Por mucho que desde el Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular se pretendan circunscribir las confesiones de los investigados en la rama valenciana de la Trama Gürtel dentro de la "estrategia de defensa" de quienes están pasando estos días por la Audiencia Nacional, escuchar a Ricardo Costa decir en sede judicial que el PP valenciano se financió "con dinero negro" por "encargo" de Francisco Camps supuso un nuevo mazazo para las filas conservadoras.
Poco antes de la declaración el ex secretario general del PP valenciano, el propio Mariano Rajoy aseguraba desconocer cualquier cosa sobre la financiación ilegal de la formación regional, evitaba criticar a Camps e insistía en que "todas las personas que están en este momento en los tribunales ya no están en el Partido Popular". Pero sus palabras no sirvieron de bálsamo para los dirigentes de una formación conservadora que dice prepararse para recuperar el poder perdido en las autonómicas y municipales de 2017. Porque ven en la forma en la que se están desarrollando estas declaraciones una "especie de aviso, advertencia o banco de pruebas" de lo que puede pasar en el juicio de otros casos de corrupción, ahora en fase de instrucción, que afectan al partido en otros territorios.
Madrid es una de las comunidades que más preocupan. Porque, como la Comunidad Valenciana, tradicionalmente ha sido uno de los principales caladeros de votos del partido de Rajoy.
De 'Púnica' a 'Lezo'
"La estrategia de defensa de los acusados en la trama valenciana puede extenderse a otros territorios", valora uno de los dirigentes regionales consultados, que subraya que, al igual que se ha apuntado hacia Camps en Valencia, se podría señalar a Esperanza Aguirre o Ignacio González en Madrid.
Aguirre dejó la política en abril del año pasado después de que Ignacio González, el hombre que ella escogió para sucederle en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, fuese arrestado en el marco del caso Lezo. En esta causa se investiga, entre otros asuntos, el presunto saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona las aguas de Madrid.
Pero también los años de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid están salpicados por la operación Púnica, una supuesta trama de corrupción municipal y autonómica dedicada al cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos de administraciones públicas presuntamente liderada por Francisco Granados, uno de los hombres de máxima confianza de Aguirre.
La "Gürtel madrileña"
En círculos conservadores se ha llegado a calificar la Púnica como la "Gürtel madrileña". "Aguirre debería estar atenta a lo que está ocurriendo en Valencia, a la estrategia de la 'patada hacia arriba', la de apuntar a los líderes territoriales como máximos responsables", considera uno de sus compañeros de partido.
El día de su dimisión, Aguirre señaló que se marchaba "por no haber vigilado todo lo que debía"a su delfín.
"Lo que estamos viendo en 'Gürtel' será estrategia de defensa, pero una de las ideas que queda en la mente de los ciudadanos mientras va avanzando el caso es que un expresidente autonómico que fue referente de todo para nuestro partido, aunque ya no sea nada, recurría a prácticas oscuras para financiar el partido", considera otra de las fuentes consultadas.
Aunque ahora el PP intente dibujar un cortafuegos con dirigentes como Camps o Aguirre Campsseñalando que ya no están en primera línea, es innegable que cualquier avance judicial de casos que les afectan, bien directamente o bien a sus entornos, hacen daño a las siglas del partido.
La "responsabilidad política" de Rajoy
Camps fue una de las piezas claves a la hora de apuntalar el éxito de Mariano Rajoy en el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008. El ahora presidente del Gobierno llegaba muy debilitado a esta cita tras haber perdido las elecciones generales y con la amenaza de compañeros, Esperanza Aguirre entre ellos, de disputarle el liderazgo.
Aguirre, por su parte, ha llevado siempre a gala sus mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid. Y dejó la política sin haber logrado el broche de oro a su carrera: la Alcaldía de Madrid.
En este contexto, pese a que Rajoy considere que ya se han asumido todas las responsabilidades que había que asumir, la oposición no va a perder esta baza. Y la situación no es fácil: sin Presupuestos Generales del Estado para este año por falta de apoyos a día de hoy y en el horizonte las autonómicas y municipales de 2019.
Tanto el PP de la Comunidad Valenciana, en manos de Isabel Bonig, como en el madrileño, en manos de Cristina Cifuentes, muestran su preocupación por cómo les afecta cada avance en estos casos. "Estamos pagando personas que no tenemos nada que ver con los que no precedieron y que, en algunos casos, ni coincidimos con ellos", señala un dirigente del PP de la Comunitat Valenciana. Coinciden los dirigentes consultados en que el partido ya ha pagado en las urnas, se han cambiado los equipos, y no puede seguir demonizando a una formación política de por vida.
En todo caso, en las últimas horas el grupo popular de Les Corts se ha dividido ante la reprobación de Francisco Camps como miembro del Consell Jurídic Consultiu, que se votará este jueves. En septiembre de 2016, la Cámara regional aprobó, con los votos del PP, pedir a Rita Barberá que dejase de ser senadora territorial, una decisión que no todos compartieron.
El lío de los expedientes a Camps y Costa
Los esfuerzos del PP a la hora de asegurar que los lazos con Camps y Costa estaban rotos generaron este miércoles algunos momentos de confusión.
A primera hora de la mañana, el periodista Carlos Alsina preguntaba a Rajoy en la entrevista que concedió a Onda Cero si mantenía "la buena opinión que en su momento expresó sobre Francisco Camps". "Miré, el señor Camps ha estado en los tribunales, como usted sabe, y ha salido absuelto siempre. El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas, que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política hace muchos años", llegó a decir.
"Será militante... no lo sé", respondería después cuestionado sobre si Camps continuaba dado de alta en el partido. Una respuesta que fue seguida de un silencio y una expresión de nerviosismo cuando se le preguntó si realmente ignoraba este punto.
No fue hasta pasadas las 18.00 horas de la tarde cuando desde el PP valenciano se informaba de que el Comité de Derechos y Garantías regional había acordado abrir un expediente informativo a Camps en una reunión mantenida el día antes. Quedaban pocas horas para que Ricardo Costa compareciese en la Audiencia.
La apertura de este tipo de expedientes por parte del órgano disciplinario del partido puede conllevar la adopción de medidas cautelares mientras se instruye. Una de estas es la suspensión temporal de militancia.
El propio Camps señaló este mismo miércoles que es militante del PP, y que aún sin carnet, seguirá militando en el partido.
Sobre Costa, según las mismas fuentes, pesa un expediente disciplinario desde febrero desde 2016. No es esta la primera medida que toma el PP respecto al que fuera número dos de los conservadores de la Comunitat.
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En enero de 2010, fue suspendido de militancia durante un año por arrogarse el cargo de secretario general cuando había sido cesado por orden de Génova. Fue la misma sanción que le correspondió a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, por criticar a Esperanza Aguirre en una entrevista que concedió a El País en plena batalla interna dentro de las filas conservadoras por el control de Caja Madrid.
El 3 de septiembre de ese mismo año, la dirección nacional del PP levantaba la sanción en ambos casos.
Por mucho que desde el Gobierno y la dirección nacional del Partido Popular se pretendan circunscribir las confesiones de los investigados en la rama valenciana de la Trama Gürtel dentro de la "estrategia de defensa" de quienes están pasando estos días por la Audiencia Nacional, escuchar a Ricardo Costa decir en sede judicial que el PP valenciano se financió "con dinero negro" por "encargo" de Francisco Camps supuso un nuevo mazazo para las filas conservadoras.