en circunscripciones "de elección unipersonal" que no puedan ser "de ámbito territorial superior al provincial". Para obtener representación en la primera categoría, las listas deberían obtener al menos un 3% de los votos en el conjunto de España.

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Para llevar a cabo este cambio, no obstante, sería necesaria una reforma constitucional, ya que la circunscripción provincial está recogida en el artículo 68 de la Constitución y Ciudadanos pretende que los ciudadanos escojan a 175 de los 350 diputados para que representen a toda España y no únicamente a su provincia. Los otros 175 serían escogidos en pequeñas circunscripciones que solo elegirían un representante, a imagen y semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, en Reino Unido, donde los parlamentarios de la Cámara de los Comunes representan cada uno a un distrito, lo que genera una mayor cercanía entre el representante y el representado pero también provoca que el sistema tenga efectos mayoritarios, ya que el candidato que gana en su distrito se queda con el único acta del mismo aunque reúna solo un apoyo más que el segundo más votado.

En lo relativo al Senado, la solución de Ciudadanos es tajante: para el partido naranja, hay que eliminar la Cámara alta y sustituirla por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, que en lugar de ocuparse de la segunda lectura de todas las iniciativas legislativas únicamente tendría competencias sobre las leyes "más directamente relacionadas con las comunidades autónomas y, en particular, la financiación". Tal y como indica su nombre, el nuevo órgano estaría compuesto por los presidentes autonómicos y también los de Ceuta y Melilla, aunque en caso de desacuerdo la última palabra la tendría el Congreso.

En el Consejo de Presidentes, cada comunidad tendría un voto, pero este no valdría lo mismo, sino que estaría ponderado en función de la población de cada autonomía: es decir, el voto de Andalucía (8,4 millones de habitantes) valdría mucho más, por ejemplo, que el de Castilla-La Mancha (2 millones de habitantes). No obstante, según apunta Ciudadanos en su propuesta, se aplicaría una corrección matemática a la ponderación –no se especifica cual– "con el fin de moderar la influencia" de las comunidades autónomas más pobladas.