El PP rechaza que los jueces tengan un examen específico de igualdad y violencia de género tras su formación sobre esta materia en la Escuela Judicial, y tampoco que la superación de esta prueba condicione su selección para la carrera judicial.
Así se desprende de las enmiendas presentadas por los conservadores a la reforma de la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, que se encuentra en tramitación en el Congreso.
Este nuevo texto incluye en el artículo referente a las pruebas de selección de estos profesionales que, durante la fase teórica de formación multidisciplinar, se incluirá "el estudio en profundidad de las materias que integran el derecho antidiscriminatorio y contra la violencia de género en todas sus formas". Además, se indica que "este contenido temático será objeto de evaluación específica y habrá de ser superado para iniciar el periodo de prácticas".
Es esta última parte del párrafo la que el PP propone retirar alegando "una mejora técnica" y evitando así que la carrera de estos jueces dependa de la nota de su prueba.
La propuesta del principal partido de la oposición también elimina de esta reforma un párrafo que indica que aquellos jueces que obtengan plaza en Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer tienen que participar en las actividades específicas de formación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca reglamentariamente, antes de tomar posesión en su nuevo destino.
Atención particular a estos conocimientos
Por el contrario, desde Unidos Podemos se reclama incluir en el texto que todas las pruebas selectivas para el ingreso o promoción en la carrera judicial y fiscal deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia machista y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.
La formación liderada por Iglesias ha presentado, además, una enmienda para que las pruebas de promoción de la categoría de juez a la de magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, de lo social y en violencia contra la mujer, tiendan a "apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada orden jurisdiccional".
"Además de los conocimientos propios de cada orden jurisdiccional para acceder a las pruebas selectivas, será necesario acreditar haber participado en actividades de formación continúa con perspectiva de género", añade el texto del grupo confederal.
El Congreso quiere que la violencia machista sea una especialidad jurídica equiparable a la Penal o de Menores
Dependencias para evitar confrontación
Los socialistas también ponen en su punto de mira estas pruebas y, en su caso, quieren exigir por ley que el temario "garantice la adquisición de conocimientos en materia de derecho antidiscriminatorio, tanto en el bloque constitucional como en el resto de las ramas del ordenamiento jurídico, incluyendo la normativa europea y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia de género suscritos por España".
Por su parte, Ciudadanos ha registrado cinco enmiendas a este texto. En una de ellas recoge la existencia de dependencias en los juzgados que impidan la confrontación de la víctima con el agresor, y evitar así la victimización secundaria de la mujer, mientras que en otra de sus propuestas se incluye la creación de una unidad específica de evaluación de datos sobre los casos de violencia de género. Esta unidad deberá publicar sus datos mensualmente y elaborará un informe anual sobre los datos relativos a la violencia machista y sexual.
El PP rechaza que los jueces tengan un examen específico de igualdad y violencia de género tras su formación sobre esta materia en la Escuela Judicial, y tampoco que la superación de esta prueba condicione su selección para la carrera judicial.