El Parlamento Europeo dio este miércoles el primer paso para activar el proceso sancionador contra Hungría por la deriva autoritaria de su Ejecutivo ultraconservador. La mayoría absoluta de la Eurocámara apoyó sin fisuras el denominado informe Sargentini, un duro escrito en el que se resaltan los ataques del Gobierno húngaro al Estado derecho y se pide la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Aunque el denominado botón nuclear sólo puede ser pulsado si el resto de Estados miembros dan su visto bueno de forma unánime –lo que complica una sanción real–, lo cierto es que la aprobación del informe elaborado por la diputada verde Judith Sargentini ha supuesto un duro varapalo para el ultra Viktor Orban y ha hecho saltar por los aires la unidad del Partido Popular Europeo, el grupo en el que se integra el Fidesz del primer ministro húngaro.
La deriva autoritaria de Budapest en los últimos años, sobre todo desde la crisis de refugiados del año 2015, incomoda a buena parte de la familia conservadora europea, que se encuentra completamente partida. El PPE intentó, hasta el último momento, consensuar una posición de voto común. Sin embargo, las posiciones enfrentadas en relación con este tema llevaron finalmente al líder del grupo parlamentario, el alemán Manfred Weber, a anunciar a última hora la libertad de voto para sus eurodiputados. El resultado final evidenció la fractura en las filas del Partido Popular Europeo: 114 votaron a favor de iniciar el procedimiento sancionador contra Hungría, 57 votaron en contra y 28 se abstuvieron. Otros, a pesar de estar presentes, decidieron no votar.
En concreto, mostraron su rechazo a respaldar la iniciativa, además de los húngaros, los conservadores italianos, eslovacos, eslovenos, croatas, búlgaros y la mitad de la delegación checa. Fragmentados votaron también los alemanes. Cinco de los 33 parlamentarios germanos del Partido Popular Europeo se posicionaron en contra de imponer un castigo ejemplar a Hungría por los ataques al Estado de derecho. De ellos, cuatro eran de la CSU y uno pertenecía a la CDU de Angela Merkel, que siempre se ha mostrado muy dura con las políticas del Ejecutivo de Orban. De hecho, el enfrentamiento entre los dos partidos hermanados se recrudeció este verano tanto a causa de la crisis migratoria que el ministro del Interior germano y líder de la CSU, Horst Seehofer, amenazó con hacer caer al Ejecutivo si no se pactaba una fórmula para reducir los solicitantes de asilo.
El PP justifica la abstención
Los conservadores españoles, por su parte, decidieron ponerse de lado en la votación. La consigna que se les había dado desde Génova era que se abstuviesen, evitando así encuadrarse en ninguna de las dos corrientes. Sin embargo, la fotografía final de la delegación española fue muy diversa. De los 17 eurodiputados, 9 respetaron escrupulosamente la disciplina marcada, 3 decidieron saltársela y votar en contra de la petición de activación del artículo 7 del TUE –Pilar Ayuso, Carlos Iturgaiz y Gabriel Mato– y 5 no emitieron su voto –Francesc Gambús, Esteban González Pons, Esther Herranz, Verónica Lope y Antonio López-Istúriz–. “Gambús no se encontraba en el Parlamento Europeo, mientras que los otros cuatro no votaron como forma de abstención”, explican a infoLibre fuentes oficiales de la delegación del PP en la Eurocámara.
Desde la formación conservadora rechazan que la no emisión del voto se deba al descontento de los eurodiputados con la consigna recibida desde Madrid. “No ejemplifica ni que estén más alineados con Orban ni que estén más alineados con Merkel”, señalan las mismas fuentes, que insisten en que la delegación española decidió apostar por la abstención porque no se quería “votar a favor de las políticas de Orban” pero tampoco mostrarse a favor de que la Eurocámara “se convierta en un órgano judicial”. “Ya hay un Tribunal de Justicia europeo para decidir si algún país incumple las normativas comunitarias en cualquier tipo de aspecto”, completan desde la formación conservadora, que se agarra a la “libertad de voto” otorgada por el líder de la familia europea para justificar que tres de sus eurodiputados se saltasen la directriz marcada.
Para el resto de formaciones españolas –PSOE, Ciudadanos, UPyD, Podemos, IU, ICV, PDeCAT, ERC y PNV– no hubo dudas. Votaron a favor de la resolución y cargaron duramente contra el PP. “No solo no se han abstenido todos, sino que encima Ayuso, Iturgáiz y Mato han votado en contra junto con la Liga Norte, el Ukip, el Frente Nacional y la señora (Alessandra) Mussolini. Son cómplices de la deriva fascista de Orbán y de lo que está pasando en Europa”, criticó la portavoz de IU en la Eurocámara, Marina Albiol, que situó a los tres eurodiputados conservadores “en la extrema derecha de su propio grupo parlamentario”. “No entiendo y no puedo aceptar que el PP español se haya puesto de lado de aquellos que atacan los derechos fundamentales de la Unión Europea”, aseveró, por su parte, la eurodiputada socialista Iratxe García.
“Violación grave” de los valores europeos
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El informe Sargentini, aprobado con 498 votos, 197 en contra y 48 abstenciones, es tremendamente duro con Budapest. El documento sostiene que en Hungría existe “un riesgo claro de violación grave” de los valores europeos, muestra su preocupación por los casos de corrupción en el país y alerta sobre las trabas a la independencia del poder judicial, las restricciones al derecho de asilo de los refugiados, la puesta en riesgo de la libertad de expresión, las maniobras del Ejecutivo ultra para “silenciar” a los medios de comunicación y los intentos de “maniatar” a los centros académicos. “¿Vamos a permitir que un Gobierno que viola los valores sobre los que se asienta la Unión Europea lo haga sin consecuencia alguna?”, se preguntó en el pleno la eurodiputada de Los Verdes y autora de la resolución, Judith Sargentini.
Pero Orban, en lugar de agachar la cabeza y aguantar el chaparrón, entró con dureza en la confrontación. Durante su intervención en la Eurocámara, el primer ministro húngaro acusó a los eurodiputados de poner en marcha un “chantaje” contra su país por la política migratoria adoptada desde Budapest utilizando un informe que, según el Ejecutivo húngaro, está plagado de “errores factuales” y “mentiras”. “Hoy, por primera vez en la historia de la Unión Europea, una comunidad quiere condenar a sus propias guardias de fronteras”, sostuvo Orban en el hemiciclo. Y, entre aplausos y abucheos, dejó caer un aviso a Bruselas con la vista puesta en las próximas elecciones a la Eurocámara, una prueba de fuego ante una extrema derecha que sigue avanzando en clave nacional. “Estamos preparados (…), los húngaros podrán tomar decisiones sobre el futuro de Europa”, sentenció.
Y, a medida que avanzaba el debate, más formaciones del PPE fueron destapando sus cartas. El canciller austriaco, Sebastian Kurz, terminó por distanciarse de Orban, del mismo modo que los conservadores suecos. Poco a poco, el primer ministro húngaro se fue quedando solo y tuvo que conformarse con las buenas palabras que le llegaban desde la Liga Norte italiana, que lo calificó como “un héroe”, o desde otras tantas formaciones euroescépticas. De hecho, una de las preocupaciones dentro del PPE es que el Fidesz de Orban termine por provocar una escisión dentro de la propia familia conservadora. De momento, el partido de extrema derecha austriaco FPÖ ya ha propuesto a la formación húngara trabajar en la construcción de un bloque común. Una salida que, de momento, descartan desde el Fidesz: “No hay intención de abandonar el PPE”, señalaron el pasado lunes.
El Parlamento Europeo dio este miércoles el primer paso para activar el proceso sancionador contra Hungría por la deriva autoritaria de su Ejecutivo ultraconservador. La mayoría absoluta de la Eurocámara apoyó sin fisuras el denominado informe Sargentini, un duro escrito en el que se resaltan los ataques del Gobierno húngaro al Estado derecho y se pide la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Aunque el denominado botón nuclear sólo puede ser pulsado si el resto de Estados miembros dan su visto bueno de forma unánime –lo que complica una sanción real–, lo cierto es que la aprobación del informe elaborado por la diputada verde Judith Sargentini ha supuesto un duro varapalo para el ultra Viktor Orban y ha hecho saltar por los aires la unidad del Partido Popular Europeo, el grupo en el que se integra el Fidesz del primer ministro húngaro.