Por primera vez en la legislatura se encendieron las 89 luces verdes de Les Corts. Fue la imagen de la unanimidad máxima entre el Partido Popular y la oposición. Un consenso para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de creación de una nueva radiotelevisión pública valenciana (RTVV), medida que cuenta con 90.000 firmas, casi el doble de las 50.000 que exige la ley para su debate parlamentario. Pero solo fue eso: una coincidencia en el color de la bombilla. El resto fue un debate de ásperos reproches y desprecios personales. El aplauso final ya reveló la diferencia. La imagen de la oposición, de pie y en sonora ovación, contrastó con el fofo movimiento de manos de los diputados populares hundidos en sus escaños.
De hecho, no fue el día del PP valenciano. A mitad del pleno trascendió que la Fiscalía se querellaba en contra del expresident Francisco Camps por las irregularidades en el contrato de la Fórmula 1. “No nos acostumbremos al escándalo”, recomendó Josep Moreno, diputado del PSPV-PSOE, quien acusó al PP de estar “instalado en el rincón de robar” y de no pisar la calle “por miedo”. Y recordó entonces la escatológica experiencia de Camps en el club de tenis de Valencia cuando uno de los socios introdujo un excremento en la taquilla del Molt Honorable. “Le dejaron una cosa, de clase media alta, pero una cosa”, ironizó Moreno.
No fue la única arremetida. Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida, describió el cierre RTVV como “una decisión personal, autoritaria y antieconómica” del actual jefe del Consell, Alberto Fabra, ausente en la sesión. En noviembre de 2013, después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano declarara nulo el ERE que dejaba en la calle a 1.000 trabajadores, Fabra anunció el cierre del canal público. “Fue un pronto que nos fundió a negro”, lamentó Blanco. Y auguró hacia la bancada popular: “y negro será su futuro”. Un argumento coincidente con el de Moreno, quien bajo la bata de psiquiatra diagnosticó el comportamiento de Fabra como “florida ideación delirante de tipo megalómano”. Y sentenció: “nos gobierna el 'pequeño Nicolás' de las autonomías”.
En ese momento, el Partido Popular era ya un sparring sin demasiado fuelle. Su portavoz parlamentario, Jorge Bellver, buscaba aire entre la semántica. “Dicen que quieren reabrir Canal 9 y nosotros queremos un nuevo Canal 9”, retorció el concepto de sinónimo. Y acto seguido se recreó en la prosa de la ILP, que reivindica una televisión “plural, en valenciano y objetiva”. “Suena bien, son palabras que deberían llevarnos al consenso”, atajó Bellver y añadió: “pero tal y como están las cosas no va ser posible”. Un exceso de significantes y significados para colmar el reloj y el vacío. De hecho, una vez tramitada la ILP, el Consell dispone de seis meses para presentar en Les Corts un proyecto de ley. Un tiempo que juega a favor del PP, ya que a mediados de febrero se disolverá el parlamento autonómico y se convocarán elecciones en mayo. Bellver llenaba así el hueco de sus intervenciones sabiendo que la futura normativa de RTVV no llegaría viva a esta legislatura. “Es demasiado tarde para evitar la nostalgia, pero no para evitar la confianza”, concluyó su ofrenda a la paradoja y el pleonasmo.
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La oposición, sin embargo, se decantó por la hipérbole. Es decir, el relato, a lo Bryce Echenique, de la exagerada vida de RTVV, con una hinchazón de 1.600 trabajadores y 1.300 millones de deuda en las semanas previas al cierre. Y una caída del 22 al 5% en la audiencia en los últimos años. Un cadáver de muchas corrupciones que saturan los juzgados valencianos, como el caso de abusos sexuales a trabajadoras por parte de Vicente Sanz, exsecretario general del ente, o el escándalo de las contrataciones irregulares y multimillonarias, fuera de presupuesto, para beneficiar a clubes de fútbol o productoras amigas. Por ejemplo, el director general que promovió los despidos, José López Jaraba, compró tres documentales de temática ultra por 0,5 millones a Triskel Audiovisual, productora de Fernando Lázaro Quintela, para quien trabajó López Jaraba al poco de cesar en Canal 9.
Un grumo de connivencias y sospechosas coincidencias que llevó a Pedro García de jefe de Prensa de Camps a director general de RTVV y a Lola Johnson de directora de Canal 9 a consejera de Cultura con Camps. Y después a Nuria Romeral de jefa de gabinete de Camps a directora de la radio pública. Unas rotaciones que han hecho confluir a García, Johnson y Romeral en los tribunales como imputados por la quiebra del ente público bajo los epígrafes penales de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. Todo ello adornado con el gran colofón de la pieza de la Gürtel que investiga el desvío de 3,4 millones de Canal 9 a la red Correa con la excusa de instalar medio centenar de pantallas gigantes durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.
Demasiadas muertes para un solo cadáver. De ahí la voluntad de nacimiento y reparación expresada por Josep Moreno: “Canal 9 será posible cuando los ladrones que la saquearon estén donde deben estar: en prisión”.
Por primera vez en la legislatura se encendieron las 89 luces verdes de Les Corts. Fue la imagen de la unanimidad máxima entre el Partido Popular y la oposición. Un consenso para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de creación de una nueva radiotelevisión pública valenciana (RTVV), medida que cuenta con 90.000 firmas, casi el doble de las 50.000 que exige la ley para su debate parlamentario. Pero solo fue eso: una coincidencia en el color de la bombilla. El resto fue un debate de ásperos reproches y desprecios personales. El aplauso final ya reveló la diferencia. La imagen de la oposición, de pie y en sonora ovación, contrastó con el fofo movimiento de manos de los diputados populares hundidos en sus escaños.