La ofensiva del PP contra una posible ley de amnistía prosigue. Con todos sus cañones. Génova 13 se ha agarrado a este tema como oposición in pectore, con la idea de desgastar a Pedro Sánchez e intentar torpedear la futura investidura. Y, además, ha decidido utilizar las dos instituciones que controla ya a nivel estatal tras el 28M y el 23J: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Senado.
La FEMP es una institución que se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por evitar las luchas partidistas y evitar posicionarse en los temas de confrontación, siempre intentando tender puentes entre los alcaldes para ir a una en sus reivindicaciones y centrarse en los asuntos que tienen en común los 8.131 municipios en España.
Pero este clima se ha roto estrepitosamente desde que asumiera el cargo de presidenta de la FEMP la popular María José García-Pelayo. Los populares lograron hacerse con el control gracias a un pacto con Vox y en apenas unos días se ha quebrado el espíritu de “unidad” que proclamó la alcaldesa de Jerez en la sesión plenaria, según fuentes de la institución.
Pelayo quiere un debate en la FEMP
García-Pelayo ha puesto en el centro de sus declaraciones públicas esa posible ley de amnistía, provocando el malestar de los representantes del PSOE. La idea que tiene la alcaldesa de Jerez es que haya un debate dentro de la propia FEMP sobre esta hipotética medida de gracia que negocian los socialistas con sus socios para la investidura.
La dirigente popular ha sido muy dura estos días en los medios contra el presidente del Gobierno en funciones: “A cambio de tener un sillón en Moncloa va a entregar la amnistía a personas que se saltaron la ley”. Lo hace en la línea abierta por el PP-A, que quiere elevar el tono con este asunto. El esquema se reproduce a través de debates en el Parlamento regional. Juanma Moreno no dudó en ir a Barcelona para estar junto a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en la marcha convocada por Societat Civil Catalana el pasado domingo.
García-Pelayo, según ha manifestado, quiere que desde la FEMP se denuncie el “mensaje de discriminación” entre administraciones que supondría esa amnistía. Su argumento es que esto responde a las “preocupaciones” de los ayuntamientos, que están acogiendo debates (impulsados por el PP) sobre esta posible ley. Y también enarbola la bandera de que un pacto entre el PSOE y los independentistas puede llevar a una “financiación a la carta de Cataluña”.
El PSOE quiere frenar las intenciones del PP
El malestar es máximo en las filas socialistas por los derroteros de la FEMP en estos momentos. Para el PSOE, "en tres semanas de mandato, García-Pelayo está echando por la borda la esencia histórica y los valores de acuerdo y de diálogo que siempre ha tenido la Federación Española de Municipios y Provincias”.
Los socialistas, según fuentes del partido, ven claro que se trata de una operación orquestada desde Génova 13 para utilizar esta institución, dominada por una persona de confianza de Juanma Moreno, al servicio de Alberto Núñez Feijóo. El PSOE lamenta la actitud de la alcaldesa de Jerez con el “objetivo de enmarañar el debate público y beneficiar la campaña de confrontación de su partido”.
Desde el PSOE, a través de la vicepresidenta primera y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se está intentado reconducir la situación y se le ha ofrecido al PP sentarse para acordar una hoja de ruta “consensuada”, pero el Partido Popular no está por la labor en estos momentos.
El PP se mueve en el Senado con la Comisión General de CCAA
Y en ese intento del PP de monopolizar, a través de las instituciones que controla, la actualidad política con la amnistía se dará un paso más este jueves en el Senado, donde se ha convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Los populares han forzado esta cita gracias a su mayoría absoluta en la Mesa y su idea es que los presidentes autonómicos se pronuncien ese día sobre una posible ley de amnistía.
Los socialistas están decididos a no hacerle el juego al PP. Los tres presidentes autonómicos del PSOE -Adrián Barbón (Asturias), María Chivite (Navarra) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha)- han planeado no acudir a la Cámara Alta (no es obligatoria su presencia) para rebaja el debate. Los populares querían poner especialmente el punto de mira en Page, pero él no se trasladará a Madrid porque hay pleno en las Cortes autonómicas, según subrayan fuentes cercanas al socialista.
Por lo tanto, el jueves se convertirá de facto en un acto de los populares porque sólo acudirán los presidentes autonómicos azules (Iñigo Urkullu y Pere Aragonès tampoco tienen previsto asistir). El Gobierno central tiene también la posibilidad de enviar a un representante, pero hasta el momento no ha desvelado si puede aparecer algún ministro (normalmente suele ser la persona encargada de Política Territorial, que ahora está en manos de Isabel Rodríguez).
Ya el PP forzó la semana pasada una votación sobre una moción para censurar una posible amnistía, que salió adelante gracias a la mayoría absoluta popular pero que no logró quebrar la unidad del PSOE. Los socialistas en la Cámara Alta han criticado tanto ese movimiento como la celebración de la Comisión General: "Conocimos que se convocaba la Mesa por el señor Feijóo, y así ha sido. El señor Feijóo actúa como presidente 'de facto' del Senado, está convirtiendo la Cámara Alta en un despacho anexo de Génova", denunció la portavoz, Eva Granados.
Santi Vila, exconseller catalán: "Si no se renuncia a la vía unilateral, va a ser muy difícil justificar la amnistía"
Los de Pedro Sánchez llevan días lanzando ese mensaje: "El Senado debe servir para reforzar la cooperación, para unir a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. El Senado no puede utilizarse para fines espurios buscando conflicto y división, como está intentado el PP. Y ya les digo que no lo va a conseguir". En la dirección del partido denuncian que el PP está utilizando a las instituciones cuando se ha dedicado "injustamente" a criticar que Sánchez ha hecho esto durante cuatro años.
Los presidentes autonómicos se han convertido en la principal columna del PP para hacer oposición a lo largo y ancho de España después de la inmensa conquista institucional tras el 28M. No sólo a través de declaraciones y votaciones en sus parlamentos, sino que también tienen intención de abrir la vía judicial (como hará también la propia Génova 13). El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López-Miras, ha sido el primero en anunciar que irá al Tribunal Constitucional contra la posible ley de amnistía “al minuto siguiente de ser aprobada”.
Los populares asimismo llevan semanas haciendo votar mociones en ayuntamientos, en diputaciones y en cabildos contra la amnistía con la intención de poner contra las cuerdas y dividir a los socialistas. Pero los cargos del PSOE se han mostrado como un bloque férreo y no se han unido a los populares. De hecho, muchos confiesan que este tipo de acciones de los populares les unen mucho más.
La ofensiva del PP contra una posible ley de amnistía prosigue. Con todos sus cañones. Génova 13 se ha agarrado a este tema como oposición in pectore, con la idea de desgastar a Pedro Sánchez e intentar torpedear la futura investidura. Y, además, ha decidido utilizar las dos instituciones que controla ya a nivel estatal tras el 28M y el 23J: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Senado.