La excepcionalidad de la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anclado desde hace tres años y medio en una situación de interinidad por el bloqueo del Partido Popular, ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) para sustituir a los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, frente a la regla consolidada de que el recambio se produzca en bloque. Con la normativa actual, se había suscitado un debate jurídico sobre si el Ejecutivo podía o no renovar estos cargos si antes el CGPJ no cubría las vacantes de su cupo.
El Congreso ha avalado este jueves esa propuesta, registrada por el PSOE el pasado mes de junio, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con 187 votos a favor, 152 votos en contra y 7 abstenciones. La modificación ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. Los conservadores habían exigido que el PSOE retirase esta reforma a cambio de sentarse a negociar la renovación del CGPJ, una condición que los socialistas no han aceptado.
Según ha trasladado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, le avisó en su reunión del pasado lunes de que su formación no se iba a sentar "nunca más" a negociar con el Gobierno la renovación. El actual CGPJ se conformó en diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba una holgada mayoría absoluta, lo que se tradujo en once miembros propuestos por los populares, por los siete del PSOE, uno de IU y otro del PNV.
Bolaños ha lamentado que los populares ya van por la "enésima excusa" y que "un día podremos hacer las páginas amarillas" con las "diferentes y variadas, todas peregrinas, excusas del PP para no cumplir una obligación constitucional". El PP se escuda en que la reforma aprobada este jueves ha sido pactada, entre otros, con ERC, pero Bolaños recuerda que "con quienes estaba pactada era con el PP, con la anterior dirección": "Son unas joyitas y estas joyitas quieren gobernar España", ha dicho el ministro de la Presidencia en referencia al PP.
Primera excusa: la supuesta filtración de Dolores Delgado
No es la primera vez que el PP utiliza alguna excusa para evitar renovar un CGJ cuya composición le beneficia. El anterior líder del PP, Pablo Casado, hizo un amago de renovarlo después de llegar a la presidencia del partido, en el verano de 2018. “La razón por la cual ese primer intento de negociación no se llevó a buen término”, aseguró Casado, “es que la ministra de Justicia [Dolores Delgado] filtró el nombre del que iba a ser propuesto para presidente del Tribunal Supremo antes incluso de que estuvieran nombrados los vocales”. Aquello, según el anterior líder del PP, supuso “una auténtica injerencia en la libertad que tenía el Parlamento de nombrar a los vocales y de los vocales [a la hora] de nombrar a su presidente. Eso hizo que saltara por los aires la negociación”, sostiene.
En realidad lo que provocó la ruptura, en noviembre de 2018, fue la decisión del juez Manuel Marchena de renunciar a la presidencia del CGPJ cuando se conocieron las maniobras del PP para controlar este órgano través de los mensajes de WhatsApp de su entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó. El paso atrás de Marchena, incómodo con unos mensajes que le situaban en la órbita del PP, desbarató la renovación del Consejo cuando la negociación ya estaba cerrada y había una lista de nombres que se iban a votar en el Congreso. Prueba de ello es que el PP no rompió las negociaciones cuando se supo que Marchena iba a presidir el Consejo, el 12 de noviembre, sino ocho días después, una vez que el magistrado ya había renunciado al puesto a la vista de los mensajes comprometedores de Cosidó.
Segunda excusa: las críticas de Podemos
El segundo intento tuvo lugar en verano de 2020 y, según Casado, antes de esa fecha “nadie preguntó por la renovación de los órganos constitucionales porque en funciones [como estuvo el Gobierno casi todo 2019] y en estado de alarma no se pueden renovar”. Tampoco es del todo verdad. El entonces líder del PP se ofreció en enero de 2020, en una entrevista en televisión, a negociar la renovación a cambio de una “despolitización” de la justicia en general que entre otras cosas impidiese que en el futuro la Fiscalía General del Estado pudiese ser ocupada por alguien que haya ejercido responsabilidades políticas en los cuatro años anteriores a su nombramiento.
“¿Y qué pasó?”. En palabras de Casado: “Que Podemos se descolgó con una declaración no sólo contra el jefe del Estado sino contra el Poder Judicial diciendo que tenía que estar al servicio del Gobierno del cambio. En realidad aquella negociación se frustró cuando aún estaba en una primera fase por decisión del PP con la excusa de que el entonces líder de Podemos y vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, había defendido la apertura de un debate público sobre la abolición de la monarquía coincidiendo con la decisión del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de abandonar España.
Tercera excusa: los vetos a Rosell y de Prada
El tercer intento llegó en marzo de 2021. Según Casado, el Gobierno volvió “a aceptar las cuatro premisas” del verano de 2020” y sobre la quinta, la reforma de la ley, “dijeron que hacían una subcomisión para estudiarla”. “¿Y por qué saltó la negociación? Porque propusieron a un juez que quería entrar por el turno de juristas, incumpliendo una de las condiciones, y a una jueza política en ejercicio incumpliendo otra condición”, en sus palabras.
De nuevo, fue el PP el que bloqueó aquel intento vetando esos dos nombres, mientras que el PSOE no puso impedimentos a ninguno de los que planteó el principal partido de la oposición. Pero lo cierto es que la negativa de Casado no tenía base legal: nada más allá del veto del PP, impedía que la juez Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fuera nombrada vocal. Como tampoco que el magistrado José Ricardo de Prada fuera nombrado por el turno de juristas porque, como establece el artículo 122.3 de la Constitución, tiene la condición de “jurista de reconocido prestigio”.
Cuarta excusa: los indultos a los presos del procés
Casado puso una serie de condiciones para sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ y que después pasaron a la historia: incluir en el Código Penal un artículo que tipifique el delito de convocatoria de referéndum ilegales, prohibir los indultos por sedición o rebelión y endurecer las penas por sedición. En mayo del pasado año el entonces líder del PP asoció la renovación del CGPJ a que no se produjeran los indultos a los líderes independentistas.
Bolaños dice que Pons le avisó el lunes de que "nunca más" se sentarán a negociar el Poder Judicial
El Gobierno, a través de su entonces portavoz, María Jesús Montero, aseguró que se trataba de "un chantaje" y que el PP trataba de "condicionar la renovación en base a la actualidad". "Hoy es una cosa y mañana será otra, pero la realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren y es exigible que el principal partido de la oposición cumpla la ley", lamentó la ministra de Hacienda.
Quinta excusa: Bruselas exige la despolitización del CGPJ
La elección de ocho de los 20 miembros del Consejo fue fijada en su día en el artículo 122.3 de la Constitución, que atribuyó esa facultad al Congreso y el Senado. Lo que busca el PP es que sólo los jueces elijan a los doce miembros restantes del CGPJ sin participación alguna del legislativo. Quiere poner fin a la norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PP y del PSOE, según la cual Congreso y Senado deciden esos puestos, aunque no libremente: deben elegir a partir de una lista de medio centenar de nombres propuestos directamente por jueces y magistrados.
En contra de lo que el PP sostiene, el modelo actual no compromete la independencia del Poder Judicial ni es una exigencia de Bruselas. Lo que la Carta Magna consagra es “la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia”, mientras que lo que demanda la Comisión Europea, a través de la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, la checa Věra Jourová, es que el Consejo General del Poder Judicial se renueve cuanto antes.
La excepcionalidad de la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anclado desde hace tres años y medio en una situación de interinidad por el bloqueo del Partido Popular, ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) para sustituir a los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, frente a la regla consolidada de que el recambio se produzca en bloque. Con la normativa actual, se había suscitado un debate jurídico sobre si el Ejecutivo podía o no renovar estos cargos si antes el CGPJ no cubría las vacantes de su cupo.