"Reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad". Palabra de Mariano Rajoy. Y bien reciente: es del pasado 26 de febrero, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la nación. El presidente del Gobierno respondía así a Carlos Salvador, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, quien a su vez le había demandado un "compromiso con Navarra y con España" ante una eventual moción de censura que pudiera desalojar a la presidenta foral, Yolanda Barcina, del poder. Pero lo cierto es que esa promesa de mantenimiento de la "foralidad" de la comunidad no se ha traducido jamás en la aprobación de una reforma constitucional que impida la anexión de Navarra a Euskadi. El PP no la ha presentado en esta legislatura ni cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Ni tampoco consta que lo planteara cuando estuvo en la oposición. Y UPN tampoco ha promovido tal cambio legal. Su justificación es que debe introducirse en el marco "de una reforma de la Carta Magna más amplia".
El viernes pasado, la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Pamplona para examinar las posibles irregularidades del Gobierno de Barcina dictaminó que hubo "injerencias" del Ejecutivo en la labor de la Hacienda navarra, y exigió la dimisión de la presidenta y de su número dos y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. De lo contrario, los grupos se sentían obligados a tomar las "medidas pertinentes" para acabar con la crítica situación de la comunidad. Barcina ya dijo que no se iría porque no iba a "seguir la hoja de ruta" de Bildu y añadió que quien lo hiciera –o sea, el Partido Socialista de Navarra (PSN), en caso de promover una moción de censura contra ella y aceptar los votos de los abertzales– debería "explicarlo".
Lo que quiere la izquierda abertzale, según la lectura de UPN, es "hacerse con el poder en Navarra" para anexionarla a Euskadi. Y por eso los regionalistas llevan alzando desde 1979, porque es la razón de ser de su nacimiento, la bandera de la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución española de 1978, la que permite la eventual unión de País Vasco y Navarra. "Forma parte de nuestra esencia", reconoce Sergio Sayas, secretario de Organización y Comunicación de UPN a este diario. Y un compromiso que adquirió Rajoy en la campaña de las generales de 2011 ante Barcina. Pero no ha habido hasta ahora traducción práctica 35 años después de aprobada la Carta Magna.
El textual de 1978 y del Amejoramiento del Fuero de 1982
¿Qué dice la disposición transitoria cuarta? Que para poder incorporarse al País Vasco, el Parlamento foral debe aprobarlo por mayoría y ha de ratificarse por referéndum. No hace falta nada más. Ni siquiera una autorización de las Cortes Generales. No tendría que pasar por Madrid. En la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), de 1982, se dice en su disposición adicional segunda que la Cámara tiene la potestad para promover la anexión a Euskadi y también para ejercer la iniciativa para la "separación" de Navarra respecto del País Vasco, en caso de ya se hubieran unido.
UPN ha pedido en infinidad de ocasiones la supresión de esa previsión constitucional. Y ha argumentado que, precisamente por esa disposición, Navarra "es la única comunidad que está cuestionada, pese a ser una de las más históricas". "Es el momento de reconocer que Navarra es una de las comunidades claves de España y que no tiene que estar cuestionado su futuro con una posible integración a alquien con el que nunca estuvo unido a lo largo de la historia y nunca tuvo ningun instrumento político al respecto", dijo la propia Barcina en enero de 2012, acompañando su reflexión con una petición: que la transitoria cuarta "desaparezca ya".
Más aún, Rajoy, cuando protagonizó su mitin de campaña de las generales de noviembre de 2011 en Pamplona le ofreció a Barcina el compromiso de derogar la transitoria, siempre y cuando hubiera "reforma constitucional". "Hay que cerrar de una vez por todas esa puerta entreabierta a la absorción de Navarra por Euskadi", clamó ante sus militantes. "La hemos rechazado porque no tiene justificación alguna. No la tiene porque Navarra no es transitoria, sino para siempre, y está orgullosa de ser una pieza fundamental de España", añadió. Pero todas esas declaraciones grandilocuentes se han quedado en eso, en declaraciones. Por cierto que esa promesa no figura en el programa del PP.
No a la "modificación del estatus jurídico de Navarra"
En esa campaña el partido de Mariano Rajoy volvió a reconciliarse con los regionalistas tras su ruptura de 2008. Una quiebra que puso fin a 17 años de alianza, gracias a la cual la marca del PP en la comunidad era UPN. A pesar de esa entente en las generales, las cosas nunca volvieron a su sitio: PP y UPN se presentaron por separado en las autonómicas de 2011 y el diputado foralista en el Congreso no está integrado en el Grupo Popular, sino en el Mixto.
Con Rajoy en el poder, no ha habido ninguna iniciativa de reforma constitucional. Ni tampoco UPN la ha demandado, ni en el Congreso ni a través de una proposición remitida a Madrid desde el Parlamento de Pamplona. De hecho, la propuesta de resolución del debate de la nación planteada por los regionalistas y aceptada por el PP no habla específicamente de la transitoria cuarta. Es un collage donde se pide al Gobierno y a las fuerzas políticas a trabajar para lograr "el final del terrorismo y la derrota política y social" de ETA y para evitar la "modificación del estatus jurídico de Navarra como paso previo a la fractura de España". No se menciona la transitoria cuarta. Pero este tipo de resoluciones carecen de carácter vinculante para el Ejecutivo. Son meramente políticas.
Sergio Sayas, secretario de Organización de UPN, alega que su partido defiende y defenderá la anulación de ese precepto de la Carta Magna, pero no de forma aislada, sino siempre que se aborde una reforma "más amplia" de la Constitución. "Si se va a tocar para otros asuntos, entonces lo pediremos", afirma. Fuentes de la formación explican que debe existir un "consenso" en torno a una modificación de la Ley Fundamental, porque el cambio del Título VIII, el que habla de la estructura del Estado, y de las "disposiciones obsoletas" requiere sosiego y acuerdo. Por tanto, UPN considera que hoy por hoy no se dan las condiciones ni hay urgencia.
Tampoco hubo enmiendas en 1993
El dilema del PSOE navarro: 'desaparecer' o enfrentarse a Ferraz
En 2011, PP y PSOE promovieron una reforma exprés de la Constitución para incluir el principio de equilibrio presupuestario, para lo que tocaron el artículo 135. Aunque ninguno de los dos grandes estaba dispuesto a abrir el melón, otros grupos sí presentaron enmiendas para recoger cambios en la Ley Electoral o abolir la monarquía. UPN no presentó ninguna. En la tribuna, el diputado Carlos Salvador sí volvió a mostrar su "oposición" a la transitoria cuarta, y subrayó que su partido mantenía "viva la reivindicación de su supresión". "Pero hoy entendemos la urgencia, la gravedad y el momento histórico singular que nos obligan a apoyar esta reforma con responsabilidad", argumentó.
Sayas reconoce que su partido no presentó antes una proposición de reforma de la Constitución en el Parlamento foral, porque "al ser una cuestión relativa a la Carta Magna", debiera hacerse en el Congreso, si bien las comunidades autónomas sí tienen la potestad de enviar textos de este tipo a las Cortes. El caso es que tampoco lo ha hecho en la Cámara baja. No, desde luego, en esta legislatura. Y si uno echa un vistazo a las anteriores consultando el archivo parlamentario, tampoco se localiza una iniciativa de derogación de la transitoria cuarta desde 1978. En la anterior modificación constitucional, en 1993, la que permitió el sufragio pasivo de los extranjeros en las municipales, no se registró ninguna enmienda. Para poder proponer un cambio en la Carta Magna, según el artículo 146.1 del Reglamento del Congreso, hace falta que lo promuevan dos grupos o una quinta parte de los diputados. UPN tiene ahora un solo diputado. Pero el PP tiene mayoría absolutísima: 185 escaños.
Distintas son las mociones, proposiciones no de ley, preguntas al Gobierno o debates en el Parlamento foral o en el Congreso sobre la transitoria cuarta. Los ha habido, lógicamente, pero eso no se traduce en ningún cambio de la Constitución.
"Reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad". Palabra de Mariano Rajoy. Y bien reciente: es del pasado 26 de febrero, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la nación. El presidente del Gobierno respondía así a Carlos Salvador, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, quien a su vez le había demandado un "compromiso con Navarra y con España" ante una eventual moción de censura que pudiera desalojar a la presidenta foral, Yolanda Barcina, del poder. Pero lo cierto es que esa promesa de mantenimiento de la "foralidad" de la comunidad no se ha traducido jamás en la aprobación de una reforma constitucional que impida la anexión de Navarra a Euskadi. El PP no la ha presentado en esta legislatura ni cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Ni tampoco consta que lo planteara cuando estuvo en la oposición. Y UPN tampoco ha promovido tal cambio legal. Su justificación es que debe introducirse en el marco "de una reforma de la Carta Magna más amplia".