Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez son tres de los nombres del terremoto político que ha sacudido a la derecha durante esta última semana. El pasado miércoles firmaron con sus otros tres compañeros de Ciudadanos en la Región de Murcia una moción de censura, junto al PSOE, para apartar al conservador Fernando López Miras del Gobierno autonómico. Sin embargo, 48 horas después, los tres llegaron a acuerdo con el PP para hacer lo contrario y se aseguraron un puesto en el Ejecutivo. En palabras de la propia Franco, firmaron inicialmente por "lealtad y disciplina" de partido, pero cambiaron de opinión a las pocas "horas" al ver que los socialistas y los naranjas se "estaban repartiendo sillones muy lejos de aquí". Horas más tarde, la formación liderada por Inés Arrimadas los expulsaba. Ríos de tintas empezaron a correr desde el viernes a mediodía con un debate en boca de todos: ¿son tránsfugas o no?
Según el Pacto por la estabilidad institucional. Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas [consultar aquí íntegro], conocido popularmente como el Pacto Antitransfugismo, se considera tránsfuga a "la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". Es decir, Franco, Miguélez y Álvarez son tránsfugas ya que se han separado de la disciplina de Ciudadanos y han sido expulsados de la formación naranja. Este acuerdo estipula además que si "surgiesen dudas" sobre si una persona es tránsfuga o no, será su formación "quién aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas".
Definición de tránsfuga en la actualización de noviembre de 2020 del pacto antitransfugismo.
Este pacto no es, ni mucho menos, algo reciente. Se firmó el 7 de julio de 1998. Es decir, hace 23 años cuando el PP, capitaneado por José María Aznar, gobernaba España con el apoyo de CIU, PNV y Coalición Canaria y con Mariano Rajoy ocupando la cartera de Administraciones Públicas y uno de sus impulsores. Este acuerdo antitransfugismo nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno, como lo ocurrido esta semana en Murcia. Asimismo también es una consecuencia directa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.
Posteriormente, el pacto fue renovado el 26 de septiembre de 2000, el 23 de mayo de 2006 y ampliado el 11 de noviembre de 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico. La extensión de este acuerdo hace cuatro meses incluyó una novedad: el compromiso de todos los partidos de reforzar "el criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular". Esta actualización también fue firmada por el PP.
Los estatutos nacionales del PP
Pero el caso de Franco, Miguélez y Álvarez no solo infringe el pacto de antitransfugismo. El PP también recoge la figura del tránsfuga en unos estatutos nacionales que fueron actualizados en el 18º Congreso de la formación celebrado en febrero de 2017 en el que Pablo Casado ya era vicesecretario de Comunicación. En concreto, en las 126 páginas que componen las normas internas de la formación conservadora, se hace dos menciones a los tránsfugas.
En el artículo 16, sobre infracciones muy graves, apartado 2, se indica: "También cometen infracción muy grave: quienes perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas".
Artículo 16 de los estatutos nacionales del PP.
Y en el artículo 52, sobre el régimen de los comités electorales, en el apartado 7 referente a "la elaboración de las candidaturas de los diferentes procesos electorales los Comités tendrán en cuenta" que "el mérito, la capacidad, la valoración de la actividad realizada, su vinculación con el Partido y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los Estatutos en el caso de haber desempeñado ya responsabilidad institucional con anterioridad, exceptuándose, en todo caso, a aquellos que hayan sido declarados tránsfugas".
Artículo 52 de los estatutos nacionales del PP.
Es decir, según los propios estatutos del PP, la formación murciana no puede utilizar a Franco, Miguélez y Álvarez, al ser tránsfugas, para constituir una mayoría de gobierno como sucederá cuando se vote la moción de censura presentada por Ciudadanos y el PSOE. Asimismo, tampoco podrán formar parte de sus futuras listas electorales.
El reglamento regional de organización política
El PP de Murcia, además, también asume como propios los estatutos nacionales de la formación. Adicionalmente, en su reglamento de organización política, aprobado en el 16º Congreso autonómico celebrado el 1 de abril de 2017, recoge los mismos dos artículos, el 16 y el 52, citados con anterioridad. Es decir, que ser tránsfuga supone una infracción muy grave y que no pueden formar parte de las candidaturas del PP en un proceso electoral.
Artículo 16 del reglamento de organización política del PP de Murcia.
Artículo 52 del reglamento de organización política del PP de Murcia
El fracaso del pacto antitransfuguismo: diez años de veintitrés paralizado por las espantadas del PP
Las palabras de Casado en 2019
Así, el caso de Franco, Miguélez y Álvarez incumple el pacto antitranfugismo, el estatuto nacional del PP y el reglamento de organización de la formación en Murcia, y también las palabras del propio Pablo Casado. En concreto, lo que dijo el 2 de mayo de 2019, siendo ya presidente del partido, tras la marcha de Ángel Garrido a Ciudadanos en plena campaña electoral de las autonómicas, tras haber sido presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes y consejero con el PP.
"Creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetara la sociedad española y los medios de comunicación y los partidos políticos y alentar que miembros de otros partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tuyo da buena medida de la regeneración falsa que ha intentado enarbolar Ciudadanos", aseguró Casado acompañado por Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP incluso compartió estas palabras en una publicación en su cuenta personal de Twitter en el que apuntaba que "alentar el transfuguismo en campaña electoral mientras hablan de regeneración da buena medida de la falsedad y de la mala situación de captación de talento que tiene Cs en su partido".
Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez son tres de los nombres del terremoto político que ha sacudido a la derecha durante esta última semana. El pasado miércoles firmaron con sus otros tres compañeros de Ciudadanos en la Región de Murcia una moción de censura, junto al PSOE, para apartar al conservador Fernando López Miras del Gobierno autonómico. Sin embargo, 48 horas después, los tres llegaron a acuerdo con el PP para hacer lo contrario y se aseguraron un puesto en el Ejecutivo. En palabras de la propia Franco, firmaron inicialmente por "lealtad y disciplina" de partido, pero cambiaron de opinión a las pocas "horas" al ver que los socialistas y los naranjas se "estaban repartiendo sillones muy lejos de aquí". Horas más tarde, la formación liderada por Inés Arrimadas los expulsaba. Ríos de tintas empezaron a correr desde el viernes a mediodía con un debate en boca de todos: ¿son tránsfugas o no?