Si alguien esperaba que la decisión del PSOE y Unidas Podemos de aceptar la discutida candidatura de Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional movería la voluntad del PP para abandonar los vetos y desbloquear definitivamente la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba equivocado. El propio líder conservador, Pablo Casado, despejó este viernes cualquier duda durante una comparecencia ante la prensa en la isla de Las Palma: su partido sigue exigiendo una reforma de la ley vigente para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años.
“Sigo manteniendo que hay que despolitizar el poder judicial”, declaró en su primera comparecencia ante periodistas en doce días, los mismos que lleva Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, desafiando su autoridad.
Casado insistió en las condiciones que lleva poniendo desde el mes de febrero. Entonces, al revés de lo que acaban de hacer PSOE y Unidas Podemos en el proceso de renovación del TC, decidió vetar dos de los nombres propuestos por los partidos de la coalición de gobierno para la renovación del CGPJ: la jueza Victoria Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada. Sus argumentos no tenían base legal porque nada en la ley impide que la primera sea nombrada vocal por haber sido delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como tampoco tiene apoyatura en la legislación negarse a que De Prada sea nombrado por el turno de juristas porque, como establece el artículo 122.3 de la Constitución, porque tiene la condición de “jurista de reconocido prestigio”.
Eso sí: De Prada fue uno de los magistrados que firmó la sentencia sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel,sentenciatrama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, y Rosell formó parte en su momento de las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados.
El líder conservador, después de defender la idoneidad de Enrique Arnaldo para el TC, a pesar de las múltiples informaciones que en los últimos días han puesto de manifiesto precisamente lo contrario, sigue diciendo que su único objetivo es “que se refuerce la independencia judicial”. Y que para conseguirlo lo mejor es que “los jueces elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ” (en la actualidad son el Congreso y el Senado los que seleccionan a doce de los 20 los vocales ciñéndose exclusivamente a los nombres que les proponen previamente jueces y magistrados).
Casado, como lleva haciendo desde hace un año, volvió a comparar la fórmula de elección del CGPJ, que está en vigor desde hace 35 años y que su partido ha utilizado sin reserva alguna siempre que ha gobernado, con el conflicto abierto entre la Unión Europea y Polonia. Un problema que en realidad tiene su origen en la legislación que en ese país permite sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias o, simplemente, por reconocer la autoridad judicial europea.
“Esto está poniendo en riesgo la recepción de los fondos europeos”, subrayó antes de emplazar al PSOE a que cambie de criterio y acepte reformar la ley para que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces sin intervención alguna de las Cortes. “Yo lo que espero para el desbloqueo del CGPJ”, declaró, “es que se proceda a una modificación de la ley para que esos miembros sean elegidos en su mayoría por los jueces”.
Todo lo contrario de lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, cuyo mecanismo de elección directa por parte del Congreso y el Senado Casado no sólo avala sino que aplaude.
“El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial”, recordó. Tampoco el Tribunal de Cuentas, alegó para justificar los nombramientos aprobados el jueves en el Congreso. “Son órganos constitucionales cuya elección depende de los legisladores, los diputados y senadores que representan al pueblo español. En Estados Unidos se eligen directamente por el presidente; aquí se eligen directamente por el Parlamento”.
Pese a las múltiples evidencias que existen de la connivencia entre Arnaldo y el PP, Casado no tuvo inconveniente en defender que tanto él como la otra candidata conservadora, Concepción Espejel, son “personalidades de reconocido prestigio profesional. Son personas independientes dentro del desempeño de su función”.
Del primero subrayó su condición de “catedrático de [Derecho] Constitucional” y “letrado de las Cortes desde hace varias décadas del que nadie ha podido decir que haya tenido ningún rasgo de parcialidad”. Y de la segunda alegó, como mérito para alcanzar el TC, que suele ser la cima profesional de jueces y magistrados, su “lucha sin descanso contra la organización terrorista ETA y también contra los beneficios penitenciarios”.
Merecimientos que, por otra parte, no ve en los candidatos propuestos por PSOE y Unidas Podemos. “He de decir que para nosotros no son los perfiles más idóneos por las sentencias que hayan podrido dictar o por los escritos que haya podido haber. Pero estas son las reglas. La Constitución no marca vetos, marca la idoneidad profesional” y en opinión de Casado eso pasa exclusivamente por no haber militado nunca en un partido. “En este caso los cuatro candidatos no han pertenecido a ningún partido político y, por lo tanto, tienen un desempeño independiente de la función, algunos como magistrados o jueces, otros como catedráticos o abogados prestigiosos”.
Pese a la enorme polvareda que ha levantado la renovación parcial del TC, especialmente en lo que atañe a la figura de Enrique Arnaldo, Casado no ve ningún motivo de preocupación ni teme que sea el prestigio del tribunal arbitral el que acabe sufriendo. “El problema que hay ahora mismo en las instituciones españolas es sobre Arnaldo Otegi”, sentenció, “no sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, que van a seguir desempeñado su labor como siempre se ha hecho”.
“Yo creo que confundir las cosas aquí no es bueno”. “No entendemos la posición de algunos partidos minoritarios que están intentando confundir a la opinión pública. Hay que mandar un mensaje muy claro: el PP lo que ha hecho es seguir escrupulosamente” lo que ordena la legislación para renovar el TC. Justo lo contrario de lo que está haciendo en relación con el CGPJ, cuya ley reguladora también exige que sea renovado por decisión del Congreso y el Senado.
“Hay órganos judiciales y órganos jurisdiccionales”, insistió tratando de justificar que la independencia del TC no se ve afectada por la elección de sus miembros desde el Congreso y el Senado y la del CGPJ sí. La Constitución, argumentó, “nos encarga a los representantes de la ciudadanía que nos pongamos de acuerdo para elegirlos en base a una trayectoria profesional, que es lo que se ha cumplido. Poner en duda lo que se viene haciendo durante 40 años en este órgano no es bueno”, reprochó. Y “confundirlo con lo que estamos reclamando con el Tribunal Supremo y el CGPJ tampoco lo es. Son órganos distintos”.
Derogación
En la misma comparecencia pública Casado quiso aprovechar para anunciar que, si gana las próximas elecciones, recuperará en toda su extensión la ley mordaza de Mariano Rajoy que PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de la mayoría del Congreso, se han comprometido a derogar.
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En su opinión, enumeró sin dar detalles, “deja desprotegidos” a los agentes de la Policía y la Guardia Civil, no les equipara salarialmente con mossos y ertzainas y “tiene incidencia muy clara con la inmigración”.
De lo que no quiso hablar es del pulso que le ha planteado Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid alegando su respeto a los procesos electorales de cada comunidad. Sí precisó que, en su opinión, Ayuso es “una excelente presidenta”, “acaba de presentar unos presupuestos que son muy necesarios y que esperemos que acaben recibiendo el apoyo mayoritario de la Asamblea” y ha promovido “una bajada fiscal que es muy necesaria”.
Al congreso, zanjó, “se presentará quien pueda, ganará el que tenga los apoyos de los militantes y tendrá todo el apoyo de la dirección nacional, como siempre”.
Si alguien esperaba que la decisión del PSOE y Unidas Podemos de aceptar la discutida candidatura de Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional movería la voluntad del PP para abandonar los vetos y desbloquear definitivamente la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba equivocado. El propio líder conservador, Pablo Casado, despejó este viernes cualquier duda durante una comparecencia ante la prensa en la isla de Las Palma: su partido sigue exigiendo una reforma de la ley vigente para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años.